La relevancia de la ley de empleo público en la reforma del Estado

El fiasco de la ley de empleo público demuestra, una vez más, la falta de liderazgo del Presidente Solís y su actitud persistentemente pro sindical, aún en temas de particular interés nacional. Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto de las remuneraciones y sus pluses en el déficit fiscal y en la eficiencia del sistema de administración pública. Para buscar claridad, parece conveniente preguntarse cuál es en realidad la naturaleza del problema estatal costarricense, lo cual nos debería llevar a los correctivos estructurales para movilizar los recursos públicos, en su totalidad, no en beneficio del interés particular y minoritario del sindicalismo público, cuya afiliación no llega al 9% de la fuerza laboral, sino de toda la población, con especial referencia al crecimiento, la pobreza y la desigualdad.

Dilucidar la visión cuantitativa de los recursos es simple. El Gobierno Central tiene un presupuesto que llega apenas a 8,9 billones y conforma algo cercano a un tercio del presupuesto conjunto con las instituciones autónomas. Sin embargo, si se incluyen a las empresas públicas, incluidas las financieras, los recursos del Gobierno Central son una pequeña fracción de los recursos totales del Estado, que en el 2015 fueron 22 billones de colones, equivalentes al 77% del PIB nacional.

Por otra parte, la problemática nacional cruza a la totalidad del Estado, en esos tres componentes (gobierno central, descentralizadas y empresas públicas), y la administración municipal. Los problemas del Gobierno Central son noticia mediática rutinaria y tienen símbolos de ineficiencia tan visibles como la Platina, la Trocha y la carretera a San Carlos. En general, el Gobierno no solo adolece de dirección y capacidad ejecutiva, sino que se ha vuelto, en su tramitología, un obstáculo permanente a toda iniciativa de desarrollo.

Las instituciones autónomas no están exentas de problemas: la CCSS sigue en permanente crisis financiera y deficitaria en sus coberturas y respuesta de calidad a los requerimientos de atención médica de la ciudadanía; el ICE nos ofrece la energía más cara de la región y ha sido un factor de “exportación” de las oportunidades de empleo a países más competitivos; RECOPE tiene una jugosa planilla en refinación que no hace, ya por varios años. Además, los indignados ya han planteado un referendo para abrir el mercado; y, JAPDEVA ha dejado de trasladar fondos para el desarrollo del Caribe. Sobre las empresas públicas, seleccionamos algunos párrafos del último Informe Estado de la Nación, datos del 2015: Un sistema bancario eficiente se caracteriza por tener márgenes de intermediación bajos…Un margen de intermediación reducido fomenta el ahorro y la inversión, lo que a su vez incentiva la producción y la generación de empleo…Actualmente las tasas de interés en colones son altas, lo cual dificulta la inversión en proyectos por parte de las empresas y el consumo de las familias. En perspectiva internacional, el margen de intermediación en Costa Rica casi duplica el promedio de los principales bancos de referencia”.

En virtud de la naturaleza del problema, que cubre a la totalidad del Estado, la visión de la reforma debería tener la misma dimensión. Obviamente, las remuneraciones y los pluses también deberían racionalizarse en dimensión estatal. Así, la llamada ley de empleo público, asociada con el proyecto de ajuste fiscal, enterrado por el doble juego, en favor y en contra, del Presidente Solís, tendría un impacto importante, nada despreciable, estimado por la CGR en 1% del PIB en el sector descentralizado (unos $500 millones) y de 0,05% en el Gobierno Central. De haberse aprobado, por lo menos el efecto “bola de nieve” de las remuneraciones se habría aliviado bastante.

Todo lo cual apunta a la posición reiterativa de los editoriales de La Fragua, según la cual, la reforma que el país requiere debería tener dimensión estatal. Focalizarse en Gobierno Central o en reformas específicas, referidas a problemas o instituciones individuales, sería un despilfarro de recursos y de oportunidades de cambio. Debemos aspirar a movilizar, en beneficio del desarrollo y bienestar nacional, la totalidad de los recursos del Estado. Para ello, hemos venido argumentando que el Presidente de la República tiene la autoridad necesaria, originada en algunos recursos institucionales y constitucionales: el carácter unitario de nuestro Estado, que asigna la responsabilidad de conducción de la totalidad de las entidades públicas al Presidente; un pronunciamiento de la Sala IV que refuerza esa autoridad; el principio de rectoría, que deja la principal responsabilidad política institucional al Gobierno, en las figuras del Presidente y los ministros de cada ramo; y, la disposición constitucional del artículo 33, referido a igualdad y equidad (ver AQUÍ).

En este amplio contexto estatal, debería ser evidente, primero, que la racionalización de empleo público contribuye, pero no es la causa del déficit fiscal y de la ineficiencia pública, cuyos costos son extraordinarios. Estimaciones propias sugieren que ese costo podría ser superior a unos $8000 millones por año, cerca del 16% del PIB. Además, el proyecto que el Presidente enterró era insuficiente como medida correctiva nacional. Lo que el país necesita es una ley marco de gestión de personal, que establezca en forma integral la política pública en materia laboral, incluidas las remuneraciones y la pensiones, para toda institución estatal.

El costo de la ineficiencia pública es el resultado de una variedad de problemas públicos que el sistema político se ha resistido confrontar. Incluye, entre varios otros: el ejercicio de la autoridad presidencial para ejercer liderazgo sobre la totalidad del Estado, aunque es también cierto que esa autoridad se le viene cercenando desde el 49; la falta de sinergia entre los grandes componentes del Estado, que han hecho de la independencia relativa un fin en sí mismo; el sistema de gestión público, caracterizado por la carencia de Políticas de Estado como elementos de orientación de las metas nacionales y por una capacidad ejecutiva frágil o, inexistente; la imposibilidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas, dado el sistema de juntas y consejos directivos, que asigna importantes decisiones a grupos de interés especial, sin competencias institucionales; existencia de variados regímenes de gestión de personal, en el que reinan la improductividad y la impunidad; y, sistemas judicializados que privilegian los procesos interminables y onerosos, sobre los resultados. No profundizamos aquí en un problema de los más irritantes y trascendentes a nuestra democracia: la pérdida de confianza en la capacidad del sistema político para enfrentar los retos de la coyuntura histórica actual, que demanda reformas políticas importantes.

El tema salarial y los pluses o, incluso la función de las convenciones colectivas, es parte importante de la gestión del recurso humano en el Estado (no solo en el Gobierno Central), en el que laboran, sin control alguno, más de 300 mil funcionarios públicos, como lo son también la gestión global, gestión estratégica, planificación, logística, finanzas, etc. Por ello, las reformas requeridas requieren visión estatal, de tal manera que los problemas o ejes fundamentales que impiden que el Estado cumpla con su función central, focalizada en el bienestar de toda la población, permita la movilización de la totalidad de los vastos recursos públicos. Para ello, reiteramos, se cuenta con la autoridad y los instrumentos principales, que algunos gobernantes han rehuido emplear.