Democracia en crisis: el buen gobierno (Parte II)

editorialHemos sugerido que la crisis que hoy enfrenta el país, generadora de una situación de crispación y confusión social, es producto del mal gobierno, a su vez consecuencia de muchas variables. La crisis no es particular a Costa Rica, pero en nuestro caso se inserta en una historia de grandes éxitos y algunos fracasos. Los  éxitos se resumen es un país que, a diferencia de toda América Latina, que se desangró en guerras intestinas y dictaduras, ha logrado notables niveles de desarrollo humano en paz y democracia. En pocos días iremos a unas elecciones que, igual que las que hemos tenido en más de 6 décadas, serán limpias. Sin embargo hay posiciones sociales alarmantes. Según el Latinobarómetro un 53% de los costarricenses tienen dudas sobre la eficacia de la democracia y, en la presente campaña electoral, aparece como segunda fuerza política una corriente que tiene el potencial de traer estancamiento, incrementar la pobreza y socavar nuestras bases democráticas. Para lograr un nuevo sentimiento colectivo de confianza en nuestra institucionalidad y en las capacidades del país para encarar los retos del momento, en paz y democracia, lo esencial es recuperar el buen gobierno ¿Cómo hacerlo? A continuación ofrecemos nuestra visión de algunos elementos críticos.

Construir un sentimiento positivo y de confianza en nuestras capacidades: ¿Cómo convertir estos sentimientos negativos en impulsos positivos para el cambio? El país puede encontrar en sus raíces históricas la capacidad para enfrentar con éxito los retos de la actual coyuntura. Tal vez en circunstancias más difíciles, fuimos capaces de tomar grandes decisiones: cambiamos el Estado liberal, individualista, dominante hasta la década de 1940, a un Estado de Derecho Social; eliminamos el ejército y como subproducto de ello, crecimos en democracia durante más de 60 años, único país en América Latina en lograrlo; en el mismo período evolucionamos de una sociedad empobrecida a una saludable y con notables niveles de desarrollo humano, por ejemplo, pasando de una expectativa de vida inferior a 50 años, a otra superior a 80 años; y, en la década de los 80, fuimos el factor decisivo para traer la paz a Centro América, enfrentando la oposición de grandes potencias mundiales ¿Sigue siendo esa fuerza transformadora parte del carácter nacional?

Para recuperar esa voluntad de cambio es importante mirar a nuestro pasado, pero insuficiente. Podemos lograrlo, sin embargo, si construimos un proyecto nacional de convergencia con metas específicas de cambio, en las que parecemos coincidir, en medio de una difícil campaña política. De ella, parece obvio el reconocimiento de que la crisis no puede ser enfrentada por el próximo gobierno y por el partido político que gane las elecciones. Se requiere el concurso de todos, tanto en la esfera política como civil. Las metas de cambio parecen estar claras y solo requieren algún esfuerzo de filtro en propuestas como las de la comisión de notables, la Vía Costarricense, la Agenda Nacional y en las fortalezas del proyecto Estado de la Nación. Falta la disposición del nuevo gobierno para tomar el liderazgo y llamar a la unidad, pero, pareciera, que sobre esto también hay señales positivas.

Lograr que los sentimientos de crispación y confusión sean superados y que todos nos integremos en un movimiento nacional de cambio, requiere que reconozcamos los elementos fundamentales de la crisis y los cambios estratégicos que nos saquen de ella. Veamos algunos puntos críticos:

1) entender que el proceso electoral, un tanto desprestigiado, encuentra su valor sustantivo en sus fines últimos: ejecución del mandato popular (programa o compromiso político). Esto es sustancia, mientras las elecciones son instrumento. Bien que sean un proceso cristalino. Mal que luego la institucionalidad y la población misma confabulan para que el Poder Ejecutivo no pueda cumplir con el compromiso político adquirido.

2) Entender la función del Poder Ejecutivo. Por una parte, de su actuación depende en lo sustantivo la legitimidad del proceso electoral. Si falla en cumplir con el compromiso político electoral, la población concluye que las elecciones son inútiles y se le infringe un daño letal a la democracia. Es una situación riesgosa, que ha impulsado a otros países a adoptar regímenes de corte autoritario. Por otra parte, la autoridad presidencial es el elemento que articula los vastos recursos del Estado y los orienta por la senda del desarrollo. Su debilitación, que se viene produciendo desde la Constituyente del 49, reduce esa capacidad institucional de converger en torno a metas comunes de desarrollo. Su consecuencia es el caos, que aleja nuestras aspiraciones de desarrollo solidario y en equidad. De nuevo, la incapacidad de las instituciones del Estado de actuar en consonancia con metas comunes de desarrollo, ha inducido a varios países a destruir la estructura democrática y ponerlas todas bajo el dominio del autócrata. Para fortalecer nuestra democracia y para que ésta nos brinde los productos del desarrollo, es esencial revertir el debilitamiento del Poder Ejecutivo y darle la autoridad para que ejerza la coordinación institucional y la movilización de los recursos nacionales en la dirección del bienestar social. Es el punto de partida para el buen gobierno.

3) replantear y reconocer que el propósito fundamental del Estado que no es otra cosa que asegurar el bienestar social y un entorno de convivencia pacífica, lo cual requiere el aporte de todas sus instituciones. Pero estas han convertido los instrumentos en fines: privilegian el control y la independencia sobre la cooperación y la coordinación, esencial para movilizar esfuerzos y recursos en una misma dirección. Los poderes públicos, la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría y todas las demás instituciones deben entender que privilegiar la independencia y los controles mutuos, no llevan a nada, si a esos elementos no se les da un carácter subsidiario con respecto a los propósitos fundamentales del Estado como un todo. Si cada institución corre con colores propios, el resultado es el entrabamiento, la carreta del desarrollo pegada en mitad del río. Y un claro factor de confusión y crispación social.

4) Recuperar la función pública. El Estado excelencia de la década de 1950 y algunos años después ya no sirve el interés social, y en cambio sirve el interés de sus burócratas. Hoy es fuente de un sistema de privilegios, groseramente inequitativo, que drena los recursos del desarrollo. De nuevo, hay que poner de frente los fines últimos del aparato estatal: el bienestar de todos. Pero, para ello, es necesario eliminar un conjunto de estímulos perversos que se han construido en el sistema laboral, fuente de comportamiento irresponsable e improductivo, y sustituirlos por otros orientados al servicio, a la equidad y la eficiencia. Y hacerlo para el conjunto del Estado, creando un régimen laboral común, diferenciado por categorías o clases de ocupaciones.

5) suprimir toda forma de gerencia colectiva, inserta en un sistema perverso de juntas directivas, donde se pierde la autoridad jerárquica y la posibilidad de rendición de cuentas. Mientras estos “cuerpos” subsistan las instituciones públicas no tendrán estructuras de autoridad esenciales que, por una parte, permitan instaurar mecanismos de rendición de cuentas y, por otra, un entorno laboral que privilegie la responsabilidad y la productividad en sustitución del régimen de impunidad que se ha instaurado.

6) Zapatero a tus zapatos. El político ha fracasó en su función esencial: construir Políticas de Estado, que nos brinden la certidumbre de un camino por el que todos debemos transitar y el Estado que debemos desarrollar para alcanzar un desarrollo de características definidas. En ausencia de esas políticas, el Estado y la población civil se sumen en confusión por la ausencia de claros sentidos de dirección. Esto nos priva de identidad e integración y en cambio nos sume en polarización e irritación social. Pero también fracasó en la ejecución del compromiso político (programa de gobierno) emanado de las elecciones como un mandato popular. Ello ocurre porque no tiene las competencias para cumplir con la función gerencial que se le ha encomendado (gestión de tecnología y recursos) y porque su motivación, de base electoral, tienen efectos catastróficos en procesos técnicos de gestión. La solución es liberarlo de sus funciones administrativas para que se puedan concentrar en la gestión de política pública.

7) Incorporar la tecnología gerencial a la administración pública. Fracasamos en ejecutar el plan de gobierno y con ello burlar la voluntad popular, crear enojo poblacional colectivo y debilitar la democracia, como sugerimos antes, porque el político no tiene las competencias para ello y una motivación electoral, legítima en gestión de políticas, pero desastrosa en procesos técnico-administrativos. Reconozcamos una realidad: las complejas organizaciones públicas (ICE, CCSS, MOPT, MEP, etc.) no pueden ser administradas por políticos que duran en su función 4 años cortos o menos. Necesitamos gerentes profesionales, nombrados por competencia, en forma independiente, estables mientras duren su buen desempeño y con algún casco protector de la injerencia política. Estos gerentes, con una ética profesional que los impulsa a lograr productos de calidad, al menor costo y en el menor plazo posible, ofrece una mejor garantía de que el compromiso político electoral se cumpla, ganando así el Presidente en su gestión y generando más confianza en la institucionalidad democrática. Ello requiere crear un segundo nivel de organización, con amplias facultades para elaborar y ejecutar planes y programas consistentes con la decisión política, bajo algún sistema de control por resultados por parte del nivel político.

7) Rediseño de sistemas orientado a resultados. La judicialización extrema ha cambiado en forma equivocada esta lógica. Se ha focalizado en el debido proceso y en procesos administrativos que privilegian el control, pero entorpece y encarece el logro de los resultados sustantivos. De nuevo, necesitamos privilegiar la función sustantiva del Estado, centrada en el bienestar colectivo. El enfoque de desarrollo de los sistemas operativos públicos, ha fracasado, como bien lo refleja la percepción popular de que la tramitología está hecha para que nada se haga, con el agravante de la aparición del chorizo para abrir portillos. Todo sistema de administración pública debe tener como condicionante esencial la generación de los productos que materializan los propósitos. Los mecanismos de control no deben ser instrumento para detener y matar proyectos, como es frecuente en nuestro medio. Y el interés colectivo debe prevalecer sobre el interés individual, para que el Estado pueda cumplir con su función social.

El buen gobierno es lo que necesitamos para volver a creer en la democracia y en nuestras propias capacidades. Surge de la recuperación de la confianza en el proceso electoral, cuando el gobernante cumpla con su compromiso político; si se restaura la autoridad del Presidente y éste asume un liderazgo fuerte que le permita coordinar los procesos de desarrollo en ámbito estatal y civil; si se revisa la organización del Estado y si sus poderes y órganos se alinean en torno a propósitos comunes, sin perjuicio de controles subsidiarios básicos; si logramos superar el régimen laboral dañado por los privilegios excesivos, la impunidad y la improductividad, mediante un sistema común para todo el Estado; si fortalecemos la gestión de la política pública y nos brinde una orientación común de cara a los grandes retos que encara el país; si incorporamos la gerencia moderna para los procesos de elaboración y ejecución de planes y programas, en coherencia con la política pública; si se rediseña la tramitología, privilegiando los resultados, en condiciones de equidad, eficacia y eficiencia.

Hemos hablado también de la posibilidad de un proyecto de convergencia nacional como respuesta, tal vez única, a la crisis que enfrenta el país. Ese proyecto solo es viable si se acuerdan mecanismos de excepción para un proceso de reforma institucional acelerado, que contemple acuerdos esenciales para superar en forma inmediata obstáculos de ingobernabilidad y se formula una estrategia de cambio en el mediano y largo plazo.

Nota: este editorial debe verse como continuidad del anterior título similar: Democracia en crisis: el mal gobierno.