El déficit fiscal: esperar 2 años es la fórmula para no hacer nada

El déficit fiscal es quizás el tema más importante como criterio para decidir el voto el próximo 6 de abril. En su forma más simple, el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos, que este año rondará el 6% del PIB. El PAC considera que es conveniente esperar dos años, a partir de mayo 2014, para que la población vea que el Gobierno actúa con seriedad y austeridad, antes de plantear una reforma fiscal, que implicará más impuestos. El PLN cree que el tema tiene tal urgencia que merece encararse en forma inmediata y además, porque está relacionado con el total de la problemática que hoy enfrenta Costa Rica. En efecto, muy poco se puede esperar de un gobierno sin recursos y en la gran mayoría de las iniciativas de desarrollo interviene alguna organización pública. En un programa de TV (Camal 13), don L. G. Solís plantea tres acciones urgentes, que precederían la adopción de un plan fiscal, si el PAC gana las elecciones: 1) mejorar la recolección de impuestos; 2) mejorar la calidad del gasto público; y 3) combatir la corrupción. Sugerimos que estas tres medidas tendrían un impacto muy reducido en la situación fiscal y, peor, retardaría otras reformas esenciales en lo político, social y económico. Aportamos dos razonamientos para sustentar nuestro punto de vista.

Primero, en años recientes, se ha hecho una notable mejoría en la recolección deimpuestos, al punto que hemos sentido una especie de hostigamiento fiscal, especialmente sobre la clase media. Es posible que mejoras adicionales tomen mucho tiempo y que su impacto en la situación fiscal sea reducido. Segundo, la calidad del gasto público ciertamente se puede mejorar, pero previo reformas complejas cuya realización será progresiva y de mediano y largo plazos. Sin embargo, en las condiciones actuales, el Presidente sólo tiene un margen limitado de acción sobre algo cercano al 5% del presupuesto público. El resto se gasta en pensiones, salarios e intereses de la deuda pública, todos intocables. De modo que en términos de tiempo y de impacto, las acciones para mejorar la calidad del gasto tampoco tendrán un impacto importante en la situación fiscal. Tercero, el problema de la corrupción, como bien lo ha venido reiterando don Rodolfo Piza, está asociado principalmente con la tramitología y cambiarla es una tarea pendiente, que igualmente tiene mucha complejidad y requiere tiempo.

De modo que el planteamiento que hace don L. G. Solís, dar un compás de espera de 2 años, no tiene sentido y no producirá el efecto por él esperado. Todo lo contrario, la urgencia de reformas que redunden en eficiencia son críticas y ambos, el PAC y el PLN ya deberían tener un plan detallado para enfrentar el agudo problema del déficit fiscal. Un tercer año, para esas reformas, sería insuficiente y el cuarto año, con un fuerte matiz político frustraría cualquier intento de reforma.

Más allá de estos puntos específicos, nuestro segundo razonamiento es que el déficit fiscal no es causa, sino efecto de una problemática institucional más amplia y más profunda. Si ésta no se resuelve, el incremento de ingresos solo generará más ineficiencia y mayor déficit fiscal. La causa es un Estado disfuncional y oneroso (nos cuesta el equivalente al 78% del PIB) por razones muy concretas, entre las cuales se destacan:

  • Un Presidente cuya autoridad y funciones se le vienen cercenando desde la constituyente del 49.
  • Un Estado cuyas organizaciones principales entienden que deben privilegiar la independencia y el control, sobre sus fines últimos, es decir, el bienestar de la población y un entorno para la convivencia pacífica. Muchas organizaciones, entre ellas la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría han ampliado sus funciones en perjuicio del poder ejecutivo y otras compiten con él, como ocurre con el poder judicial y el legislativo.No entienden que los fines comunes del Estado requieren un amplio espacio de cooperación y coordinación.
  • La compleja tramitología que parece hecha para detener procesos y que constituye un fuerte estímulo para la mordida, principal fuente de corrupción.
  • Un modelo de gestión colectivo, sustentado en juntas directivas, cuyos miembros actúan motivados por  intereses particulares y adolecen de las competencias respectivas. Tal modelo impide la rendición de cuentas y produce un entorno de impunidad laboral que no estimula el comportamiento productivo.
  • La ausencia de un marco laboral común, que ha estimulado privilegios abusivos y condiciones de desigualdad en todas las instituciones, contrarias a lo que establece el artículo 33 de la Constitución.

La reforma institucional, y la fiscal que le sucedería, tienen ambas mucha complejidad, demandan mucho tiempo y acuerdos políticos que serán muy difíciles en las circunstancias de atomización política de la Asamblea Legislativa. Dejar pasar 2 años sería un grave error y llevaría al statu quo. Sin ambas, nuestro desarrollo seguirá postrado y los problemas de pobreza y desigualdad tendrán que esperar hasta el 2018, para que otro gobierno los enfrente. Es por tanto oportuno el debate anunciado, pero la población debe estar atenta al contenido de las propuestas, tanto como a las estrategias de implementación que tendrán que pasar por un empedrado camino.