Problema Soberano

Esteban Chaves Martínez. Administrador Aduanero. Estudiante de licenciatura en Comercio Exterior, Universidad de Costa Rica

Esta semana circuló en varios medios de comunicación la noticia de la eventual pérdida del grado de inversión que se le ha concedido a Costa Rica por parte de calificadoras de riesgo como Moody’s y Fitch Ratings, dos de las principales empresas contratadas para valorar el riesgo de la deuda soberana.

El deterioro de la imagen de nuestro país en los mercados internacionales ha provocado que los inversores estén dando por sentada esa posibilidad. Lo dicho anteriormente se ve reflejado en el crecimiento de un 2,10% a un 2,56% de la prima de riesgo exigida por los inversores internacionales al bono costarricense (el que vence en el 2023) sólo entre junio y septiembre del presente año, algo simplemente alarmante. Este súbito aumento del porcentaje adicional de rendimiento, provocado por la pésima imagen de Costa Rica en el exterior, pesará a mediano plazo en la situación financiera del Estado. La ecuación es sencilla: a mayor desequilibrio en las finanzas públicas que afecten la calificación crediticia, mayor será la presión por parte de los inversionistas en las tasas de interés (presión que de paso se configura bajo las condiciones de proporción con el aumento del riesgo percibido).

Bajo esta situación de riesgo, el costo del fondeo en el exterior afectaría directamente las transacciones propias de fondeo que realizan las instituciones financieras y las empresas en el extranjero, lo cual obligará al Gobierno de la República a mejorar su rendimiento en la próxima colocación de eurobonos prevista para el próximo año.

Ante esta compleja encrucijada cabe formularse la siguiente pregunta ¿Qué está generando esta situación tan desfavorable para el país? La respuesta la encontramos en el déficit fiscal.

El incremento de un 19% en el proyecto de presupuesto nacional (altamente desfinanciado) que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el problema estructural de gastos e ingresos, la pésima contabilidad de costos en lo referente a incentivos y exoneraciones, la exagerada evasión fiscal (7, 75% del PIB para el 2012 según el Estudio del incumplimiento tributario en impuestos sobre la renta y ventas 2010-2012), todo esto aparejado al déficit proyectado de un 6,7% del PIB, provoca  que la capacidad de pago del sector público trascienda los límites de la preocupación.

Pero el vía crucis no termina aquí, lamentablemente. Standard & Poor’s, Moody’s y  Fitch no valoran la capacidad de pago únicamente. Otro indicador es la voluntad política de fortalecer las finanzas públicas para poder pagar a tiempo las obligaciones, voluntad que al parecer se esfumó con la nueva adquisición de deuda por medio de la emisión de bonos.

Sin embargo, el problema radica en lo siguiente: nos estamos convirtiendo en un país altamente riesgoso.  A pesar de que aún no ha existido una consignación formal a la baja en las calificaciones, algunos inversionistas institucionales (como fondos de pensiones y de inversiones) ya están tomando las medidas de esperarse en este caso. Los mercados internacionales no ven necesario  que esa degradación se materialice, ya que por sí solos irradiamos una situación precaria respecto al déficit fiscal, o en términos de la Contraloría General de la República y el BCCR “estamos ante una situación insostenible”. Los mercados financieros ya se dieron cuenta de que los bonos de Costa Rica se han vuelto más riesgosos,  independientemente de lo que digan las empresas calificadoras.

El ajuste en las tasas de interés exigidas por los inversionistas para adquirir títulos de la deuda soberana se configura como el principal efecto directo del predicamento en el que nos encontramos.  La presión que se ejerce sobre el último tracto de los eurobonos que aún falta por colocar provocará un aumento en las tasas de interés que se reflejarán en el ya deslegitimado presupuesto del próximo año.

La producción nacional también se encuentra en graves aprietos, ya que es de amplio conocimiento que los movimientos en las tasas de interés de la deuda pública afectan por ende el resto de las tasas, tanto en dólares como en colones, encareciendo el costo del financiamiento.

Es necesaria una profunda cirugía a la política del gasto, pero también hay que trabajar del lado del ingreso. La reforma fiscal, aunque sea considerada un tema tabú, debe plantearse desde ya bajo los parámetros de un diálogo nacional con todos los sectores. La carga tributaria necesariamente tiene que incrementarse al menos a un 18% para llenar el hueco fiscal, a diferencia del 13,1% en el que se encuentra actualmente (así lo recomienda el Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional). El soporte estaría principalmente en la renta y no en las ventas, no al revés, como sucede en el resto de los países de América Latina.

Las soluciones le corresponden a la clase política y a la ciudadanía en general. El crecimiento del déficit fiscal debe paralizarse, mientras se generan nuevos ingresos y se recortan los gastos. Además, hay que dotar de mayor recurso humano y tecnológico a la Administración Tributaria y a la Administración Aduanera, promoviendo así la eficiencia administrativa en el cobro. Sin embargo, esto último no es suficiente. También hay que transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, y pasar de la renta cedular a la renta global. La cultura tributaria del costarricense juega un papel  vital en este proceso, pero primero hay que fortalecer la confianza de que los impuestos se manejarán con racionalidad, eficiencia y transparencia. Sólo con una conciencia y visión de futuro avanzaremos y resolveremos esta problemática que hoy nos aqueja.