Algo más que papeletas electorales

editorialHay eventos que adquieren importancia individual, fuera de contexto, pero el proceso electoral no debe ser uno de ellos. Conforma la institución base de la democracia, porque es el punto de encuentro de la población civil y la política, a partir del cual se genera un proceso vital para la democracia. Los liderazgos formulan sus propuestas y de ellas sale el compromiso político que guiará nuestro gobierno por los siguientes 4 años. La pureza del proceso electoral es fundamental y el nuestro es posiblemente el más puro del continente. Sin embargo, uno se pregunta por qué si nuestra institución electoral es tan sólida, los desafiliados del sistema constituyen la mayoría. Esto es evidente de las encuestas que muestran a más del 50% de los electores decididos a no participar o con grandes dificultades para adquirir un compromiso partidario y apoyar a un candidato. Según una de estas encuestas, algo cercano al 40% de las preferencias electorales del 2 de febrero se definieron en los 3 últimos días anteriores a esa fecha. Y en todo caso, la abstención superó los votos alcanzados por el candidato triunfante en la primera ronda.

La respuesta es evidente, aunque los medios parecen ignorarla y en la conciencia colectiva de la nación pareciera ocupar algún oscuro rincón. De hecho, varios otras dolencias de nuestro sistema se ocultan en ese mismo rincón, especialmente un confuso rechazo al sistema, la sensación de que todo es chorizo y la certeza de que nuestros políticos han perdido la capacidad para encausar al país por las vías del desarrollo. Todo esto está relacionado con un hecho esencial: los gobiernos no responden a las expectativas del electorado. Son incapaces de cumplir con el compromiso adquirido en el proceso electoral y, por tanto, el ejercicio del voto se vuelve irrelevante a su función dentro de la democracia. O, peor, es un ejercicio cínico, en el que se ofrece lo que más tarde no se cumple. Este es, en un contexto político más amplio, el peor de los fraudes porque deriva en un estado de crispación social de vastas consecuencias negativas.

En un sentido real, el problema existe en lo que hemos llamado la ingobernabilidad, que no es lo mismo decir que en los políticos. Nace de problemas institucionales de los que todos somos responsables. De los políticos porque no actuaron en forma oportuna para corregir problemas que se han venido acumulando a través de los años; pero también de la población porque no exigió rendición de cuentas de los respectivos gobiernos de turno. Y seguimos siendo socialmente culpables cuando no confrontamos a todos los políticos que nos ofrecen lo que no pueden cumplir porque, parafraseando a don Pepe: me piden que haga y luego se me paran en la escoba para que no lo haga. Los obstáculos deberían ser evidentes, pero los hemos estado confundiendo por mucho tiempo. Veamos algunos, sin entrar en el análisis, que hemos hecho en editoriales anteriores:

  • Desde la constituyente del 49, venimos cercenando la autoridad y la responsabilidad del Poder Ejecutivo, que constituye el punto fundamental de decisión, coordinación y dirección de los principales proyectos de desarrollo.
  • El judicialismo nos ha llevado por un tortuoso camino que privilegia la pureza de ciertos procesos (como el electoral), la independencia y el control entre organizaciones públicas y los derechos individuales, pero nos hemos olvidado que la función esencial del Estado como un todo – promover el bienestar y un entorno de convivencia pacífica – requiere perspectiva social y la colaboración inter-institucional. Nuestras instituciones parecen más interesadas en competir que en cooperar hacia fines comunes.
  • El chorizo no es un problema político importante. Cierto que en años recientes unos pocos políticos han cometido abusos, pero también que la democracia ha respondido y los ha llamado a cuentas. Como ha insistido don Rodolfo Piza, el chorizo es producto de nuestra complicada tramitología, que nosotros hemos llamado la dictadura del procedimiento. En efecto, como la función pública parece hecha para que nada pase, la única forma de encontrar portillos es mediante el chorizo.
  • El país enfrenta una aguda escasez de recursos, no por carencia sino por las formas de uso y el destino que les damos. Si leen nuestro editorial previo, podrán apreciar que tenemos un Estado oneroso (78% de PIB) y que el costo perdido por ineficiencia alcanza unos 7 mil millones de dólares cada año. Un Estado eficiente liberaría esos recursos, los cuales serían suficientes para encarar cualquier proyecto por grande que sea.
  • Pero es un hecho que hoy el gobierno de turno, de cualquier orientación política, no tiene recursos para actuar. El 96% del presupuesto nacional se va en remuneraciones, intereses de deuda y pensiones. Y el restante 4% tiene sus propias rigideces. El margen de acción del Poder Ejecutivo es mínimo e insuficiente para atender los problemas más urgentes que la sociedad le exige. Y, en gran medida, por un sistema de privilegios laborales excesivos, el problema crece en velocidad y magnitud. No solo tenemos un serio problema de recursos, sino que estamos a las puertas de una catástrofe mayor, de vastas consecuencias sociales.

¿Cómo se articula todo esto? Iniciamos estas notas con una referencia a una papeleta electoral que encontró su camino hacia un medio de comunicación. Se ha cometido un delito que merece el peso de la Ley, pero sin consecuencias sociales importantes. Luego dijimos que el proceso electoral es uno de los más limpios de América, pero también le restamos importancia a este hecho. Lo fundamental, hemos dicho, es que el encuentro civil/político de las votaciones se refleje en un compromiso político, por acuerdo del votante y de un aspirante a formar gobierno, pero que no resulte en una burla social, porque ese compromiso no se cumple. Y no se cumple, porque hemos creado un sistema (el Estado y su funcionamiento) que representa un obstáculo institucional a la función del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo como conductor de los procesos de desarrollo y del Estado en conjunto en su finalidad de mantener el bienestar social y un entorno de convivencia pacífica.

¿Cuál es la solución? Reside en la posibilidad de un proyecto de convergencia nacional encaminado a una reforma, cuyos elementos sobresalientes los podemos encontrar en la propuesta de los notables y en considerable medida en grupos de estudio como el Informe Estado de la Nación, Vía Costarricense o Agenda Nacional. Sin embargo, la solución también pasa por un correcto entendimiento civil y político de la verdadera naturaleza del problema y sus causas subyacentes. Ideas como pretender una reforma fiscal sin una reforma institucional; la propuesta de dejar pasar dos años vitales y actuar en el tercer año de un futuro gobierno; o identificar el problema institucional con el chorizo, nos alejan de lo fundamental, una reforma institucional de la cual surja un Estado que actúe como principal facilitador y co-constructor del desarrollo en justicia y equidad. Es el punto de partida para todo los demás. No actuar en consecuencia, resultará en la aceleración de una crisis de profundas consecuencias, en la que todos seremos perdedores.