La lucha electoral y el Déficit Fiscal

editorial 2012La lucha electoral parece concentrar más el interés de los candidatos y votantes, a partir de un tema importante: la crisis fiscal. No es un tema simple. Primero, el déficit fiscal posiblemente llegue este año al 6% del PIB, aunado a una deuda pública que se acerca a al 50% del PIB. Los candidatos vienen haciendo una serie de ofrecimientos a la población, difíciles de cumplir por el entorno político atomizado y la cultura del costarricense, propicia para extender diálogos y postergar decisiones. Además, el próximo presidente sólo tiene alguna capacidad de manejo de un 5% o un 6% de los recursos presupuestales, porque el 95% es rígido y lo consumen salarios, intereses de la deuda y pensiones.

La crisis fiscal identifica dos posiciones claras. Una que parte de un sentido de urgencia para resolver esa crisis como el problema principal al cual debe abocarse el Gobierno a partir de mayo 2014 o incluso antes, si así lo permitieran acuerdos políticos previos. Otra que posterga la reforma fiscal por dos años a partir del primero de mayo, para enviar un mensaje de seriedad y sobriedad en el manejo del gasto público.

Conviene señalar, como introducción al tema, que no estamos distinguiendo posiciones ideológicas. Ambos candidatos reconocen que el Estado, con sus notables deficiencias actuales, es una restricción al crecimiento político, social y económico del país, que de alguna forma se refleja sobre dos prioridades esenciales: la lucha contra la pobreza y la desigualdad. A su vez el Estado hoy nos cuesta el equivalente al 78% del PIB, como se puede comprobar con datos de la Contraloría (presupuesto público) y estimaciones del Banco Central (PIB 2014). Tal volumen de recursos gastados en una burocracia improductiva y plagada de privilegios impide atender necesidades sociales presentes en la retórica política sobre justicia social y solidaridad. En esencia la lucha electoral debería decidirse sobre las soluciones propuestas y, más importante, sobre la capacidad de los respectivos equipos para ejecutarlas.

¿Es tan urgente el tema como lo propone el PLN? Las cifras antes mencionadas sugieren que sí. El Sr. Ministro de Hacienda viene planteando que estamos cerca de caer en un vacío similar al que cayeron países como España y Grecia. Su planteamiento es que la crisis se encuentra bajo el efecto bola de nieve, es decir, crece en volumen en forma acelerada y en períodos muy cortos. Ello se debe a que hay elementos estructurales en nuestro Estado que han tomado su propia fuerza, no importa lo que haga el Gobierno de turno.

El reciente incremento salarial del pírrico 0,43% ilustra esta situación. Y lo hacemos con un ejemplo práctico: si la CCSS dictara un congelamiento de los sueldos de sus trabajadores, aun así tendría que desembolsar unos 35 mil millones de colones, producto de pluses y prebendas contempladas en sus estructuras salariales. Además, en la medida que los salarios crezcan, el 5% del presupuesto que ahora permite alguna flexibilidad de manejo sería aún inferior. Otros indicadores complican la situación. Nuestra deuda externa alcanzó en el 2011 el 30,7% del PIB y en el 2012 llegó al 35,3%. Algunas estimaciones sugieren que llegará al 50% en el 2014. De ahí surgen expresiones del candidato del PLN tales como el colapso del Estado y un deterioro insostenible para la economía nacional. Los correctivos enfrentan enorme resistencia sindical y posiblemente excedan la capacidad de cualquier gobierno y por tanto la necesidad de un complejo acuerdo político y civil.

¿Hay mérito en esperar dos años para generar confianza en un gobierno eficiente y responsable? La posición tiene mérito porque, si de algo está bien informada la ciudadanía, es de esa crisis que llamamos ingobernabilidad. La gente sabe que el Estado parece diseñado para que nada se haga. Y lo sabe por experiencia propia y porque está en contacto diario con una burocracia bien remunerada, pero que produce poco, mal y extemporáneo. Las colas de la seguridad social, la platina o las décadas para construir unos kilómetros de carretera son ejemplos muy presentes en la conciencia colectiva. Esa preocupación fue la que impidió la aprobación del plan fiscal de la actual administración, por cierto apoyada por el fundador del PAC. Un plan fiscal planteado sobre las bases de los ingresos está condenado al fracaso, porque el gobierno es un aparato ineficiente que, si se le dan más recursos, producirá más ineficiencia y más déficit.

Pero este razonamiento tiene algunos reparos. Parte de un supuesto correcto: que el déficit fiscal es resultado y no causa. La causa lo es la crisis institucional, pero este es un tema mucho más complejo que el déficit. La crisis institucional, vista a la luz de estudios serios como el Estado de la nación o las propuestas emanadas de los “notables”, de la Vía Costarricense o de la Agenda Nacional, contempla al menos 4 grandes elementos: 1) que el gran conductor y coordinador del desarrollo es el Presidente de la República, pero se le vienen cercenando, desde la constituyente del 49, la autoridad y responsabilidades que esa función demanda; 2) que las partes del Estado funcionan privilegiando el control mutuo y la independencia, cuando sabemos que toda organización, para generar sinergia, requiere cooperación y coordinación; 3) la tramitología tiene empantanado nuestro desarrollo y es el principal factor de corrupción, como bien lo ha planteó el Sr. Rodolfo Piza durante la primera ronda electoral; y 4) un régimen laboral inadecuado, primero porque tiene estímulos que propician la impunidad y la improductividad y, segundo, porque concentra privilegios abusivos que el Estado no puede costear.

De acuerdo con este razonamiento, el país enfrenta dos grandes retos. Uno, hacer una reforma estatal, bastante clara en sus contenidos (gracias al trabajo de los notables y de otros proyectos mencionados en el párrafo anterior), pero de muy difícil ejecución. El otro es plantear una reforma fiscal que en mucho depende de las reformas que produzcan un Estado fuerte, eficiente, y no necesariamente grande y esclerótico como el que ahora tenemos. Pueden ser reformas simultáneas pero de ninguna manera se debe adoptar un plan fiscal que no conlleva el control de los disparadores del gasto y otras fuentes estructurales de la ingobernabilidad.

Es importante entender que la complejidad de las crisis que enfrenta el país no permitirá soluciones contundentes en el corto plazo. Los derechos adquiridos deben ser respetados y las reformas tienen que atender el factor humano, especialmente porque apenas nos venimos recuperando de la peor crisis desde 1929. Pero la urgencia de empezar ayer, es que las tendencias que hacen el problema mayor y las soluciones más difíciles, se detengan. Si no lo hacemos, la predicción del Sr. Ministro de Hacienda, cuando nos advierte del riesgo de una situación comparable con la española o la griega, puede ser una realidad en el corto plazo y podría hundir al país en una catástrofe en la cual todos seremos perdedores.

Tomarse dos años antes de actuar solo hará que la carga de la reforma sea mayor, que el tercer año sea insuficiente para enfrentarla y que el cuarto año, matizado por ser preelectoral, la frustre. El gobierno se distinguirá por haber evadido la reforma y dejarla en manos de la siguiente administración. Y tendrá que pagar el costo político de ello. Enfrentamos una campaña electoral con muchas sorpresas e incertidumbres.

Es importante el análisis de las posiciones en temas relevantes, de cara a los retos que enfrenta el país. De nuevo, no se trata de ideología. Es quién ofrece mejores propuestas, que puedan ser ejecutadas en el menor plazo posible y al menor costo social y económico.  Seguiremos pendientes del debate para analizar otros temas de importancia.