Crecimiento ¿se vale soñar en grande?

editorialLa economía está lejos de ser una ciencia, a pesar de que utiliza instrumentos científicos. Si lo fuera, sería fácil encontrar el camino del crecimiento permanente y “sortear” los efectos negativos de las crisis cíclicas que tanto daño social, político y económico producen. Es posible, por otra parte, que la teoría económica ofrezca respuestas que se puedan aplicar con mayor precisión y rigurosidad al mundo de los negocios, aunque no necesariamente a los asuntos de Estado.

En un plano de análisis económico, el país se encuentra en una verdadera encrucijada. Nuestro crecimiento, estimado en un 3% del PIB para el 2014, es insuficiente para atender con éxito la problemática nacional, en lo político, social y económico. Nuestras exportaciones no crecerán con los modestos crecimientos de nuestros socios comerciales, especialmente Centro América, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Por otra parte, el Gobierno carece de los recursos esenciales para atender programas sociales críticos e invertir en infraestructura y desarrollo. El déficit fiscal estará en el 2014 en el entorno del 6% y la deuda pública ya ha superado el 50% del PIB. Los recursos fiscales se encuentran comprometidos rígidamente en transferencias, salarios e intereses de la deuda y solo deja algún margen de flexibilidad al 6% del presupuesto nacional.

En el plano político, la situación es algo similar, especialmente porque las opciones que puedan llevar al éxito requieren grandes decisiones para las cuales hemos perdido nuestra capacidad como país. Qué tal si el país pudiera realizar una reforma institucional que nos dé un Estado ágil y funcional y niveles de inversión, especialmente en infraestructura, a niveles que permitan inyectar unos 2 mil o 3mil millones de dólares anuales. Esto podría llevarnos a niveles de desarrollo con los cuales hemos soñado y hasta creído posibles, pero después de una larga espera, parece que los políticos y algunas estructuras institucionales no lo permiten ¿En realidad es posible realizar esta aspiración?

¿Qué ganaríamos de una reforma integral de nuestro Estado? El país no tiene un indicador de la magnitud de la ganancia de esa reforma, por supuesto, siempre que alcance a los nudos gordianos de la problemática nacional, por ejemplo, la pérdida sostenida de autoridad que ha sufrido el ejecutivo desde la constituyente de 1949; un nuevo ordenamiento macro organizacional de este y los restantes poderes del Estado, que privilegien no tanto la independencia y el control, sino la cooperación para alcanzar los propósitos superiores de llevar paz y bienestar a toda la población; la creación de un sistema de empleo público acorde con el principio de igualdad que contempla el artículo 33 de la constitución, que a su vez desactive los privilegios del régimen laboral que actúan como principal disparador del gasto y del déficit fiscal; o procesos técnicos y administrativos diseñado para favorecer resultados y no para entrabarlos.

Algunas cifras dan cuenta de la magnitud de estas reformas. Según datos del presupuesto nacional disponibles en las páginas de la Contraloría General de la República y estimaciones del PIB nacional del Banco Central, el presupuesto tiene un costo equivalente al 78% del PIB. La cifra es tan descomunal que en países como Suecia, con mucho más riqueza, la cifra comparativa es algo más del 60% y ha originado una crisis política. Pero veamos un poco más nuestras cifras. Los indicios de ineficiencia pública son impresionates. Sabemos que RECOPE tiene toda una planilla para refinación, que no refina; o que JAPDEVA, por reconocimiento propio, tiene excesos de personal que rondan el 35% de su planilla; o que el ICE ha iniciado un programa de movilidad laboral que fracasó y sigue trasladándole el costo de la ineficiencia a la economía nacional y al consumidor; o que nos tomó más de 30 años hacer una carretera de 80 kms a Caldera y que ya llevamos casi 40 intentando la de San Carlos, que por ahora no tiene ni entrada ni salida; o que tuvimos una pérdida del 100% en la platina; o que…

Si bien la evidencia de la ineficiencia apunta a una cifra muy alta, tal vez tanto como el 50% de los recursos que se invierten en la administración pública, si tomáramos sólo un 20%, el resultado implicaría una pérdida de recursos y oportunidades de unos $7000 millones por año, con lo cual podríamos cubrir en un solo año el déficit fiscal e inyectar cuantiosos recursos a la economía nacional. Esa es la magnitud del problema y esa es la magnitud de los recursos ociosos que el país podría recuperar y canalizar a su desarrollo.

Pero aceptemos que, aunque es una decisión que no deberíamos evadir, los resultados no serían inmediatos. El país necesita recursos para arrancar, no en 4 u 8 años, cuando se podría completar una reforma de esa magnitud, si tuviéramos el carácter para realizarla. Esos recursos existen, por cierto en montos que nos permitirían realizar los proyectos más ambiciosos. Se trata de más de unos $15.000,00 millones en fondos de reserva laboral, que incluyen las pensiones, y de unos $5000 millones en excedentes de las empresas nacionales, como los bancos y el INS.

Estos recursos se podrían emplear para constituir un fondo permanente para inversiones en infraestructura, ejecutados a través de mecanismos como fideicomisos y pagados en forma responsable a intereses de mercado, para asegurar la permanencia del fondo. Unos $2000 o más millones de dólares inyectados a la economía anualmente; con un Estado eficiente que produzca con calidad, en forma oportuna y a bajo costo, serían la base para construir, tal vez, el país más desarrollado de América Latina. Cierto, es soñar en grande, pero las bases de ese sueño se encuentran en dos ejes, nada más: la reforma institucional y el uso de nuestras reservas económicas para configurar un fondo de inversión ¿Tendremos capacidad para ello?