Transgénicos alimentan controversia

País con rezago en aprobación de etiquetado de alimentos

Beneficio a consumidores se contrapone a reserva de empresarios

 

 

Diferenciar un producto transgénico de uno que no lo es, contrapone el derecho del consumidor de conocer el detalle sobre lo que consume con el temor de los empresarios por las consecuencias que tendría.

Al menos en 400 hectáreas se cultivan semillas de organismos vivos modificados, a manos de cuatro empresas que luego venden este producto dentro y fuera del país.
El etiquetado de productos transgénicos es una realidad en al menos 60 países del mundo.
En el caso de Costa Rica, la controversia entra al momento de comparar los derechos del consumidor de conocer sobre el producto que compra, con los posibles efectos que acarrearía para las empresas el explicar que utilizan transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM).
La etiqueta llegaría ya sea para aquel producto que es libre de estos procesos o para el que sí los utiliza, y se aplicaría tanto a productos nacionales como a importados.
Para que el país adopte esta disposición, debe primero eliminar, o al menos reducir, la desinformación sobre este tipo de alimentos.
Aplicando esta medida, cada consumidor tomaría la decisión sustentada de si comprar o no un alimento transgénico.
Cada etiqueta de un producto permite que el comprador conozca su composición, pero la posibilidad de que un consumidor deje de adquirir un alimento por contener transgénicos es lo que genera temor a los empresarios de la industria alimentaria.
Además, otorgaría un valor agregado a los productos de exportación, una exigencia que se da en el comercio internacional, y sumaría competitividad a los empresarios nacionales.
Sin embargo, una disminución en las ventas de productos que los utilizan es lo que proyecta la industria alimentaria.
Considerar que su consumo no genera ningún efecto adverso en la salud es el ideal que defiende el sector empresarial para no estar de acuerdo con la medida.
Hasta el momento la controversia que genera aún en el país el tema de los transgénicos cierra portillos para que se apruebe la adición de este dato en las etiquetas.
A nivel internacional, aún no existe una disposición que obligue a un país a dar un sí.
Avalar el etiquetado en el país es lo que pretende un proyecto de ley que está actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que está a la espera del regreso de vacaciones de los diputados.
En el país se cultivan las semillas para investigación y exportación, pero no para consumo interno.
Algodón y soya cuentan con la mayor cantidad de hectáreas cultivadas, más del 90%, a manos de cuatro empresas exportadoras.
Dentro de la lista se encuentran Monsanto y la división Crop Sciences de Bayer, de acuerdo con el Servicio Fitosanitario del Estado.
Existen otras dos compañías nacionales que apuestan por la investigación de cultivos de piña y banano, que en conjunto toman unas cuatro hectáreas nacionales.
Luego de aceptar sus cultivos en el país, instituciones tales como la Oficina Nacional de Semillas se encargan de la parte de auditoría para asegurar que las prácticas aplicadas son las correctas.
Visitas semanales y mensuales se realizan a cada una de las cosechas en las épocas de siembra para su supervisión.
Emitir un criterio técnico ante las solicitudes de siembra para uso agropecuario es la potestad que tiene el MINAE, como miembro de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad.

 

 

TOMADO DE:  https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533310040

 

María Fernanda Cisneros