La urgente reforma para lograr un Estado eficaz y sensible a las necesidades de los costarricenses

Parece que todos concordamos en que el Estado costarricense tocó fondo. Lo sabíamos ya, pero, de alguna maneditorialera, la clase política parecía ignorarlo. Hoy, sin embargo, aparecen señales claras sobre la necesidad del cambio y de acuerdos políticos, para darle viabilidad. Sin embargo, hay, a nuestro juicio, el riesgo de que, si no actuamos con contundencia, la crisis aparecerá a la vuelta de la esquina, exacerbando el sentimiento de frustración y enojo popular, con riesgosas consecuencias. Específicamente, creemos un error realizar reformas parciales, ya sea por problemas o por instituciones. En un Estado con 330 entidades públicas, esta sería una tarea muy lenta, que produciría mucho desgaste en el camino, al punto de que en algún momento tiraríamos la toalla, con graves consecuencias sociales y políticas. A continuación, presentamos algunos puntos esenciales de enfoque y temas, para una reforma capaz de constituir un Estado cuyos productos se generen en condiciones de equidad, eficacia, oportunidad y eficiencia.

  • Enfoque de Estado: los problemas del Estado son comunes a todas sus instituciones, en parte porque todas se han desarrollado bajo un mismo modelo y línea de pensamiento. Un conjunto limitado de “ejes problema” tendría un efecto contundente en la totalidad del Estado. Un enfoque por problemas e instituciones individuales, que cubran a las más de 330 entidades públicas que conforman el Estado, sería demasiado extenso y posiblemente se agotaría en el camino, antes de lograr sus propósitos. En estas notas identificamos varios de tales ejes.
  • Organización: el Estado se ha construido a nivel de iniciativas políticas, algunas veces de simple ocurrencias. Las 330 entidades existentes, no siguen un criterio mínimo de especialidad y chocan unas con otras. Es necesario un estudio macro-institucional, para producir fusiones o eliminaciones, que redunden en mayores beneficios sociales. Debe hacerse, atendiendo a la concepción unitaria del Estado y en coherencia con el artículo 33 de la Constitución Políticas (CP), que busca asegurar los principios de equidad e igualdad.
  • No repetir los errores del pasado: el judicialismo ha sido el motor del desarrollo del Estado costarricense. Ha sido exitoso en darnos un régimen de seguridad jurídica que se encuentra entre los más avanzados del mundo y que debemos proteger. Pero el éxito es comparable en magnitud con el fracaso en hacer del Estado una organización que aporte al bienestar social, sin exclusión, en condiciones de equidad, eficacia, oportunidad y eficiencia. No debería sorprender, porque esto no es competencia jurídica. Es necesario abrir un nuevo espacio de liderazgo y responsabilidad de diseño a las especialidades técnicas que aporten las competencias para ello. La organización y procesos deben ser realizados por administradores, economistas, ingenieros, politólogos y otras especialidades afines, que aporten las tecnologías apropiadas. Los juristas podrán dar forma legal a las propuestas, pero los contenidos no deben ser responsabilidad suya.
  • Reafirmar el carácter unitario del Estado: la finalidad del Estado no es otra que el bienestar de toda la población, que se puede abrir en dos grandes componentes: la seguridad jurídica y el bienestar material, del cual se deriva el acceso a niveles de dignidad aceptables para toda la población. Compartir esos fines comunes, demanda sinergia. Cierto grado de independencia es esencial en democracia, pero lo es también distintas formas de cooperación y apoyo mutuo hacia las metas de bienestar y desarrollo. En el Estado no puede haber ruedas sueltas y tampoco regímenes de privilegio, contrarios a lo que dispone el artículo 33 de la Constitución, ya mencionado. De ello se deriva la necesidad de armonizar el funcionamiento de los tres poderes del Estado, por ejemplo, que la Sala IV no incursione en funciones de los dos poderes soberanos y, que los tiempos de funcionamiento del congreso se articulen con los tiempos más limitados del Poder Ejecutivo, que tiene solo 4 años para cumplir con el mandato soberano (compromiso político electoral).
  • Autoridad presidencial: el Presidente de la República tiene un mandato soberano, que se renueva cada 4 años, pero carece de la autoridad necesaria para actuar, que se le ha venido cercenando desde el 49. Es necesarios revisar sus funciones y dotarlo de la autoridad necesario para cumplir con el compromiso político, que tiene origen popular y soberano. Negar esa autoridad le está haciendo un enorme daño al proceso electoral, pilar de la democracia, del cual se está aislando la población (43% abstención en el 2014 y un 38% aceptaría un régimen autoritario, según el Latinobarómetro 2013).
  • Dirección y Ejecución públicas. En el cumplimiento de la finalidad del Estado, se destacan dos aspectos centrales: dirección y ejecución. No hay dirección en nuestro Estado, como lo demuestra el hecho objetivo de la ausencia de Políticas de Estado. Tampoco hay ejecución, como los demuestran la trocha, el Proyecto Limón Ciudad Puerto, la carretera a San Carlos que se inició en la década del 60 y, La Platina, para mencionar ejemplos prominentes. Esto ocurre porque nuestro Estado no distingue ambas funciones, que requieren motivaciones y competencias distintas. Es necesario revisar el modelo de gestión, para armonizar competencias y responsabilidades. Que el político se concentre en las Políticas de Estado y a controlar su ejecución. Y que gerentes profesionales, estables, altamente capacitados asuman la responsabilidad por la ejecución de la política pública.
  • Régimen laboral y sindicalismo: el Estado Social de Derecho se encuentra bajo agresión permanente por parte del sindicalismo público y de ciertos comportamientos laborales. Algunos problemas concretos son: uso abusivo del derecho laboral para concesiones que limitan los recursos y las acciones del Estado en favor del bienestar colectivo; intención de constituirse en parte del proceso de gestión pública, creando puntos de veto en distintas fases de la toma de decisiones y llevando la ingobernabilidad a extremos de total inoperancia; realización de huelgas en servicios esenciales, claramente prohibidos por Ley e incluso por la OIT; baja productividad, lo que implica mayores costos y, por tanto, inferior calidad de servicios y coberturas poblacionales más bajas. Y, ello ocurre, en buena parte, porque, el Estado como patrono, no tiene una figura clara y fuerte que lo represente. Los jerarcas políticos son figuras de paso, cuya motivación principal es de tipo electoral, mientras los supervisores son receptores de las “conquistas laborales”. Es esta situación de tigre suelto (los sindicatos) contra burro amarrado (el patrono), lo que produce condiciones para abusar de los recursos públicos, en perjuicio de la capacidad pública para generar productos y servicios esenciales para el bienestar colectivo de la Nación.

Las reformas deben considera tres aspectos fundamentales: 1) las huelgas deben tener un mayor costo y dificultad para quienes las hacen, como posiblemente los entendieron los constituyentes del 49, al redactar el artículo 61 de la CP; 2) debe diseñarse una Ley Marco de las convenciones colectivas, para evitar los abusos sobradamente conocidos; y 3) el régimen laboral debe contemplar un sistema eficaz de evaluación del desempeño, ligando la productividad con el derecho a la permanencia en el servicio. La lógica de los procesos laborales, especialmente el despido, debe ser más simple y expedita, protegiendo el derecho del Estado como patrono y a los recursos públicos. Es difícil, pero los sindicatos vienen matando el Estado a pellizcos. Sin el aporte eficaz y responsable del servidor público, nunca habrá un Estado sensible a las necesidades del pueblo.

  • Tramitología: debe rediseñarse en su totalidad. Pero debe hacerse bajo el liderazgo y responsabilidad de diseño de disciplinas tales como la administración, la economía, las ingenierías, entre otras. Esto no es competencia judicial, sino de aquellos especialistas que pueden diseñar procesos que faciliten los productos del desarrollo, sin perjuicio de los controles esenciales.
  • Un nuevo modelo de gestión pública: un Estado que no produce, como el nuestro, es un Estado enfrentado con la opinión pública, que debilita el compromiso con la democracia. Nos confundimos cuando todo lo reducimos a la planificación, un tema operativo que no debería ocupar la atención de los ministros y presidentes ejecutivos. El nivel superior debería ocuparse de las grandes estrategias, porque esa es la esencia de su gestión. Y se puede lograr con dos recursos importantes: uno, requiriendo que cada nivel de gerencia tenga y comparta con su personal, en forma escrita, sencilla, directa y breve, sus metas anuales y las acciones principales para alcanzarlas. Entre otras cosas, esta es la  base objetiva para la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño. Otro, que dote al nivel de decisión política (ministros especialmente) de la capacidad necesaria para evaluar los logros de cada entidad pública bajo su ámbito de responsabilidad. Esto se logra en forma inmediata y económica, con dos recursos: un equipo de alta competencia, conformada por unos pocos profesionales, en disciplinas como la ingeniería de sistemas, la administración, la economía y la estadística, complementado con uno o dos profesionales de la respectiva rama de gobierno. Y, es un sistema de indicadores de gestión, que hagan posible ver, en tiempo real, el Estado en que se encuentran las entidades bajo su responsabilidad en la ejecución de la política pública. La tecnología digital hace cada día más viable tal sistema de información y hay, además, experiencias que pueden valorarse para evitar errores y bajar costos.
  • Reforma política y el aporte de los “notables”: de alguna forma, todo es político, de manera particular la autoridad del Presidente como gran coordinador del desarrollo y la armonización del funcionamiento conjunto de las instituciones del Estado, incluidos los poderes públicos, el régimen de autonomía y las empresas del Estado. Hay, sin embargo, otras reformas específicas, por ejemplo, un sistema de distritos electorales, el voto directo para diputados, la reeleccion, la reforma del anti-democrático reglamento del congreso, ampliación del período gubernamental, entre otros. En todo el proceso de reforma, las propuestas de la Comisión de Notables deben ser objeto de especial consideración, por tratarse del esfuerzo más serio y comprensivo hecho hasta la fecha.
  • Infraestructura, con acción estratégica: todo lo anterior podríamos llamarlo reforma institucional. Infraestructura es una categoría distinta, un gran proyecto nacional ¿Qué hacer? Primero, visualizar los objetivos: 1) desarrollo y crecimiento acelerado, inyectando a la economía unos $2 mil o $3 mil millones de dólares en obra pública en los próximos 10 años o, tal vez, en forma permanente; 2) ofrecer mayores oportunidades de empleo, en especial para quienes se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad; y 3) elevar la capacidad competitiva del país. Los objetivos 1 y 3 aportarán recursos fiscales y ayudarán a resolver el problema del déficit fiscal

¿De dónde salen los recursos para este programa nacional? Hasta hace unos 7 años, el país tenía en reservas laborales y excedentes de sus empresas públicas unos $17 mil millones. Hoy la cifra debe superar los $20 millones. El reto es como constituir un gran fondo rotatorio para obra pública que tenga dos efectos principales: que refuerce fondos como el de las pensiones, mediante el pago de intereses razonables y que permita un flujo permanente de fondos para obra pública. Dada la importancia de este fondo rotatorio y la urgencia social y económica de sus recursos, debería haber un acuerdo político para crear procedimientos de excepción para empezar su ejecución, mientras las reformas al Estado comienzan a surtir sus efectos positivos.

Recuperar la confianza popular en la democracia: el “no se puede” es, posiblemente la imagen con que la gente identifica a la gestión pública. El sustento objetivo se aprecia en La Platina, La Trocha o el Proyecto Limón Ciudad Puerto, en los que gastaron recursos escasos, con cero resultados. Esta expresión hay que erradicarla, pero solo podrá hacerse con el “buen gobierno”, que esencialmente es uno que le devuelva a la población en bienestar, lo que ella ha pagado para mantener el Estado (22 billones, equivalentes al 77% del PIB nacional en el 2015). Por otra parte, las reformas tienen una dimensión humana, porque requiere ajustes que seguro impactarán en la condición laboral del servidor público. Por ello, la reforma debe tener un carácter gradual, respetar los derechos adquiridos y, compensar daños de carácter personal. Y, todo esto, debe hacerse privilegiando el interés de la sociedad que aporta los recursos correspondientes.