¿Reinventar la democracia?

editorialEs un hecho objetivo que los costarricenses hoy tienen profundas dudas sobre la eficacia de la democracia. Parece contradictorio para un país cuya institucionalidad ya supera los 100 años y cuyas conquistas durante las últimas 6 décadas lo han llevado a un nivel de desarrollo intermedio, sin que haya mediano conflictos sangrientos, como ocurrió en casi todos los países de América Latina. Pero esa es la realidad nacional y la confirman las encuestas nacionales e internacionales. Para sorpresa de todos, el Latinobarámetro ha revelado que el 53% de nuestra población tiene un marcado rechazo a la democracia. Más de la mitad de los votantes inscritos se excluyen del proceso electoral o no encuentran un partido con el que puedan simpatizar. Un número creciente manifiesta alguna preferencia por un régimen totalitario y alrededor de un 80% no creen que los políticos tengan capacidad para solucionar los retos que encara el país. En el 2014 el abstencionismo podría ser uno de los más altos de nuestra historia ¿Llegó el momento de reinventar la democracia? ¿Cómo hacerlo?

Sin importar que la democracia, por su propia naturaleza, sea un proceso en permanente conflicto, es importante reflexionar sobre las opciones para darle un nuevo impulso a nuestra institucionalidad. Es esencial, sin embargo, reconocer una posible contradicción. Por una parte, la irritación colectiva se origina en una sensación de estancamiento e incapacidad para avanzar a mejores niveles de bienestar social. Por otra, existe un sentimiento popular en favor de una mayor participación civil, como lo refleja el reciente movimiento de occidente (carretera a San Ramón). Recordemos además que la democracia es un sistema de delegación, en la que el Gobierno manda y decide dentro ciertas reglas de juego, y la población obedece. Es la forma de evadir el caos social, en el que cada cual haría lo que en su mente particular le parece correcto. 5 millones de personas tomando decisiones sobre las cuestiones de Estado (participación directa) es un modelo inviable y autodestructivo.

Hay poca duda de que nuestro Estado está agotado y que eso explica en buena parte el sentimiento de frustración y descontento nacional. El Gobierno simplemente gasta, pero no produce. No tiene ninguna capacidad ejecutiva, por una variedad de razones que han sido estudiadas por expertos en la materia y en particular por los notables llamados por la Administración Chinchilla Miranda para que formularan un plan de reforma. Ellos lo hicieron pero, de nuevo, la falta de capacidad ejecutiva del sistema político lo ha ignorado. Sin embargo, el punto que queremos destacar es que, si tuviéramos buenos gobiernos, con una clara hoja de ruta y capacidad operativa para ejecutarla con equidad, eficacia, eficiencia y oportunidad,  la necesidad de abrir la participación civil no sería tan importante como parece serlo. En todo caso, parece esencial que el país trabaje en ambos aspectos. El riesgo es que lo hagamos, poniendo parches o con las premisas equivocadas, como parece ocurrir hoy cuando ubicamos al déficit fiscal como nuestro problema central y a la reforma tributaria como la solución principal. Nuestro problema es institucional y el déficit fiscal es una sus  manifestaciones. La base más sólida para encarar ese problema está contenida en las propuestas formuladas por los notables. De hecho, la reforma tributaria puede llevar a un mayor déficit fiscal.

En suma, la desconfianza popular y ciertas formas de rechazo a la democracia, seguirá presente o incluso aumentará, si la sociedad costarricense en su conjunto no enfrenta el problema de un Estado agotado, que requiere cirugía mayor. De modo que seguirá siendo la prioridad nacional No. 1. Sin embargo, pareciera que los políticos creen que con retórica el problema desaparecerá y, al menos por el momento, no parece tampoco existir la capacidad para lograr un mandato popular, vía referendos.

Con reforma estatal o sin ella, ¿Cómo se puede abrir nuestra democracia a la participación civil? Una forma que sugerimos es hacer que el compromiso político que emana del proceso electoral sea definido por las comunidades ¿Quién lo define ahora? Principalmente un ejército de tecnócratas y expertos, encerrados en largas sesiones de trabajo, que le preparan al candidato los planes para los distintos sectores del desarrollo. Cada documento para cada sector pueden contener centenares de páginas, la mayoría de los cuales son leídos y entendidos por una pequeña minoría de gente calificada y casi excepcionalmente por la población civil. Es una herencia perniciosa de la planificación tradicional, de un despliegue innecesario de tiempo y esfuerzo, y un malentendido sobre la naturaleza del diálogo político, entre el candidato y la población. Lo que el proceso político electoral requiere, son ideas o iniciativas que deben ser elaboradas en forma sintética y transmitidas con especial claridad.

Es posible que ningún presidente en nuestra historia reciente haya visualizado proyectos más ambiciosos que don Pepe Figueres y lo hizo sin el respaldo de planes para cada una de las grandes empresas que concibió y realizó, entre otras la nacionalización de la electricidad y el ICE, la nacionalización bancaria, y las coberturas centrales de nuestro bienestar social: salud, educación, red de comunicaciones, infraestructura sanitaria, etc. Los grandes planes tienen la capacidad para obscurecer el diálogo político y entorpecer un entendimiento nacional. Lo que se necesita es explicarle al país, con un lenguaje sencillo y directo, cuál es la dirección que debe tomar nuestro desarrollo, cuáles los resultados esperados y los mecanismos para asegurar su implementación.

Tomemos como ejemplo el problema institucional que los notables han estudiado con especial dedicación y competencia. Nuestro Estado está trabado, no funciona, a pesar de que todos los costarricenses sufragamos su elevadísimo costo, que hoy alcanza el equivalente al 78% del PIB nacional ¿Cuáles son sus nudos gordianos?: 1) las limitaciones al poder ejecutivo, que nacen con la constitución de 1949 y se profundizan a través del tiempo; 2) una organización macro, con notables deficiencias: los poderes compiten, en vez de complementarse en torno a su objetivo final, el bienestar social; 3) una organización micro atomizada, que crece al impulso de las ocurrencias políticas y a la inadecuada imaginación legislativa; 4) patrones de gestión pública inadecuados, a partir de modelos de administración colectiva que diluyen la responsabilidad e impiden la rendición de cuentas; 5) por lo anterior y en parte por el dominio del enfoque del pobrecito, un ambiente laboral laxo, ausente de una disciplina productiva y donde el funcionario es inmune a cualquier correctivo; 6) los privilegios asociados con el régimen salarial; 7) sistemas operativos que privilegian el control, no los resultados; 8) como resultado de todo lo anterior, un altísimo costo de operación del Estado que, como hemos señalado, equivale al 78% del PIB y que, de no racionalizarse, impedirá cualquier esfuerzo en aras del bienestar económico y social.

En 1950 nació la Segunda República y con ella quedó atrás el Estado Liberal  dominante desde nuestra independencia. Hoy está agotado, no responde a los retos del momento y los costos de ineficiente generan pérdidas por varios miles de millones de dólares anuales. No aporta al desarrollo, de hecho lo detiene, y absorbe una cantidad descomunal de recursos que la sociedad requiere para seguir avanzando por la ruta del progreso social. Hoy el país encara un reto similar al que don Pepe enfrentó en 1949. Es posible que otras 8 o 10 grandes ideas puedan explicar el cambio requerido y, de nuevo, no necesitamos voluminosos planes y copiosos documentos para el diálogo político. Lo necesitarán los técnicos más tarde para ejecutar el proceso de cambio, cuyos resultados vendrán en forma gradual. Para la discusión política sólo conocer las grandes orientaciones del cambio, los elementos de proceso y sus posibles efectos en el bienestar social.

Pero no se trata sólo de transmitir grandes ideas, sino también del proceso mediante el cual se traduzcan en metas nacionales. Hoy, lo que los asesores técnicos del candidato producen en extensos volúmenes es lo que el candidato intenta llevar a los electores. Es un producto tecnocrático que el candidato difícilmente podrá traducir en estrategias inteligibles y aceptables para la ciudadanía. Y aquí está parte del problema: estamos acostumbrados a un proceso centralista, vertical, a arriba abajo, en el que el político le dice a la población lo que necesita. Si queremos lograr un sentido auténtico de participación civil, ese proceso debe revertirse. Es la población la que debería articular sus necesidades, locales, regionales y nacionales, y que los técnicos en materia política las conviertan en estrategias nacionales de desarrollo.

No sugerimos que los estratos políticos permanezcan pasivos y que esperen hasta que la población haga sus planteamientos. Lo que pasa es que el candidato necesita colaboradores políticos, no tecnócratas. Cierto, puede haber algunas cuestiones especializadas y algunos técnicos pueden ser un recurso importante en temas críticos. Quien aspire a gobernar el país necesita, son asesores políticos, gente que haya crecido a partir del contacto con las comunidades y que conozcan su lenguaje. Estos colaboradores pueden trabajar a nivel local, regional y nacional, como facilitadores de la población civil, o incluso para introducir temas prioritarios del desarrollo; y, además, apoyar la agregación ordenada de esas ideas nacidas en el seno de la población civil, para su traducción en estrategias nacionales.

La democracia es antigua y no la podemos reinventar. Si se puede fortalecer en cada contexto de aplicación. Resumimos nuestras reflexiones así: primero, la democracia siempre ha estado en crisis, porque es el producto natural de la diversidad. Segundo, es posible que la crisis sea la causa de la desesperanza que emana de la parálisis del Estado. Si el Estado llega a funcionar, buena parte del desasosiego desaparece. Tercero, hay un problema central de comunicación. Mientras cada campaña electoral se acompaña con la elaboración de voluminosos documentos, la población necesita discutir las grandes estrategias determinantes del país que queremos ser. Tienen que ser focalizadas, pocas y articuladas en un lenguaje inteligible para todos. Cuarto, la participación civil requiere invertir el proceso de comunicación. Las estrategias deben surgir de abajo hacia arriba, partiendo de la localidad a la región y luego al país. Sobre todo, los candidatos requieren de colaboradores que tengan formación y sensibilidad política. Ellos pueden facilitar el proceso y eventualmente articularlo y traducirlo en estrategias nacionales que alimenten el compromiso político del candidato. Quinto, el candidato, ya como jefe de gobierno, podría crear consejos locales, regionales y nacionales para evaluar la ejecución de esas estrategias. Los resultados de esa evaluación pueden subir en la misma manera: del nivel local al regional y de éste al nacional.