¿Será el Presidente Solís el peor de los últimos 30 años?

Es lo que las encuestas nos vienen diciendo en forma reiterada. Sin embargo, otra encuesta de la semana pasada revela una importante mejoría de la imagen popular de la alicaída Administración Solís Rivera (ASR), posiblemente relacionada con la buena gestión de los efectos del Huracán Otto y con la leve reducción de la pobreza, sin importar que sus motores principales fueron el aumento en las transferencias y la ausencia de inflación, favorecida por factores externos. La Fragua reconoció la leve mejora, que se mantiene dentro de la tendencia de los últimos 30 años, con la breve excepción durante la Administración Arias Sánchez, cuando bajó 2.5 puntos porcentuales, luego barridos por la crisis mundial del 2008-2009. En todo caso, ambos acontecimientos parecen favorecer la imagen del Presidente Solís.

Todos festejaríamos el reconocimiento del Presidente Solís, si las razones estuvieran asociadas con una mejora de un país que más bien acumula problemas y se vuelve inmanejable. Pero todo parece ser flor de un día, que se desvanecerá muy pronto, porque la característica más visible del comportamiento presidencial, ha sido la reticencia a asumir el liderazgo que la posición requiere y la falta de firmeza en la toma de decisiones en temas de interés nacional. Se agrega a ello, la negativa a realizar el cambio ofrecido en campaña electoral, que seguimos esperando, y la ausencia de una estrategia nacional, simple, breve, de entendimiento popular, que oriente al país sobre el curso por el cual intenta llevarnos el Gobierno. El discurso de los 100 días sugirió que incluiría la reforma del agotado estado costarricense, para luego cambiar a una oposición contraria a esa reforma.

La exposición mediática de la buena gestión del desastre causado por el Huracán Otto se extingue gradualmente, mientras lo recupera la inseguridad y el débil crecimiento económico, que incluye la reforma fiscal y la ley de empleo público. La crisis fiscal viene ocupando la atención del público desde hace unos pocos meses, cuando aparentemente se dio un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, lugo saboteado por sus dos principales contactos en el Congreso. Creadas las condiciones para el fracaso de la ley de empleo público, condición para el incremento de impuestos, el Presidente Solís lo entierra, al anunciar su exclusión de la actual agenda legislativa, sucumbiendo así a las presiones sindicales y abandonando una de las más altas prioridades nacionales.

Esas iniciativas representaban beneficios para la fuerza laboral del país, aunque también conllevaba la suspensión de algunos de los onerosos privilegios salariales abusivos del sindicalismo público, una entidad minoritaria que, según el INEC, no llega al 9% de la fuerza laboral. Según declaraciones del Diputado Solís Fallas, fundador del PAC, coherente y honesto en sus posiciones, “los diputados más cercanos al gobierno, los que no mueven un dedo si Luis Guillermo no se lo ordena o se lo autoriza, estaban bajándole el piso ferozmente” al plan de empleo público, “Y terminó de confirmarlo cuando esos legisladores levantaron una carta con 22 firmas de diputados oponiéndose al proyecto, que le serviría a Zapote para alegar que el plan no tenía viabilidad política”. En suma, el Presidente decide abandonar el liderazgo que en apariencia había asumido, cede a la presión de una minoría sindical y cierra la posibilidad de llevar adelante el proyecto nacional de mayor urgencia, tras “toda una pantomima “hablando por debajo con los sindicatos” para impedir su aplicación”, según declaraciones del fundador del PAC.

Es el país el que pierde, cuando la ASR, que ganó las elecciones con una promesa de cambio luego abandonada, patea la bola para adelante y le deja el problema al próximo gobierno. El interés nacional en el proceso de desarrollo para beneficio de las mayorías, ha sido sacrificado en beneficio del interés particular de la minoría sindical pública. Además, conlleva un error de cálculo del “costo político”, que no se sustenta en el sentimiento nacional. La población está cansada de discurso social hipócrita del sindicalismo, seguido por acciones que perjudican a las mayorías más necesitadas del país.

Esta debilidad del Presidente, o su afinidad con el movimiento sindical público, no son hechos nuevos. Antes de asumir el poder y convertirse en “el patrono”, se manifestó en favor de la huelga de los docentes que se mantuvo hasta principios su administración. Más notable fue la muestra de simpatía por el movimiento Patria Justa, al cual pertenecen los miembros más radicales de su partido, su más cercano socio político el Frente Amplio y los principales sindicatos públicos. Ellos condujeron lo que llamaron la madre de todas las huelgas, para mostrar fuerza contra una variedad de proyectos de interés nacional, que consideraban perjudiciales a sus privilegios e intereses particulares. La huelga fue un fracaso rotundo, pero el Presidente aceptó otorgarle algunas concesiones para rescatar su imagen. Otra huelga fracasada, del pasado 26 y 27 de abril, en servicios públicos esenciales, que motivó al Gobierno a pedir la declaratoria de ilegalidad (confirmada por la justicia), terminó mediante un pacto y el consecuente anuncio del Ministro de Trabajo de que no tomará ninguna acción contra los huelguistas ilegales. Esto es un acto en que la autoridad irrespeta la Ley, aplicándola selectivamente según su visión de conveniencia política. Los sindicatos recibieron como premio sus salarios (huelga ilegal con goce de sueldo) mientras el Estado perdió varios miles de millones y a la población se le negaron servicios tan esenciales como los de la salud. Volviendo al Proyecto Fiscal y a la regulación del empleo público, varios argumentos ilustran la debilidad presidencial y los daños sociales que con ello se causan.

Primero está la posición de la Contralora, de que las iniciativas mencionadas tendrían el mayor impacto en las instituciones autónomas e incidirán poco en el déficit fiscal. El Presidente pareciera ignorar que el tema del empleo público es de la totalidad de la administración pública y que reduce los recursos disponibles para servicios tan esenciales como los de la CCSS. De modo que tomar este argumento para matar el proyecto revela la escasa visión estatal e ignora el alcance de la oposición de los sindicatos. En realidad, el Presidente no ha querido intervenir en las instituciones autónomas y señala, como excusa, que respeta su independencia. Y esto refleja su incapacidad para ejercer liderazgo y tomar decisiones, porque sería incomprensible que el Presidente, con su formación y experiencia, ignore por lo menos tres principios que sustentan su autoridad, no solo sobre las instituciones en régimen de autonomía, sino también sobre las empresas públicas: el principio de rectoría, según la cual las POLÍTICAS DE ESTADO son responsabilidad compartida por el Presidente y sus ministros; la disposición constitucional según la cual las instituciones autónomas están sujetas a la Ley en materia de gobierno; y la naturaleza de Estado Unitario, cuya direccionalidad total corresponde al Presidente de la República, principio reafirmado por la Sala Constitucional.

Reiteramos, el tema fiscal y de empleo público, estrechamente relacionados, marcará en el muy corto plazo la popularidad de la ASR, tanto como la de los partidos cuyos diputados lo acompañaron, demostrando debilidad ante las presiones del interés particular y desdén por el interés de toda la población, en especial de los más débiles. Ha sido una demostración más de la mediocridad política en que estamos sumidos, con algunas excepciones, e incluso de la incapacidad para medir las consecuencias del “costo político”. Los sindicatos públicos se han venido repartiendo como propios los recursos públicos y queda poco, muy poco, para que el Estado pueda generar los productos, cuya ausencia son responsables por el rezago de más de un millón de compatriotas en pobreza y miles más en vulnerabilidad. Esos recursos, que salen de nuestros bolsillos, cada vez producen menos y cuestan más, como lo argumentamos en el anterior editorial. Los indignados constituimos una abrumadora mayoría, como se aprecia en las expectativas de participación ciudadana en las elecciones del 2018, estimada en un 50% del padrón electoral. Un estudio adicional de la UCR dice que el 71% de la población se desvincula de todos los partidos existentes, situación propicia para los peligrosos populismos que esperamos no lleguen a nuestro territorio. Las encuestas, sin duda alguna, reflejarán los comportamientos del Ejecutivo y del grupo de diputados que lo acompañaron en el mal manejo del proyecto fiscal y de empleo público, favoreciendo el interés particular, en perjuicio del interés nacional. La imagen de la peor presidencia y mal gobierno de las últimas 3 décadas volverá a ser el factor dominante del sentimiento nacional, por un cambio que urge y no llega.