A 15 días del 2 de febrero

editorialEn la recta final, conviene compartir algunas reflexiones que seguro están en la mente de muchos votantes de cara al D2, día 2 de febrero, cuando aparentemente alrededor de un 70% de los electores inscritos en el padrón electoral irán a depositar su voto por un nuevo gobierno. No es una elección cualquiera. Patriotas de distinto pelambre ideológico nos dieron, a partir de la década de 1940, la Segunda República, un punto de inflexión con respecto a la democracia liberal. Un nuevo país se levantó y la sociedad en su conjunto mejoró su calidad de vida. Hoy nuestro modelo parece exitoso, según indicadores económicos y de desarrollo humano, pero el Estado, que participa en prácticamente toda actividad humana, agotó sus posibilidades, absorbe una cantidad descomunal de recursos, es groseramente ineficiente y representa el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Un segundo punto de inflexión se hace necesario, similar al que representó la segunda república ¿Estamos a la vera de ese cambio?

Posibilidades reales de cambio: el país tendrá que cambiar sustancialmente el Estado que nació de la Constitución de 1949 y de procesos subsiguientes. El ejecutivo fue degradado por pérdida creciente de autoridad y responsabilidades. Los demás órganos muestran un celo por el control y la independencia, mientras los objetivos centrales del Estado, bienestar social, reclaman coordinación y cooperación. Un Poder Ejecutivo disminuido es una ofensa al proceso electoral y a la democracia, porque se le pide participación a una población que ha perdido fe en el sistema, pero luego buena parte de las organizaciones públicas obstaculizan el cumplimiento del compromiso popular adquirido en las elecciones. Los controles son esenciales, pero deben ser subsidiarios a los resultados, que en nuestro caso no llegan, llegan tarde o son onerosos y drenan recursos esenciales para el desarrollo.

Crecimiento económico: no resuelve los problemas centrales de pobreza y equidad, pero sin él tampoco es posible implementar una política justa y solidaria. Para ello necesitamos un crecimiento acelerado, no inferior al 7%. Las crisis mundial parece ceder, pero el crecimiento de los países compradores de nuestros productos será moderado, nos ayudará, pero no lo suficiente. Por otra parte la competitividad del país es reducida por ineficiencia estatal, por su elevado costo (equivalente al 78% del PIB nacional) y porque cualquier proyecto toma una eternidad ejecutarlo. El otro gran obstáculo al crecimiento es una deteriorada e insuficiente infraestructura para competir en un mercado mundial agresivamente competitivo. De nuevo, caemos en la urgencia de una reforma institucional de un Estado que cuesta mucho y produce poco. Y de una inyección sustancial de recursos a la economía por un período sostenido de unos 8 a 10 años. Esos recursos existen, más de $20 mil millones en diversos fondos de reservas sociales y empresariales públicas. Falta la iniciativa creativa para conformar una especie de gran fondo rotatorio para infraestructura y que a su vez tenga la seguridad necesaria para la recuperación de esos fondos.

El miedo en la campaña electoral: surge principalmente de las extremas izquierda y derecha. Sin embargo, si alcanzaran el poder, ambas tendrían limitaciones en su impacto político, social y económico. Por una parte, el Movimiento Libertario (ML) se ha movido bastante al centro. Igual, tiene una bandera de reducción del Estado que por circunstancias de atomización política, no irá muy lejos, pero, por otra parte, nuestro Estado ha crecido tanto que un movimiento a la derecha no causará mucho daño y tal vez algunos beneficios. El problema con la izquierda no es lo que pueda hacer, que por las mismas circunstancias de dispersión política no prosperará. Es que, en la actual situación de crisis, su orientación y falta de cuadros de gobierno, hundiría al país en un caos que entrabaría más el Estado y profundizaría la crisis. De la crisis podríamos pasar al precipicio, como ha ocurrido en España y Grecia, con un enorme costo social.

Una propuesta atrevida: el candidato del PLN, adquiere el compromiso de acabar en 4 años con la pobreza extrema. Es posible y parece razonable pensar que el costo es algo que el país puede asumir. Se trata de un bono alimenticio para asegurar tres comidas diarias a quienes hoy no pueden costeársela. La fórmula ha sido ensayada con éxito en Brasil, con una serie de condicionantes (salud, educación, etc.) que en nuestro caso por ahora no se mencionan. El costo es ¢164.000 millones o unos $328 millones. Como tenemos un gran hueco fiscal, esos recursos saldrían del Fondo de Asignaciones Familiares. Desvestir un santo para vestir otro bien vale la pena por el cambio relativo de prioridades. Y la pobreza extrema es la principal deuda que tiene el Estado y que tenemos todos los costarricenses. Ningún costarricense debería ser privado de sus necesidades alimenticias diarias. Pero hay riesgos que el gobierno tendrá que prever: la profundización de una actitud de dependencia en el Estado, por una parte; y una avalancha migratoria de pobres que pueden sobrevivir mejor en nuestro país con la alimentación asegurada y con buenos servicios públicos gratuitos, entre ellos educación y salud. Es razonable esperar que la propuesta incluya mecanismos para limitar esos riesgos, sin pérdida de solidaridad, un valor compartido por todos.

Las encuestas y la prensa: dos encuestas ejecutadas en casi el mismo período, dan resultados sustancialmente distintos y por tanto conflictivos. Una le da al PLN 39% de los votos válidos emitidos y a sus inmediatos seguidores, el FA y el ML, 26% y 18%, respectivamente. Otra le da al FA el liderazgo con un 22,2% y ubica al PLN y la ML como sus seguidores, con 20,3% y 20,2% respectivamente. La pregunta: ¿cómo dos encuestas realizadas en el mismo período le da al PLN una un 39% y la otra un 20%, es decir, una diferencia de 9 puntos porcentuales, equivalentes a unos 270 mil votos válidos? Aquí hay un error, voluntario o involuntario. Y lo ponemos así, porque el medio que publicó y pagó la segunda encuesta, hace un gran de despliegue de resultados cubriendo casi el total de la primera página y, además, los complementa con dos páginas de un aparente fraude en vivienda por parte de autoridades del actual gobierno liberacionista, denunciado en un informe de auditoría escrito en enero 2013. Nos asaltan algunas inquietudes: primero, dado su impacto y poder destructivo de la democracia, ¿nos hace falta regulación de encuestas, por ejemplo, requiriendo ciertos estándares y la aplicación de metodologías similares para evitar descarrilar la voluntad popular? Y, segundo, ¿le hemos dado, bajo el principio de libertad de prensa un cheque en blanco a medios, detrás de los cuales hay enormes intereses corporativos? En aras de proteger la democracia ¿no debería ser regulada la participación mediática electoral?

Destacamos, al inicio de este editorial, la importancia de focalizar la atención en dos ejes principales de la crisis que encara el país: el Estado y el crecimiento económico. Luego nos referimos a dos temas centrales de campaña, uno instrumental y otro de fondo: campaña del miedo y pobreza. Concluimos con un tema que implica enormes riesgos para nuestra democracia: ¿existen formas mediante las cuales grupos de interés particular pueden intentar manipular el proceso electoral y en efecto decidir quién será nuestro presidente? Este último tema excede la campaña electoral que concluye el D2 y amerita discusión nacional y su consideración por parte del Tribunal Electoral