Convergencia nacional en tiempos de crisis

editorialEl tema no es nuevo. De hecho, fue la idea original del Gobierno, luego abandonada, cuando nombró a la comisión de “notables”; la iniciativa personal de un precandidato presidencial al juntar a un excelente grupo de expertos; el proyecto Vía Costarricense del expresidente JM Figueres; y la de un grupo de políticos y técnicos que elaboraron la Agenda Nacional. Fueron esfuerzos realizados al margen de corrientes ideológicas e impulsadas por la pretensión de encontrar respuesta a problemas relevantes y retos nacionales. La pregunta es ¿todo esto, para qué? Por supuesto, los diagnósticos son útiles, pero nuestro problema no es tanto por donde caminar, sino caminar. ¿Por qué los costarricenses hablamos tanto, sin decir nada o, peor, sin hacer nada?

Algo es claro: en la conciencia colectiva nacional está claro que nos quedamos pegados y no podemos dar un paso adelante. Tres causas sobresalen: primero, la inacción histórica ha producido una acumulación de problemas, por lo que la crisis que enfrentamos es cada día más compleja y de más difícil solución; segundo, el costo político es demasiado alto para que cualquier gobierno individualmente acepte asumirlo; y, tercero, nuestro Estado, componente principal de la crisis, es grotescamente ineficiente, es un obstáculo insalvable para pequeñas y grandes iniciativas. Algo más es claro: la solución de la crisis no vendrá de lo que cualquier partido, aspirante al poder, pueda hacer individualmente. No hay posibilidad de que ninguno de los candidatos a la presidencia, no importa cuán rica y atractiva sea su retórica electoral, pueda dar solución adecuada a los retos que encaramos como país.

¿Qué hacer? Pues, converger, como lo hicieron Calderón, Mora, Sanabria y Figueres, para darnos un nuevo país, con las garantías sociales y la Segunda República y que partiendo de una situacion de crisis encontraron la ruta del desarrollo y del bienestar de las mayorías. Por necesidad, sino por convicción, la crisis abre una ventana de oportunidad para que el próximo gobierno y los políticos actuales, se eleven sobre los intereses particulares y en un gran esfuerzo de convergencia nacional, nos den una Tercera República. Desde la década de 1950, el país fue excepcionalmente exitoso en el logro de notables metas políticas, sociales y económicas. Y fue el único en América Latina que lo hizo en paz y democracia. Pero hemos caído en frustración y desesperanza, porque sabemos que un nivel de desarrollo superior, justo y equitativo, es posible, pero no lo logramos. El Estado se agotó y con él nuestra capacidad transformadora.

Converger, dice el diccionario es concurrir en un mismo fin. Es conjuntar ideas, intenciones, recursos y esfuerzos en la misma dirección ¿Cuál? Pues, la misma que nosotros mismos hemos fijado, con el esfuerzo del proyecto Estado de la Nación, de los “notables”, de Vía Costarricense, de la Agenda Nacional y de muchos otros estudiosos de la crisis. No es tiempo para realizar nuevos diagnósticos o para detenernos, como con frecuencia lo hacemos, en palabrería y en definir qué hacemos. Es el momento de actuar, de hacer cosas, con una metodología sencilla: seleccionar de la amplia gama de propuestas de cambio, lo que es urgente y ejecutarlo en forma inmediata. Lo que no sea posible, ordenarlo como metas de cambio de corto, mediano y largo plazo. E iniciar su ejecución ordenada.

¿Cómo se construye la convergencia? Hay que empezar por la convergencia política. El candidato que lidera las encuestas ha anunciado una especie de neomeritocracia. No es suficiente. Se requiere un compromiso para compartir el Gobierno con figuras destacadas y comprometidas con el cambio, provenientes de las distintas fuerzas políticas. Y agregar mecanismos de consulta, como medio de participación de la población civil y de distintas organizaciones sociales. Es la forma más sólida y auténtica de convergencia, porque se elimina la figura hegemónica por parte de una fuerza política o de un gobierno.

Una segunda opción, con riesgo de descarrilamiento, es que el Presidente electo y su gobierno asuman el liderazgo y llame a todo el país a un movimiento de convergencia para la solución de la crisis nacional. Las demás fuerzas políticas, según los foros y debates preelectorales, parecen dispuestas a colaborar. Pero la atomización y dispersión del entorno electoral no es propicio para tal acuerdo. En algún momento, los intereses particulares de grupo se pueden imponer sobre el interés nacional, como de hecho ha venido ocurriendo en iniciativas que duermen el sueño de los justos.

Por otra parte, la convergencia se consolida y se alimenta de sus propios éxitos. Y éstos tienen que ser realizaciones, no intenciones de cambio. La ingobernabilidad es el enemigo principal a vencer, con acciones concretas e inmediatas, porque constituye el principal obstáculo al desarrollo del país y a la ejecución del proceso mismo de cambio. En convergencia, deberían de adoptarse una serie de mecanismos de excepción, para agilizar la acción de gobierno y la ejecución expedita de un conjunto de cambios urgentes. Esto es esencial para recuperar la alicaída confianza popular en el sistema político y en los políticos.

Todo lo cual nos lleva al tipo de cambio que requiere el país. Tenemos a nuestro favor el aporte serio de distintos grupos de trabajo, liderados por los “notables” que han identificado las grandes líneas de reforma. Sin embargo es importante insistir en algunos de ellos que pueden ser determinantes de los resultados finales del cambio.

Se trata de los ejes transversales que actúan como causa y desencadenantes de muchos otros problemas. La campaña electoral ilustra una situación particular: todos o casi todos los políticos claman por intervenir o acabar con CONAVI como solución a problemas de infraestructura física. Sin embargo, lo que surge de la discusión política toca superficialmente el problema. Ese problema es un modelo de organización pública que ha privado de autoridad a la Presidencia y al propio Ministro del MOPT; y de un modelo de gestión pública en el que la autoridad se diluye en un cuerpo colectivo (junta directiva) que no admite rendición de cuentas. Tiene además el efecto de debilitar un sistema jerárquico, con consecuencias funestas en impunidad laboral, disciplina y productividad. Una intervención o incluso el establecimiento de responsabilidades civiles y penales no solucionan el problema. Hay que cambiar los modelos de organización y gestión.

Sin pretender tener la solución para evitar soluciones que no resuelvan nuestros problemas, es importante destacar algunos puntos críticos de la reforma que, por razones obvias, enfatiza la reforma de nuestro Estado:

¤ Crecimiento: Queremos un desarrollo que provea oportunidades y bienestar para todos los costarricenses. La economía no garantiza que se cumpla, pero sin crecimiento tampoco habrá mucho que repartir. El país necesita crecer a niveles del 7% o el 8% del PIB para dar un salto cualitativo en nuestro principal problema, la pobreza. Ello no será posible en el marco de la economía mundial en la que estamos insertos y del déficit fiscal. El país tiene, sin embargo, en excedentes de empresas públicas y en fondos de reserva laboral (incluidas las pensiones) algo cercano a los $20 mil millones, que por su propia naturaleza y estabilidad requieren ser invertidos. Pueden ser la base para crear un fondo rotatorio de inversiones que nos permita inyectarle a la economía unos 2 o 3 mil millones de dólares anuales en forma sostenida en proyectos de infraestructura, para aumentar competitividad y llegar a los niveles deseables de crecimiento.

¤  Cambio fundamental de actitud: la cultura de control ha detenido proyectos estratégicos para el país, que se pierden en interminables y onerosos procesos, sin que se concreten los resultados esperados. Es urgente sustituirla por una cultura de resultados. Toda la tramitología debe ser rediseñada con el mismo enfoque.

¤  Nueva organización pública: La cultura de control permea también la organización del Estado, privilegia los mecanismos de control cruzado y la independencia entre poderes. Cada organización busca su propio crecimiento y autonomía. Si el Estado quiere convertirse en un instrumento eficaz en relación con su función primaria, el bienestar de la población y entornos seguros para su convivencia, la forma de hacerlo es coordinando y cooperando. La concepción jurídica atenta contra la eficacia/eficiencia e impide la sinergia e integración en torno a propósitos comunes.

¤  Restituir lo autoridad del Poder Ejecutivo: desde la constituyente del 49 ha sido degrada y ha ido perdiendo funciones y capacidad resolutiva. Pierde también legitimidad: no se puede pedir mayor participación civil en el proceso electoral, para luego ponerle trabas al Presidente en la ejecución del compromiso político adquirido. Aunque los procesos de votación sean limpios y transparentes, el elector es burlado por incumplimiento de promesas electorales. Toda organización pública debe coincidir y aportar al cumplimiento de la función global del Estado. El control y la independencia no debe ser un fin en sí mismo.

¤  Gestión pública: hemos creado un modelo judicializado y colectivo de toma de decisiones que tiene su base en juntas directivas conformadas por intereses particulares y sin las competencias para hacer gestión colectiva. La toma de decisiones colegiadas se vuelve pesada, inoportuna y, sobre todo, impide la rendición de cuentas y la transparencia, a la vez que genera un entorno laboral caracterizado por la impunidad y la improductividad. La mayoría de las juntas directivas son inútiles y en todo caso su función debe ajustarse a temas estratégicos y no interferir con las funciones gerenciales. Sus miembros no deben representar intereses particulares y su selección debe ser hecha por competencias.

¤  Superar el mito de que la administración de instituciones tan importantes y complejas como el ICE, la Caja, el INS, el MOPT y el MEP, pueden ser administradas con éxito por gerentes generales (ministros y presidentes ejecutivos) que duren en sus cargos 4 o menos años. La administración de tales instituciones debe cederse a gerentes profesionales, de carrera, apolíticos, que duren en funciones mientras dure su buen desempeño, seleccionados por competencias, mediante un mecanismo independiente, y que tengan un escudo institucional que los proteja de la interferencia política. Este es un paso crítico para asegurar que los liderazgos profesionales posean la tecnología y la ética (servicio de calidad en el menor plazo y al menor costo posible) que su función requiere. El político se forma en un entorno distinto y tiene una legítima motivación electoralista, que en el campo técnico tiene consecuencias catastróficas.

¤  El nivel de decisión política debe fortalecerse, para que el país cuente con Políticas de Estado (PE) y adopte mecanismos para garantizar que sean ejecutadas en un proceso sostenido y consistente a través de los años. Hoy los políticos no pueden hacerlo, porque además se les pide que administren los órganos sectoriales correspondientes, para lo cual no tienen las competencias ni la motivación correcta. La propuesta contenida en el punto 5, les permitiría liberarse de ese lastre, focalizarse en las PE y en evaluar su ejecución.

¤  Crear mayor cooperación y coordinación macro institucional, a partir de primeros tres puntos anteriores. Sin embargo, la realidad de la atomización política obliga a una cierta modalidad de gobierno parlamentario. La implicación es que la figura más importante en el ejercicio del liderazgo político presidencial, reside en el nombramiento de una Ministro de la Presidencia, que debe tener fortalezas similares a las del mismo Presidente. Es decir, un funcionario y una personalidad que transmita la misma autoridad presidencial, en una relación “de tiempo completo” con las distintas fracciones legislativas y, de hecho, con las distintas fuerzas políticas y sociales del país. Hemos tenido tales figuras en algunas ocasiones, pero hemos fallado en forma contundente en otras. Se trata de desatar el nudo gordiano de la capacidad ejecutiva conjunta de los poderes legislativo y ejecutivo, resentida por un congreso que decide en plazos muy prolongados, mientras el ejecutivo debe actuar en plazos muy cortos. Igualmente, deberían realizarse ajustes a las funciones de la Sala IV, que ha venido de hecho colegislando y cogobernando.

¤  Régimen laboral: Finalmente, el país requiere de un régimen laboral que igualmente funcione por resultados y que se construya en forma acorde con el principio de equidad, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política. Por una parte, los privilegios son una forma odiosa de discriminación y, por otra, absorbe recursos que deben ser utilizados a partir de las necesidades del país en su conjunto. La función pública debe recompensarse igual para iguales categorías, pero la justificación de cada funcionario debe estar sujeta a los resultados logrados. La ética pública debe sustentarse en servicio y productividad. La función primaria del Estado la determina la búsqueda de equidad (coberturas universales o diversificadas por riesgo social). La eficiencia y la productividad tienen por tanto un profundo sentido social, que conllevan mayores posibilidades de coberturas y equidad. Es, igualmente, un aporte de la función pública al crecimiento, del cual dependen empleo, ingresos y la superación de los altos niveles de pobreza.

Conclusión: es una verdad absoluta que la carreta del desarrollo está pegada en mitad del río y que sólo la podemos mover con el aporte de todos. El liderazgo que articule voluntades políticas y civiles proviene del Gobierno. Además, debe concentrarse en los principales ejes de cambio, aquellos que originan un fuerte sentimiento de desesperanza nacional y que, igualmente, pueden convertirse en fuente de optimismo y confianza en nuestras capacidades para superar la crisis que enfrentamos. En la realidad actual, el próximo presidente no podrá responder a las aspiraciones nacionales, por limitaciones de orden interno o externo. Pero podrá hacerlo, si cumple una función esencialmente política de articular las fuerzas de gobierno y civiles en torno a metas comunes de cambio, cuyos resultados se verán en el corto, mediano y largo plazo. Mejor aún si invita a personas destacadas de otras corrientes políticas a conformar el Gobierno. Podríamos entrar en una nueva etapa de transformación nacional, que nos integre y nos dé un nuevo sentido de identidad.