Pobreza y desigualdad según el PNUD

editorialPobreza y desigualdad son temas centrales de la campaña electoral que, para todos los efectos, concluyó con la renuncia del candidato del PLN. Este candidato usó ambos como base de crítica a su propio partido y como bandera de renovación que a pocos convenció. Otras agrupaciones de centro y centro izquierda los usaron para culpar al fantasma del neoliberalismo, ideología dominante en la región durante las dos últimas décadas del Siglo XX, pero no en Costa Rica que adoptó su propio modelo híbrido. Esas décadas fueron de franco progreso para nuestro país (ver AQUÍ). El estudio conjunto del PNUD (con el Proyecto Commitment to equity, de Tulane University), ha sido ampliamente difundido en la prensa nacional y aporta datos objetivos que nos permiten analizar la temática al margen del calor electoral.

Ese estudio destaca que nuestro país, junto con Argentina, Chile y Ueduardoruguay, se encuentra entre los que hicieron una mayor inversión social y que ello tuvo un efecto positivo en el bienestar de la población. La clase media creció en lo que va de este siglo de un 30% en el año 2000 a un 40% en el 2011. La desigualdad se encuentra estable en un 0,5% (similar a la media de América Latina), y la pobreza alrededor del 20%. Emulando otros estudios, este no toma en consideración el factor migración, lo que nos permitiría conocer mejor la naturaleza del problema y las estrategias más apropiadas para enfrentarlo, sin perjuicio de la solidaridad presente en nuestra política pública.

Dos factores parecen importantes relativos a nuestros índices de pobreza y desigualdad. El primero es una estructura de salarios que ha favorecido principalmente al funcionario público y al dueño de empresa. La gráfica inserta, tomada de La Nación identifica con claridad la posición de privilegio del sector público (pico más alto), relativo a la agricultura, la industria y los servicios. El estudio confirma la hipótesis que hemos planteado en forma reiterada en La Fragua: la desigualdad es en parte producto de nuestro propio éxito. El empleo de calidad que buscamos favorece a quienes cuentan con un determinado nivel educativo, ensanchando así la brecha con los sectores en pobreza.

El segundo es el crecimiento de este empleo público bien remunerado, pero con frecuencia innecesario. Las institucionalidad ha crecido enormemente al impulso de las ocurrencias del político, especialmente en el congreso, al punto de que hoy la administración pública está conformada por unas 300 organizaciones, muchas de las cuales no sabemos lo que hacen y están bajo la responsabilidad de ineficaces juntas directivas, en las que la rendición de cuentas es imposible. Por otra parte, los excesos de personal son frecuentes en toda la institucionalidad pública, aunque pocas veces cuantificada. No obstante, sabemos que JAPDEVA tiene como mínimo un 35% de exceso de personal, porque así lo reconoció un Presidente Ejecutivo. Igual pasó en el ICE cuando su principal jerarca denunció el exceso de personal administrativo. Sin embargo, el que lo sucedió lo reconoció como un problema general, por lo cual adoptó un programa voluntario de movilidad laboral. Fracasó porque nadie en el ICE quiere alejarse de sus privilegios laborales. También es del conocimiento público que RECOPE tiene toda una planilla en refinación, aunque no refina desde hace varios años.

El segundo factor importante en la desigualdad es la dependencia de un impuesto regresivo, el IVA, y de una creciente carga impositiva sobre la clase media que en La Fragua la hemos caracterizado como acoso fiscal. Esta carga se acentúa porque el interés particular y la Sala IV han impedido un sistema tributario más equitativo y en sustitución se acude a lo más fácil, crear o aumentar tributos sin tener que pasar por el congreso (marchamo más alto para vehículos menos costosos, impuesto sobre la gasolina, partes de tránsito desproporcionados, impuestos territoriales, etc.). Algunas instituciones, incapaces de hacer reformas internas para mejorar eficiencia,  privatizan la ineficiencia, pasándole los costos de operación directamente al usuario (ICE, AyA). En la región, el país se encuentra entre los tienen una tasa impositiva más alta (superior al 22% del PIB), a la que contribuye proporcionalmente más quien menos tiene.

Es posible que todo esto ya lo sabíamos, porque muchos estudios documentan esas relaciones. La importancia del estudio del PNUD radica en que involucra un proceso de investigación serio que nos hace ver el problema de la desigualdad y la pobreza con mayor objetividad. La población tiene ahora una base para requerir una reforma al régimen laboral que elimine la impunidad existente, que promueva la productividad y que pague salarios razonables, todo en el marco del principio de equidad que establece el artículo 33 de nuestra constitución.

El país necesita un Estado renovado, porque el que arrastramos es oneroso y no produce o, peor, es un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social. Hoy nos cuesta el equivalente 78% del PIB, posiblemente uno de los más caros del mundo y una carga insostenible considerando que no tenemos ninguna fuente importante de recursos naturales que nos ayude a costearlo. No es extraño por tanto que arrastremos un déficit fiscal del 6%, con propensión a crecer si no se toman medidas correctivas y si la Sala IV nos permite hacerlo. Crear un entorno laboral común para todo el sector público es de la mayor urgencia, para regular los disparadores del gasto, entre los que se encuentran salarios, cesantías, pensiones, pluses, y vacaciones prolongadas. Pero también es importante hacer un reordenamiento organizacional y liberar al Estado de cargas de personal que no aportan al proceso productivo. El Estado es hoy grande pero inequitativo, ineficaz e ineficiente. El Gobierno, principal movilizador de recursos hacia el desarrollo, sólo tiene algún margen de discreción en la administración de un 5% del presupuesto. El resto está amarrado rígidamente a pensiones, servicio de la deuda pública y salarios.