Agresiones contra la ética de servicio público

Es evidente que un amplio sector de la población ha tomado los recursos públicos por asalto. En forma reiterativa, los medios exponen situaciones en las que el interés corporativo o individual intenta sacar provecho de los recursos que todos los costarricenses aportamos para el funcionamiento del Estado. En teoría, esos recursos nos los devuelven en la forma de bienes y servicios que se entregan, con sentido solidario, para asegurar el bienestar de toda la población. En la práctica no ocurre así. El Estado se convirtió en una lucha por privilegios para beneficio de su burocracia interna, a la vez que es incapaz de producir los bienes y servicios, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y costo. Además, hoy se le reconoce, no como un facilitador del desarrollo, sino como su peor obstáculo. Y esto ocurre en el Gobierno Central y municipal, tanto como en las instituciones descentralizadas y empresas públicas. Los asaltos a la ética pública son rutina de todos los días, como podemos apreciar en estos ejemplos de reciente ocurrencia.

Jugosas cesantías ilegítimas: según un vespertino, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del congreso investiga el caso de 14 funcionarios que conformaban la División de Gobierno Digital que pasaron del ICE a RACSA, la segunda subsidiaria de la primera. Aunque no había cambio de patrono, al grupo se le pagó una jugosa cesantía. Ahora, meses después, el Departamento de Personal solicita a la Dirección Jurídica aclarar si tal pago debe ser reintegrado. El caso permanece sin resolverse, pero demuestra la ligereza en el manejo de los recursos públicos.

Diputados degradan las competencias para tener acceso a cargos directivos. Es clara evidencia de que los miembros del primer poder de la república, andan buscando “chamba” y no servir el interés nacional. Es un acto de mediocridad, para un congreso que ha sido mediocre a lo largo de toda la administración del período 2014-2018, porque, a las puertas del año electoral, no han aprobado un solo proyecto que responda a las difíciles circunstancias por las que atraviesa el país (crecimiento, empleo, ingresos, pobreza, desigualdad, etc.).

Más mediocridad imposible. Los diputados buscan incrementar el número de directivos del Banco Popular de 4 a 7 miembros. Y, para facilitar que los diputados puedan ocupar esos cargos, reducen los requisitos de desempeño, de tal manera que solo a dos miembros se les exija el grado de bachiller. Como diría nuestro inolvidable Beto Cañas, se nos metió la gradería de sol en la junta directiva del Banco Popular. La ética sufre el embate de los diputados, primero, cuando legislan para beneficio propio; segundo, cuando reducen las competencias en perjuicio de la eficiencia del servicio público; y, tercero, cuando intentan perpetuarse en la administración pública, no por méritos, en todo caso bajos, sino por la vía legislativa.

Sindicatos por sus derechos, pero no por sus obligaciones. El tema ha estado presente a lo largo de la Administración Solís Rivera, muy propensa a quedar bien con los sindicatos y es reiterativo como causa, o amenaza permanente de huelga. Los sindicatos, se oponen férreamente a que la calidad del trabajo, en especial en el sector educación, sea objeto de evaluación del desempeño. Esto produce la inmoralidad de acceder a las anualidades, que deberían ser otorgadas solo cuando se demuestre que hay excelencia del servicio público. Es posible que también haya ilegalidad, pero los sindicatos hace ratos prescindieron de la legalidad. Si no hay evaluación que demuestre la excelencia, tampoco debería haber anualidad. Sin embargo, en la administración pública las anualidades se otorgan a casi el 100% del personal.

¿Enemigos de la salud pública? Que juzgue el lector de estas líneas, sobre la información de dos ejemplos: uno, la defensa pública que hace el Presidente de la Unión Médica para justificar un sueldo médico de 20 millones de colones por mes (correcto, 20 millones por mes). Tales excesos se dan mientras la CCSS confronta una situación permanente de crisis financiera; y, dos, hay evidencia objetiva que demuestra que los Ebais de la CCSS, sindicalizados, cuestan el doble que los administrados por cooperativas (no sindicalizados). La implicación económica es importante, pero lo es más el hecho de que, sin sindicatos en la administración de salud pública, la cobertura de servicios de salud a la población se podría doblar con los mismos recursos actuales. La ineficiencia que produce el entorno sindicalizado los paga la población en términos de servicios onerosos, de baja calidad y baja cobertura. Sobra decir, que estas deficiencias se vierten con mayor dureza sobre la población de menores ingresos.

¿La banca pública en época de vacas gordas? La banca nacional se creó para que los recursos de todos los costarricenses se pusieran al servicio de todos los costarricenses (disculpas por la cacofonía). Pero ese objetivo se ha quedado en el pasado, producto de ineficiencias que hacen que su comportamiento emule al comercial. O, peor, que los niveles de ineficiencia se revierten negativamente sobre el crecimiento económico y las oportunidades de empleo e ingresos de la fuerza laboral. El Informe Estado de la Nación 2016 destaca que los costos de intermediación de la banca pública nacional doblan a los de la mayoría de los países, lo que encarece el crédito, esencial para el desarrollo. Pero, además, parece que la situación de crisis por la que atraviesa el país, no afecta a la banca pública. Los medios reportan escandalosos incrementos salariales para el trabajador bancario, mientras el resto de la fuerza laboral apenas logra mantener sus niveles de ingreso. El Gobierno ha mostrado su disgusto, pero adolece del carácter para imponer su autoridad constitucional para evitar abusos.

Sindicatos hincan al Presidente en materia de empleo público. El tema ha sido tratado con amplitud mediática, pero, en esencia, refleja la fuerza sindical (prevalencia del interés particular) frente a la debilidad del Gobierno (debilidad del interés nacional). En resumen, el Ejecutivo ha proyectado la imagen de convergencia con un proyecto fiscal, que incluiría la reducción de privilegios salariales que están agotando los recursos que el Estado necesita para el desarrollo nacional, mientras sus dos principales contactos en el congreso (diputados Mora y Morales) creaban las condiciones para el fracaso de la iniciativa. Una vez que se produce, el Presidente retira la iniciativa de la agenda legislativa por inviable. Los sindicatos han ganado la batalla, una vez más en la Administración Solis Rivera. Es posible que la totalidad del paquete fiscal haya sucumbido y que las condiciones para el crecimiento, empleo e ingresos empeoren. La calidad del servicio público y el interés de todos los costarricenses sufre un nuevo golpe.

¿Qué hacer? Quedan pocas opciones para que Costa Rica recupere la ética de servicio público, como punto de partida para recuperar el Estado Social de Derecho, que se cae a pedazos. Es posible que algo se puede hacer, con una mayor profesionalización de la gestión pública y con reformas legales puntuales. Pero el caso es que la cultura de “servir” ha sido sustituida por la cultura de “servirse” de los recursos de todos los costarricenses. El Estado se ha vuelto una fuente de privilegios diversos y, a su vez, un cascarón costoso que no aporta al bienestar de los costarricenses. Prevalece también un cinismo colectivo, más severo en el sector político, que asume estos comportamientos como normales. Se requiere una revolución de valores, pero a juzgar por la conducta de los sindicatos en el sector docente, es poco probable que la educación pueda constituirse en motor de dicha revolución. No vemos salida, pero al menos desearíamos que el cinismo desaparezca de nuestro medio y que el problema sea reconocido y objeto de discusión nacional.