La dictadura del sindicalismo y la destrucción del Estado Social de Derecho

editorialEl poder sindical se ha vertido sobre el Estado Social de Derecho y sobre los derechos de todos los costarricenses. Su lucha tiene diversas víctimas, pero una de ellas, especialmente dolorosa, es la equidad, que sustenta nuestra democracia y que consagra el artículo 33 de la Constitución Política. Más grave, en estas semanas hemos presenciado un intento del sindicalismo de romper con la institucionalidad democrática, una de cuyas grandes fortalezas en el derecho al sufragio, como principal expresión de la soberanía popular.

Es la fuente principal de autoridad del Presidente de la República para cumplir con el compromiso, adquirido con la ciudadanía en el proceso electoral. Y a los diputados para legislen en nombre del pueblo. Pero el sindicalismo quiere quitarnos ese poder soberano, imponiéndole su decisión al Congreso y al Presidente. Han amenazado con paralizar al país con una huelga indefinida si los diputados llevan a cabo el acuerdo político, que se ha venido construyendo para beneficio nacional y, que afectaría el régimen de remuneraciones. El Presidente parece coincidir con el sindicalismo, al pedirle, casi exigirle, al Congreso que deben discutir y consensuar con los sindicatos, mientras estos le declaran la guerra al Congreso. ¿De dónde saca tanto poder el sindicalismo público, un grupo minoritario de interés especial, que concentra algo menos del 9% de la fuerza laboral del país?

Hay cuando menos dos fuentes de autoridad, ambas carentes de legitimidad, que explican esa fortaleza. El país ha venido haciendo concesiones laborales importantes para los trabajadores, que culminaron con las garantías sociales de los 40. Una premisa de esas conquistas, es que el trabajador es la parte débil de una negociación, en la que participa otra parte fuerte, el patrono. Consecuente con este desequilibrio, la legislación ha sido notablemente favorable para el trabajador y el sindicato que representa sus intereses.

Todo muy bien para el sector privado, donde esa premisa se ajusta a la realidad. Pero en el Estado, la parte más débil es precisamente el patrono, que, para efectos prácticos, no existe. No podríamos argumentar que los supervisores del sector público, sean el “patrono”, porque ellos son parte beneficiaria de las “conquistas” laborales. Tampoco los políticos, porque son ave de paso y su motivación es, esencialmente, político-electoral. Otra parte, el pueblo, que paga los sueldos y el costo de las conquistas laborales, pero no está representado en la negociación. De modo que los sindicatos, sin una contraparte real, simplemente se viene sirviendo a manos llenas. Más en esta administración, que parece simpatizar con sus abusos, se ha lavado las manos en la relación remuneraciones/déficit fiscal y, ha dejado a la Asamblea Legislativa, las iniciativas de racionalización, tal vez, porque al Presidente lo cobija el régimen de privilegios académicos.

La segunda fuente de fortaleza sindical se encuentra en la impunidad con la que el sindicato puede actuar, al margen de la Ley, en dos formas concretas. Una, con las huelgas en servicios públicos, incluso los esenciales como la salud pública. Este atropello a la legalidad, se complementa, con otra no menor: negar al ciudadano la libertad de circulación que la Constitución le da. El cierre de las vías de comunicación impacta en la actividad económica nacional, en los empleos e ingresos de la ciudadanía y de miles de pequeños productores.

Esta situación de burro amarrado contra tigre suelto, se vuelve más irritante porque el funcionario público produce cada vez menos y cobra cada vez más. Curiosamente, también vienen moviéndose a la derecha y socavando el Estado Social de Derecho, o lo poco que de él queda. Lo hacen cuando defienden los privilegios que cunden en todas las instituciones públicas, haciendo del Estado una institución ineficiente, corrupta y costosa. El Estado, principal instrumento para lograr la equidad social, hoy nos cuesta la friolera de 22 billones, pero produce muy poco en beneficio del bienestar de la población. Conformado por más de 300 mil funcionarios y más de 330 entidades, es inmanejable, improductivo y con frecuencia obstruye las iniciativas de desarrollo. Los sindicatos lo saben y de ahí su oposición a la rendición de cuentas, a través de la evaluación del desempeño, esgrimida como causa de huelga.

El fracaso de los Ebais del Este -San Pedro, Curridabat y parte de La Unión- ilustra cómo el sindicalismo funciona en perjuicio de nuestro debilitado Estado Social de Derecho. Esa red de servicios fue asumida por la UCR en la Administración del Rector Macaya, para ofrecer un entorno social para la práctica médica y, corregir así, el fuerte sesgo clínico dominante. En sus inicios cumplió las metas acordadas con la CCSS y dejó algún excedente. El sindicato rápidamente lo ahogó y logró, en la Administración de la Rectora González, que se homologara el régimen salarial con el de la UCR, cargado de privilegios. El Dr. Jenning se encontró con un déficit de varios miles de millones y decidió que la UCR no debía de cargar con ese fardo. Hoy una entidad privada administra esos Ebais, lo hace sin conflictos laborales, ha mejorado los horarios de servicio a sus usuarios, ha incrementado sus facilidades de diagnóstico y posiblemente produce excedentes económicos. El sindicalismo ha mostrado una vía interesante de privatización, con un equilibrio en equidad/eficiencia: la primera se encuentra en las políticas y los acuerdos de cobertura con la CCSS y, la segunda, en una ejecución más eficiente, a cargo de una entidad privada. Este tema no es nuevo. El 11 de enero pasado, el artículo de un matutino, leía así: Costo de los Ebais de la Caja duplica al de las cooperativas, por cierto, no sindicalizadas.

Otro ejemplo ilustra el poder abusivo que ha desarrollado el sindicalismo público. Nos referimos a los problemas financieros del ICT, producto de serias distorsiones de las remuneraciones. Descrito con brevedad, en el año 2009 las remuneraciones absorbían el 43,5% y, en consecuencia, dejaban el 46,5% del presupuesto para los objetivos finales de esa entidad. En el 2016, las remuneraciones absorben el 79,7% del gasto y dejan un raquítico 20,1% para desarrollar el turismo, uno de nuestros principales motores de empleo. El déficit fiscal refleja este problema a nivel de la totalidad del Estado: en la medida que los privilegios se llevan una tajada mayor del gasto público, menos educación, salud, infraestructura, seguridad, agua potable, etc., recibiremos, porque el rubro de remuneraciones se “chupa” la mayor parte de los recursos que aporta el contribuyente.

Hay movimientos sociales en contra de los abusos del poder sindical, uno de los cuales se ha volcado sobre Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), que dejó de refinar hace varios años, pero mantiene una planilla laboral creciente, que todos pagamos. No podemos esperar mucho de quienes ahora asumen la representación del “patrono”, sean políticos de ocasión, o supervisores que se benefician del régimen de privilegios que los sindicatos impulsan. El movimiento mencionado busca un referendo para acabar con el monopolio de RECOPE. Si lo logran podrían buscar la acción civil para confrontar los abusos en otras instituciones.

¿Qué más puede hacer el país? Es posible que tenga que crear una Ley Marco sobre las Convenciones Colectivas. Es una entidad constitucional, legítima; pero, no lo es, su uso para establecer privilegios abusivos, expresamente rechazados por la Constitución misma en sus artículos 33 y 68; o para crear el régimen de impunidad e improductividad que hacen del Estado una organización inútil, como lo revelan el bajo nivel de crecimiento y los altos índices de pobreza y desigualdad.

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