Y, ahora, todos a trabajar por Costa Rica

editorialYa tenemos Presidente. Lo que sigue depende en gran parte de sus decisiones, pero, más importante, de la actitud de las múltiples tendencias políticas y de la población civil para que, unidos, empujemos todos, la carreta del desarrollo. Hemos sido un país exitoso, como lo demuestra con claridad el Mapa de Indicador de Progreso Social (IPS). Ese indicador, ubica globalmente a Costa Rica a la cabeza de los países de América Latina y el Caribe, pero sobresale en Fundaciones del Bienestar en el puesto 16 al lado de varios países desarrollados; en Necesidades Humanas Básicas nos supera Chile por 3 puestos, pero superamos a Argentina y Uruguay por 3 y 9 puestos, respectivamente; y, en Oportunidades Uruguay, Chile y Costa Rica ocupan los puestos 18, 21 y 22.

Los éxitos no ocultan el hecho de que, de alguna forma, el progreso se ha enlentecido y algunos problemas importantes persisten, a un costo social importante. Pero deberían ser motivo de orgullo y de predisposición positiva para confiar en nuestras capacidades frente los difíciles retos de la coyuntura actual.  Igualmente, es razón para descartar la necesidad de cambios radicales, como pretenden algunos analistas.

Dicho esto, las circunstancias electorales confirman un entorno político complejo. Primero, los ganadores  del 2 de febrero fueron los desafiliados. El PAC y el PLN, ocuparon el segundo y tercer lugar. Pero el PAC recibió también un voto de reserva, que le negó la mayoría en el congreso. Segundo, el congreso por el que pasan los grandes proyectos de desarrollo, está integrado por 9 tendencias y varios diputados independientes, cada uno de ellos con poder de veto, gracias al inadecuado reglamento. Tercero, la institucionalidad pública no favorece la gobernabilidad y constituye, más bien, un obstáculo importante para cualquier proceso de cambio. Por tanto, existe un marcado consenso en que los ajustes de timón, dependen de acuerdos políticos y civiles de carácter nacional y de compleja obtención. Además, el próximo Gobierno tiene el corto período de 3 años para concretar sus reformas y un cuarto año  de baja productividad, por la actividad política de cara a las elecciones del 2018.

En ese complejo entorno, el Gobierno y los costarricenses tenemos algunas posibilidades de emprender ajustes esenciales, si nos focalizamos en un número reducido de prioridades, sustentadas en un acuerdo nacional. Sugerimos las siguientes:

Integración del gabinete de Gobierno: la selección de los ministros y presidentes ejecutivos es la primera señal de confianza que el Gobierno envíe a los costarricenses. La población espera funcionarios de gran integridad y competencias acordes con los retos del país. Crítico entre ellos es el Ministro de la Presidencia, que tendrá que navegar en un entorno legislativo, con múltiples fracciones, en su mayoría con divisiones internas, resistentes a los acuerdos políticos.

Reforma del Estado: los ajustes requeridos, parten de reformas esenciales del Estado, que permitan un grado mínimo de gobernabilidad. Tenemos un Estado oneroso y la necesidad de liberar recursos improductivos y canalizarlos al desarrollo. Es también un Estado disfuncional que hace que las iniciativas de desarrollo duren décadas o que se desgasten en procesos que no rinden los resultados esperados; y, una fuente de privilegios que alimenta el déficit fiscal. Renovarlo es una tarea compleja, que podría poner en peligro otras reformas. Así, una estrategia inteligente de cambio podría partir de las reformas propuestas por los “notables” para evitar el desgaste en diagnósticos innecesarios; y por separar las reformas de corto plazo, en torno a los cuales se construiría un acuerdo nacional de convergencia para la gobernabilidad, ubicando las de largo plazo en un plano paralelo a través de una nueva comisión de notables, que podría incluso llevar a una Constituyente. Por supuesto, los acuerdos políticos deberán contemplar mecanismos ágiles para que la Asamblea Legislativa apruebe con celeridad los proyectos respectivos.

Reforma fiscal: solo podrá ser exitosa si sus causas fundamentales son removidas. Y estas se encuentran en la reforma del Estado y en los factores estructurales que la provocan. Sin reforma del Estado, más recursos fiscales llevarán a una mayor crisis fiscal.

Crecimiento: la pobreza, que ha adquirido prominencia en los programas de todos los partidos que participaron en las elecciones del 2 de febrero, requiere sobre todo empleos e ingresos, los cuales dependen de una alta tasa de crecimiento económico. Las soluciones económicas son complejas porque dependen esencialmente de factores externos. Sin embargo, hay una decisión política: invertir en proyectos de desarrollo unos $2000 por año en forma sostenida por lo menos durante dos períodos de gobierno. El país cuenta con unos $20.000 millones en fondos de reserva laboral y excedentes de sus empresas públicas. La clave para poner esos recursos al servicio del desarrollo es crear un fondo para infraestructura, que permita el financiamiento de proyectos que se pagan por sus propios medios, mediante peajes, tarifas y recursos de deuda pública.

Infraestructura: sabemos que tenemos una infraestructura precaria y que ello es un factor negativo de competitividad. Es necesario pensar en grande, a la luz de los retos del momento. Por ejemplo, deberíamos pensar solo en carreteras de 4 carriles o más, dado el congestionamiento generalizado que se viene experimentando en todo el país. Una red ferroviaria eléctrica nacional es viable y autofinanciable, incluso para pasajeros del GAM, con los recursos que se ahorran en combustibles fósiles, complementados con los fondos mencionados en la sección anterior.

Educación: al lado de la pobreza se ubica como gran problema nacional la desigualdad. Es posible que no sea tan catastrófico como algunos lo plantean, si se toma en consideración que la clase media creció de un 30% en el 2000 a un 40% en el 2011. En todo caso, la forma de elevar a los grupos vulnerables pasa por niveles de educación que les permita acceder a puestos de calidad. Es necesario mayor intensidad de capacitación y educación para la población en pobreza. Por supuesto, los sistemas de privilegio, como los salarios públicos y el sistema impositivo regresivo, son factores que contribuyen a exacerbar la desigualdad.

Hemos mencionado 6 áreas que podrían configurar un grupo reducido de prioridades nacionales. Por supuesto, el Gobierno y el país no pueden descuidar otros proyectos y actividades que son parte del funcionamiento normal del Estado. Por ejemplo, deberíamos invertir más en investigación y fortalecer la gestión del conocimiento, posiblemente el factor más importante de competitividad en el mundo global. Pero el Gobierno tendrá que definir un conjunto limitado de metas y basar su desempeño en función de los resultados esperados. En gran medida la posibilidad de éxito pasa por la reforma del Estado, en el que se concentra una tramitología limitante de toda iniciativa, un sistema laboral que estimula la improductividad y además goza de privilegios abusivos que son factores importantes de la crisis fiscal, al igual que una frondosa organización de más de 300 instituciones, muchas de las cuales han perdido toda razón de ser y están groseramente sobre dotadas de personal. Finalmente, el Gobierno debería incluir reformas al sistema de gestión pública de carácter colectivo (consejos y juntas directivas) que fomentan la dispersión y hacen imposible la rendición de cuentas.