¿Está el interés nacional en abandono por parte de los políticos y de la democracia que practicamos?

Este editorialista se encuentra entre el millón y medio de costarricenses disgustados y enojados con la política y los políticos. Seguro que no hará lo que el 50% del electorado hará en el 2018: negarle la respalda al defectuoso proceso electoral existente, porque eso sería debilitar aún más nuestra debilitada democracia, rica en derechos civiles y podre, muy pobre, en generar los productos de los cuales depende el bienestar de todos los costarricenses y no solo de los pocos agrupados en la estructura corporativa que privilegia el interés particular de poderosos minorías, en perjuicio de las grandes mayorías y de los sectores más débiles de la sociedad.

El interés corporativo es extenso e incontable, pero incluye entre muchos otros, el sector productivo, como el arroz, la caña, el café, los frijoles, la papa, la cebolla; los exportadores; los importadores; y, los colegios profesiones a los que el gobierno les ha cedido funciones y recursos. Pero hay entre esos grupos de interés, uno de especial fortaleza e impacto en la vida administrativa, social y económica del país, que actúa con un falaz discurso social y acciones frecuentes contra los más desfavorecidos del país. Nos referimos a los sindicatos. Las razones por las cuales actúan con especial contundencia contra el interés nacional, la irresponsabilidad política involucrada y, sus efectos sociales y económicos, es lo que queremos repasar en estas notas. Reconocemos, al hacerlo, que es un tema tabú entre progresistas, por los cual recomendamos la lectura de uno de los más destacados socialistas de nuestro medio, el Dr. Enrique Obregón, en su artículo Antisindicalismo, que trata el tema con claridad, honestidad y valentía.

Empecemos por un principio equivocado: los sindicalistas nacionales son esencialmente públicos, pero actúan, con el consentimiento de los políticos, los de ahora y los de antes, como si fuera privados y estuvieran sacando ventajas del lucro que ellos contribuyen a generar. Sin embargo, el Estado no tiene lucro y las “conquistas” sindicales, cuando superan niveles de racionalidad, son recursos que el Estado deja de invertir en programas de interés nacional. Dos consecuencias claves se pueden identificar: una, que el funcionario público casi dobla su remuneración al de su equivalente del sector privado, caso único en América Latina y el Caribe (ALC). Sin embargo, la productividad del Estado costarricense es mínima, inexistente o simplemente negativa. Los ejemplos abundan y son conocimiento público: La Trocha, La Platina, la carretera a San Carlos que hoy está en los medios, los altos costos de la energía eléctrica, las listas de espera de la Caja, los costos de una refinadora que hace años no refina, la incapacidad de esta y otras instituciones de realizar inversiones, la incapacidad de Japdeva de aportar recursos para el desarrollo de la cuenca Caribe por el impacto de salarios y cargas excesivas de personal. El proyecto ley de empleo público, asociado al plan fiscal, que ahora abandonan los Poderes Ejecutivo y Legislativo, bajo presión sindical, es un golpe al interés público, en especial por su efecto en el déficit y el crecimiento, lo que implica reducir las posibilidades de empleo e ingresos para todos los trabajadores.

Queremos referirnos en especial a la CCSS, por la claridad del doble impacto, social y económico de la actividad sindical, que se revierte sobre un sector y servicios de especial sensibilidad. Nuevamente, las conquistas laborales reducen los recursos que la Caja asigna para atención del asegurado y, en cierta forma, pone en riesgo la seguridad social misma, como uno de los pocos pilares que quedan del Estado Social de Derecho (caso de pensiones). De esta magnitud es el tema. Empecemos por mencionar, un reciente diálogo entre un diputado y el Presidente de la Unión Médica, quien defendió la racionalidad y justificó un salario mensual de ¢20 millones por mes, lo que revela una actitud totalmente alejada de la realidad económica de la Caja y del país, pero, sobre todo, insensibilidad sobre la importancia social de los recursos de esa Institución. Es muy probable que los propios ingresos del Presidente de la Unión Médica ronden esa cifra.

En segundo lugar, queremos referirnos al tema de sindicalismo y productividad, mencionado al principio de estas notas, a través de ejemplos, también de conocimiento público. El primero es la decisión de la UCR de abandonar la administración de los Ebais del Este (San Pedro, Curridabat y parte de La Unión), con un sustancial déficit económico anual. Los sindicatos habían logrado emular sus salarios al rico entorno universitario, superando así los costos del contrato con la CCSS, sustentado en la población atendida (capitación). Una organización privada (no sindicalizada) ha tomado el mismo contrato con los mismos recursos, ha mejorado y ampliado los horarios de servicio sin incurrir en costos adicionales a los previstos por la Caja y, posiblemente, generando algún excedente.

Este patrón se repite a través de toda la CCSS. Un hecho similar, conocido dentro y fuera de la Caja, es que los costos de los Ebais administrados por la Caja, sindicalizados, cuestan el doble que los administrados por cooperativas (no sindicalizadas). El caso fue expuesto por un artículo periodístico. Pero una lectura diferente de este caso, sugiere que si todos los Ebais (aparentemente unos 1.039 en la actualidad) fueran administrados por cooperativas, con los mismos recursos que hoy se invierten, se podría aumentar en un 100% su cobertura poblacional. Los efectos serían dramáticos en aliviar las cargas hospitalarias, mejorar la atención de los usuarios y la reducir los costos, que tienen a la Caja en una situación permanente de crisis económica.

Un caso más de presión sindical, es la del famoso 8% para la educación pública, que posiblemente nadie sabe con qué propósito. Corea del Sur gasta solo el 7% del PIB, pero el aporte público solo llega al 3,5% y el resto es de origen privado. Más importante, en Corea casi el 100% de la población en cada ciclo escolar, lo termina con éxito. En Costa Rica los niveles de compleción de cada ciclo son sustancialmente más bajos y una limitación importante para la economía nacional. Los sindicatos, claramente actúan a contra corriente. Por ejemplo, educación pública es uno de los grandes empleadores del Estado, pero los sindicatos se oponen a la evaluación de su desempeño; la educación dual, que ha demostrado sus beneficios en países desarrollados, ha generado amenazas de huelga, suponemos que por razones ideológicas; y su mayor oposición es contra la ley de empleo público, ya mencionada antes.

La situación es crítica. El Estado se encuentra en un alto nivel de endeudamiento y ya no tiene recursos para los proyectos más elementales. Vean lo que está ocurriendo. La empresa que construye la carretera a San Carlos abandona el proyecto porque el Gobierno no tiene los recursos para concluir su trabajo; la Sra. Mc Kinley, Presidente Ejecutiva de Japdeva, lo pone con más claridad: “Al trabajador no le podemos decir: ‘Este mes no le pagamos’. Entonces, todo lo que tiene que ver con la planilla se prioriza y, toda la parte que tiene que ver con infraestructura son proyectos que se han ido posponiendo”. Aunque lo principal en inseguridad es estrategia y organización, el Ministro amenazó con tirar la toalla si no se le daban recursos que el Estado no tenía (un impuesto especial se creó para ello). Y todo ello sin mencionar los costos de la ineficiencia, que hemos estimados en unos $8000 millones anuales, para el Estado en su conjunto, incluidas las instituciones en autonomía y las empresas del Estado. Y, más dramático, pensar que nuestro sistema de pensiones, esencial para asegurar una vejez digna para el costarricense, tenga muchas posibilidades de quebrar en el corto plazo. Se repite el síndrome de la carencia de dinero estatal, en un diálogo mediático entre las CCSS que quiere aumentar los aportes, como medida paliativa e inconsecuente, y el Gobierno que la rechaza, simplemente porque no tiene los recursos.

Estas no son críticas vacías de contenido. Las medidas correctivas las hemos venido planteando en varios editoriales anteriores. Tres aspectos resaltamos en relación con la situación sindical: 1) el Estado requiere una ley marco para la gestión de personal, que incluya la Gobierno Central, las instituciones en algún régimen de autonomía y las empresas públicas, sustentado dos principios constitucionales: el de Estado Unitario y en el artículo 33 que garantiza la igualdad de todos los costarricenses; 2) replanteamiento de la equivocada noción de costo político. Las acciones como el bloqueo, compadre hablado sugiero el Diputado Ottón Solís, tiene el repudio de la inmensa mayoría de los costarricenses, independiente de color político; y 3) el tipo de sindicalismo que el Estado necesita y debería estimular debe partir de un principio ético superior: los recursos del Estado están para el servicio de la población, no de sus funcionarios. Por supuesto, estos tienen derechos de asociación gremial y de condiciones laborales razonables. Sin embargo, los recursos públicos vienen siendo tomado por asalto para beneficios personales y particulares, quedando poco o nada para que el Estado pueda impactar en beneficios sociales. Y en esto reside nuestro malestar con la democracia, que es urgente superar.