¿Porqué a la gente le cuesta creer en Johnny Araya?

Esta elecciones municipales han sido únicas en la historia del país, no sólo por el hecho de el cambio de fecha, sino también por particularidades que uno difícilmente llegará a comprender cómo sucedieron sin antes retroceder en la historia y mirar más de cerca las corrientes políticas que se movían -y se mueven- en aquél entonces.

Por primera vez en la historia de Costa Rica tendremos elecciones en la mitad del periodo presidencial, y por primera vez en la historia tendremos a un ex-candidato Presidencial del partido más grande del país, por historia y electorado, disputando una alcaldía en un partido diferente.

Pero la historia de Johnny Araya parece ser digna de un capítulo de telenovela, inicia su carrera política en un partido de izquierda llamado el  Movimiento Revolucionario del Pueblo donde llega a la municipalidad como  regidor y después como Ejecutivo Municipal desde 1991 hasta su renuncia en 2013. En el 2002 llega al Partido Liberación Nacional donde renuncia en 2015. Ahora bajo un partido diferente, pide su voto para continuar 22 años de gobierno cuestionado.

¿Y porqué a la gente le cuesta tanto creer en él ahora?

Araya ha sido blanco de críticas desde 2005 cuando se publicó que el entonces Alcalde y otros regidores -que siguen siendo regidores hasta hoy- recibieron pagos por más de 30 millones de colones para el otorgamiento del relleno sanitario municipal en La Carpio. Esa investigación aún se mantiene en la fiscalía.

En el 2011 el Tribunal Supremo de Elecciones decidió no cancelar sus credenciales por haber dado información inexacta sobre su domicilio. La Inspección Electoral de ese Tribunal había determinado que cuando Araya renovó sus cédulas en los años 2003 y 2010 indicó que vivía en el distrito El Carmen de San José, aunque su residencia verdadera estaba en el cantón de Escazú. El Tribunal determinó que era improcedente valorar cinco años después si el requisito formal para presentar la candidatura como Alcalde se había cumplido correctamente, pero remitió denuncia de los hechos ante el Ministerio Público por presunta falsedad ideológica

También en enero de 2011 la Contraloría General de la República determinó que Araya tenía responsabilidad administrativa respecto a la ejecución de pagos para el proyecto de renovación del catastro municipal, que databa del 2002 y costó al municipio cerca de $2 millones. En el informe la Contraloría recomendó suspender al Alcalde por quince días de sus funciones, de hecho en caso de ganar nuevamente, no podría tomar posesión sino hasta 15 días después por su castigo.

Durante 22 años en la Municipalidad de San José, cumplió el 27% de sus metas. Además, incumplió con la presentación de los informes de labores como lo solicita la Auditoría Interna del municipio.