¿Cuál solidaridad?

editorialLa palabra solidaridad está presente en toda discusión política y en la retórica de quienes aspiran a alguna posición de elección popular en el 2014. Sin embargo, las acciones de la mayoría de quienes la usan son groseramente incoherentes con el concepto que la palabra encierra. En realidad hay poca reacción a los muchos actos que, particularmente en el funcionamiento y estructura del Estado costarricense, constituyen una negación de la solidaridad.

La Constitución recoge el concepto relacionado de igualdad en su artículo 33 y le da al poder judicial la potestad por velar por su aplicación. Pero sus distintos órganos y su personal han actuado en directa violación del principio de igualdad que ese artículo establece. Lo han hecho con permisos docentes con doble paga, con las incapacidades, con los sueldos, con los tiempos de retiro, con pensiones de privilegio, con cesantías, entre otros privilegios.

A nivel del resto de la administración pública la situación es similar. La prensa ha difundido los hechos principales del informe preparado por el Ministerio de Hacienda bajo el título Gobierno tiene menos jubilados que la Caja y gasta más en pensiones. Algún(os?) pensionados reciben más de ¢16 millones (unos $32 mil dólares). En el 2012, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) pagó unos ¢485.000 millones a aproximadamente 191 mil pensionados, mientras el gobierno pagó ¢569.000 millones (17,3% más) a 59 mil pensionados. El promedio pagado por IVM fue de ¢195.000 mientras el del gobierno fue de ¢744.000. Las primeras corresponden al 46% del salario promedio, mientras las segundas al 90%. Las primeras se alcanzan con una edad de 60 años y 37,5 años de aportes. Las segundas al cumplir de 33 a 33,3 años de contribución al régimen. De nuevo, el poder judicial se ha recetado con la cuchara grande y espera que papa Estado llegue al rescate, pues según el superintendente de pensiones “ya cruzó el umbral de la insostenibilidad y habrá una responsabilidad histórica que sus representantes tendrán que asumir”. En suma ausencia total de solidaridad y sí mucho privilegio.

Algo similar ocurre con el déficit fiscal. Es producto de los mismos privilegios, llevados al campo de la dotación de personal y los salarios. Para empezar, nadie sabe cuántos empleados conforman la fuerza laboral pública. Cifras aproximadas dan al gobierno central unos 35 mil y en total se estiman 295.000 (encuesta de hogares del INE). Sabemos de sus propias jerarquías, que la sobredotación es rampante. Lo han reconocido en el ICE dos de sus presidentes ejecutivos; también un expresidente de JAPDEVA reconoció un exceso del 35% de su planilla; sabemos que en RECOPE hay una planilla de la unidad de refinación que no refina; El CNP viene buscando la forma de retirar funcionarios que no necesita. El costo de estos excesos debe costar a los costarricenses una cifra muy sustancial pero, en vez de introducir correctivos,  el gobierno intenta incrementar los impuestos para cubrir el déficit fiscal. Y mientras tanto el país arrastra una infraestructura precaria y más de un millón de compatriotas se encuentran en pobreza ¿Es esto solidaridad?

Un problema adicional son los salarios y los pluses que, en algunos casos, los superan. Hay varios regímenes que violan el principio de igualdad que estable el artículo 33 de la CP antes mencionado. Un funcionario del Banco Mundial anota que Costa Rica es el único país donde el empleado público gana considerablemente más que su contraparte del sector privado. Por supuesto, el poder judicial no interviene en favor de la igualdad, porque ellos son parte de las desigualdades. Las cesantías van desde 8 años en el régimen de servicio civil hasta 20 años en la Caja, el INS, RECOPE (rebajada por la Sala IV de 24 años). Las variaciones también se dan en las anualidades, pero son particularmente onerosas en dedicación exclusiva, con topes que oscilan entre 30% hasta 65% del salario. Nuevamente, el poder judicial se encuentra entre las instituciones con ese tope superior. Prohibición tiene un tope similar, lo que implica que ambos doblan con creces el salario básico. La Contraloría ha encontrado desigualdades que oscilan entre un 225% y 614% ¡qué clase de solidaridad es esa!

Tenemos además una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, según la cual, los subsidios por incapacidad son parte del salario y deja sin efecto otra decisión de la Procuraduría que permitió que la Caja hiciera sustanciales economías y que los trabajadores asumieran un comportamiento funcional más responsable y productivo. La decisión del Contencioso Administrativo tiene un fuerte aroma ideológico. Es evidente que los abogados no entienden el efecto de los estímulos que en economía explica una serie de patrones de comportamiento. La decisión de este Tribunal es un estímulo perverso de profundos efectos sociales y económicos, porque impulsan la vagabundería e incrementan los costos que explican el déficit fiscal que encara al país. Los trabajadores tendrán un incentivo para incapacitarse más y trabajar menos, porque incapacitados incluso mejoran sus ingresos.

Todo esto es parte de la profunda crisis institucional que impide que el país avance y que la solidaridad con los más vulnerable se pueda alcanzar ¿Alguien ha oído o visto de alguna propuesta por parte de los potenciales presidentes para el 2014-2018, sobre un marco común para toda la administración pública en materia laboral que incluya pensiones, sueldos y otros aspectos del régimen salarial, como los que hemos mencionado en este Editorial? La tecnología existe para crear rangos y administrar el proceso laboral con alguna flexibilidad relativa, según requerimientos específicos de cada entidad, pero con apego al principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución. De paso, debería ser de interés del poder judicial, impulsar una iniciativa de este tipo, como parte de su responsabilidad en relación con la aplicación dicho principio. Al menos por ahora, los partidos están en deuda con el electorado en este sentido y al poder judicial tal vez no le interese tocar sus privilegios.