Juega de nuevo: ¿Necesitamos una reforma fiscal?

editorialOtro editorial de La Fragua se planteaba esa pregunta. La respuesta fácil es afirmativa, cuando el déficit ya pasa la cifra de un billón de colones y la reforma contributiva es una evidente necesidad. Pero hay otra respuesta más compleja: si queremos que el plan fiscal cumpla con sus objetivos de llevar equilibrio financiero al Gobierno, éste debe suceder a una reforma institucional de fondo, no antecederlo, porque de otra forma el déficit seguirá creciendo, a una velocidad mayor.

Esto parece reflejar el acuerdo de un conjunto importante de analistas y políticos en un debate radial de esta misma mañana (Nuestra Vos), en el cual participaron el Ministro de Hacienda, dos políticos y futuros diputados, Ottón Solís y Antonio Alvarez, y varios especialistas en el tema. No podemos omitir nuestro sentimiento de optimismo cuando los participantes llegan a un consenso sobre un tema de implicaciones tan trascendentes para el futuro del país; así como tampoco, nuestra dificultad para entender por qué los principales partidos políticos no han hecho algo similar.

El espontáneo debate, como era de esperar, se inició en torno a un proceso de diálogo estimulado y coordinado por el Sr. Ministro de Hacienda sobre la reforma fiscal que, a su juicio, el país necesita. Este medio ha criticado ese enfoque y hemos destacado que el problema fiscal es una manifestación de un problema más profundo: nuestro costoso y disfuncional aparato estatal que ya tocó fondo. Sin embargo, los participantes del diálogo se ubicaron correctamente en la temática, poniendo por delante el tema institucional sobre el fiscal. Destacable también fue la posición de Ottón Solís, que sugirió la responsabilidad conjunta para impulsar ambas reformas antes de que el nuevo gobierno asuma, en mayo del 2014. La idea merece seguimiento, porque de otra forma el país podría entrar en una discusión de las características del TLC durante la mayor parte del período de gobierno 2014-2018, agotando así recursos y oportunidades de avanzar.

Nos preocupa algo que parece relevante al debate y que no fue discutido. Nos referimos a las reformas propuestas por la junta de notables que la Sra. Presidente nombró para tal propósito. Si hubiera la posibilidad de un acuerdo entre las principales tendencias políticas, esas propuestas aportarían el instrumento más ágil para elaborar los proyectos de cambio institucional. Los políticos podrían estudiarlos y manifestar sus acuerdos, desacuerdos y, las reformas sustitutivas cuando aquellas fueran rechazadas. Igualmente, los notables podrían constituirse en un recurso de difusión, para generar apoyo por parte de la población civil.

Sobra decir que este medio respalda una solución integral al problema institucional, que incluya la reforma fiscal. Pero, como lo hicieron los participantes en el programa radial de esta mañana, es necesario identificar los elementos principales de cambio, esenciales para que la reforma fiscal cumpla sus objetivos. Sugerimos los siguientes:

Cambio de actitud. Nuestro Estado se ha desarrollado bajo la premisa de que lo sustantivo es la independencia de los poderes del Estado y el control entre ellos. La judicialización extrema del Estado se sustenta en esa premisa y no en el hecho de que el Estado se ha conformado para lograr un entorno de bienestar ciudadano, privilegiando los medios y dejando en un segundo plano de importancia, los resultados o productos del desarrollo. Este sentido de prioridad debe invertirse y entender que más importante que la independencia o, peor, la competencia entre las instituciones públicas, debe ser la colaboración mutua para potenciar la sinergia. Las duplicidades y la competencia son factores que hacen todo esfuerzo de desarrollo menos equitativo, eficaz y eficiente.

Restituir la capacidad de toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Sus funciones han sufrido menoscabo, empezando por la constituyente del 49, pero reforzado por procedimientos que parecen estar diseñados para que las cosas no se hagan. Nuestra gran falencia es EJECUCIÓN. Los gobiernos no tienen capacidad para tomar las decisiones apropiadas y cumplir con el compromiso político adquirido en el proceso electoral. Por una parte, se posterga el desarrollo que todos queremos y por otra, se burla el compromiso electoral. Esto produce el alejamiento ciudadano de los procesos políticos y por tanto de su desconfianza en la democracia. Es necesario revisar las funciones de las principales entidades públicas para aumentar las capacidades del Poder Ejecutivo del compromiso que adquirido con la población y con nuestro desarrollo.

Funcionalidad del Estado. En concordancia con el punto anterior, se hacen necesarias reformas para que la Sala IV deje de co-gobernar y la Asamblea Legislativa cumpla con su función de votar proyectos en períodos acordes con los requerimientos del desarrollo. Si esos períodos son excesivos, la Asamblea Legislativa se convierte en un factor negativo para que el Poder Ejecutivo cumpla con su compromiso político en el corto período de 4 años que dura su administración. Las reformas deben incluir a entidades tan importantes como la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, que han experimentado una desviación de las funciones originales, en perjuicio del Ejecutivo.

Hacia un nuevo modelo de gestión pública. La judicialización que ha sufrido el país tiene entre sus víctimas un modelo de gestión con un fuerte énfasis colectivo, en negación de lo que la buena administración sugiere. Las juntas directivas reflejan ese modelo jurídico. En ellas se diluye la autoridad gerencial en un grupo de directivos en el que todos son responsable y ninguno lo es. Las resoluciones se vuelven más difusas y los procesos más prolongados, en un sustancial aporte a la ineficiencia pública. Pero también a un entorno laxo, donde la disciplina productiva se pierde y en el que reina la impunidad, al igual que una jerarquía débil, propicia para el establecimiento de privilegios laborales.

Dos niveles críticos de organización: el político y el administrativo. El país flaquea en la formulación de Políticas de Estado. Cada administración se concentra en las urgencias de los 4 años de ejercicio del poder. El político actúa, legítimamente, bajo el estímulo del proceso electoral previo y los compromisos con el siguiente. Esto, llevado al estrato administrativo, es letal para la organización y los procesos administrativos requeridos para ejecutar los planes de gobierno. Crear un nuevo nivel de organización, en el cual un gerente estable pueda aplicar la tecnología y sus valores profesionales (lograr productos y servicios de calidad al menor costos y en el menor tiempo posibles), con protectores formales de interferencia política, sería un gran aporte en la capacidad pública de ejecución de proyectos de desarrollo, emanados de la política pública.

Un régimen laboral acorde con el artículo 33 de la CP. En efecto, la Constitución contempla un principio de igualdad que ha sido sistemáticamente violado por la administración pública, incluso por el Poder Judicial que debe velar por su cumplimiento. Esas violaciones se encuentran en condiciones laborales que representan un trato desigual para el funcionario público. Se trata de las pensiones, de los períodos de retiro, de los salarios, de sus pluses, de las incapacidades, de las cesantías, para mencionar unos pocos ejemplos. Es necesario establecer un marco que contenga topes de los beneficios laborales, uniforme para todas las instituciones públicas, sin excepción. Aclaramos, sin embargo, que puede haber condiciones disímiles que requieren un tratamiento especial. Es decir, que se requiere un pequeño margen de flexibilidad, que es enteramente posible mediante el establecimiento de rangos dentro de los cuales las entidades puedan responder a sus propias necesidades. Esto es administrativa y tecnológicamente posible.

Nuevos procedimientos administrativos. Finalmente, es necesario cambiar los procedimientos administrativos, en particular, el régimen de contratación administrativa y todos los procesos de control, de tal manera que se privilegien los resultados. Controles como los que ya asoman, en relación con la proyectada carretera a Limón, tienen el potencial de liquidar un proyecto esencial para el país y la zona caribe, o llevarlo a un costoso proceso que puede durar décadas. El control no se debe utilizar para “matar” proyectos.

Estos son áreas prioritarias de cambio, esenciales para restaurar un Estado en profunda situación de agotamiento. Aquí se encuentran los principales disparadores del gasto, que producen un aparato público administrativo, cuyo costo hoy alcanza al equivalente al 78% del PIB. Si los elementos de ineficiencia se mantienen, más recursos sólo producirán un déficit fiscal mayor y mayores costos políticos, sociales y económicos de la reforma institucional que siempre tendrá que hacerse. Además, actuar ahora nos puede evitar una crisis mayor, de las características de la española y griega y un altísimo costo político, social y económico. De nuevo, el acuerdo parece viable, a juzgar por el positivismo que acompañó a quienes participaron esta mañana el debate mencionado.

Esperemos que los dos políticos presentes, Ottón Solís y Alvarez Desanti, puedan llevar sus excelentes aportes a sus respectivos candidatos presidenciales y que otras fuerzas, en especial el PUSC y el ML, se sumen en un plan de acción inmediato, a ejecutarse en sus puntos más críticos antes de mayo del 2014. Si lo logran sería el mayor aporte político al país en varias décadas y un acto que puede ser el inicio de un cambio en espíritu de desconfianza que hoy impera.