Sindicalismo, crisis y democracia

editorialTodos estamos preocupados, descorazonados o irritados con la situación del país, pero nadie hace nada al respecto. O, peor, la mayoría asume una evasiva ante la responsabilidad de un proceso correctivo, rehúye participar o actúa como si quisiera agravar las cosas. Esta última es la impresión que uno deriva de la manifestación de los sindicatos del lunes 11, cuya justificación es difusa, incoherente, o francamente irresponsable ¿Por qué se manifestaron los sindicatos?

  • Contra Liberación, dijo un huelguista que se encontraba en el lugar y tiempo equivocados. La democracia provee una diversidad de mecanismos a través de los cuales se puede hacer mucho más que manifestarse.
  • Contra la CCSS porque quieren privatizar los EBAIS de San Pedro, Curridabat y La Unión. Craso error: el patrono de esos servicios es, hasta por algunos meses más, la UCR. Además, hay EBAIS que vienen siendo administrados (no privatizados) por cooperativas que son entidades privadas y por La Clínica Bíblica. La responsabilidad de cobertura y la calidad general del EBAIS sigue siendo función de la CCSS.
  • Contra los asegurados: en efecto, muchas personas acudieron para cumplir con una cita que cuesta un mundo conseguir y ahora tendrán mucho que esperar para que la reprogramen. Hasta la OIT se opone a estas huelgas.
  • Contra el descalabro financiero de la CCSS: enorme contradicción, porque el descalabro es producto en buena parte de los beneficios abusivos que han logrado los trabajadores de la Caja a través de los convenciones colectivas.
  • Contra todo porque todo anda mal, dicen los docentes. Excepto ellos, que han recibido los mayores aumentos salariales en años recientes y en especial en el período 2006-2010.
  • Contra una alza en las tarifas eléctricas residenciales para reducirlas a los grandes consumidores. Omiten reconocer que sus privilegios laborales y los excesos de personal han contribuido a elevar las tarifas al punto de afectar la competitividad del país y que, en todo caso, son más altas que las de casi todos los países europeos (excepto Holanda e Inglaterra) y de la mayoría de aquellos con los cuales compite Costa Rica.
  • Contra el INS, porque los motociclistas quieren pagar lo mismo por pólizas más altas, aunque reconocen que el aumento fue insignificante.
  • Contra el paquetazo fiscal. Otro gazapo, porque no existe ninguno. Hay un conjunto de ideas para discusión, pero negociar no es de interés del sindicalismo.

Si esto le parece incoherente, piense en lo que pasa en el campo político:

  • Todos admiten una crisis institucional de grandes proporciones. Dicen además, que ningún partido sólo puede cargar con el costo de las reformas. Sin embargo, a pesar de la atomización política, no se ha producido ningún compromiso en torno a una posible reforma de fondo al Estado.
  • La voluntad popular ha sido, una y otra vez, burlada por un compromiso electoral que no se cumple o se cumple solo parcialmente. Es natural por tanto el creciente enojo del elector que no quiere votar.
  • Los candidatos prometen, pero una vez que alcanzan la Presidencia, las entidades estatales confabulan para que no ejecute. Se destacan en esta acción obstructiva el Poder Judicial especialmente a través de la Sala IV; un Congreso que no legisla y con frecuencia interfiere; entidades autónomas, ruedas sueltas, que se han excluido de la política pública; la Contraloría que ha extendido sus funciones en perjuicio del poder ejecutivo; la Defensoría de los habitantes, más interesada en acusar al poder ejecutivo; la Procuraduría que ha dejado de ser el “abogado” del Gobierno, para mencionar algunas.
  • Una gerencia pública judicializada, con juntas directivas por todo lado, que conforman la base de una gerencia colectiva, con una responsabilidad difusa, que no admite la rendición de cuentas.
  • Procesos interminables e ineficientes, que privilegian el control y penalizan los resultados.
  • La Sra. Presidente convocó a un grupo de notables para que hicieran una propuesta de reforma institucional. Los notables cumplieron, diríamos, con creces. Pero la Sra. Presidente envió algunas tibias propuestas de reforma al congreso, ignorando la profundidad del trabajo de los notables.

Y ¿Qué hace la población civil? Muy poco, con excepción del movimiento de occidente, río revuelto donde pescan grupos de interés particular y se nutre la voracidad mediática sensacionalista. Culturalmente somos mejengueros y nos gusta criticar todo y desvirtuar la opinión ajena. Más del 50% se disocian del proceso electoral y caracterizan a la política de choricera. Sin embargo no es el momento para especular sobre ello. Lo que sí es evidente es una actitud autodestructiva de la cual participamos los sindicatos, los políticos y la población civil. Ese curso hay que cambiarlo.

Primero, los sindicatos deben ser confrontados para que asuman su cuota de culpabilidad en todo lo que nos abruma y en forma particular por la crisis institucional. Por supuesto, la comparten los políticos que irresponsablemente no metieron en el atolladero en que nos encontramos.

Segundo, ese Estado que han secuestrado los sindicatos para su propio beneficio, es el mayor obstáculo para que las cosas empiecen a mejorar. Es un Estado disfuncional, que absorbe cantidades sustanciales de recursos, sin los cuales el país no podrá avanzar. Unas pocas cifras pueden aclarar de qué hablamos. Según datos del Banco Central y de la Contraloría, el presupuesto recién aprobado suma un total equivalente al 78% del PIB nacional. Esto de por sí sería una razón para no seguir por el camino del precipicio y del caos que nos quiere llevar el sindicalismo. Pero hay otro dato más contundente. Si presumimos que el costo de la ineficiencia pública es algo cercano al 20%, ello implicaría pérdidas para el país que rondan los $7000 millones por año, dinero suficiente para cubrir el déficit fiscal y canalizar recursos a la producción nacional por montos que podrían superar los $2000 millones anuales. Sin embargo, los indicios sugieren que ese costo de ineficiencia es mayor. Pero aún con esas cifras conservadoras, los montos y las oportunidades perdidas frustrarán cualquier aspiración de progreso y compromiso con la justicia social y la equidad.

Tercero, el país necesita urgentemente una inversión sustantiva en infraestructura, posiblemente del orden de los $1000 o $1500 millones anuales, sostenida por una década, para mejorar la competitividad, impulsar un elevado crecimiento, y generar más empleo e ingresos. En el mediano plazo la reforma estatal, si tiene la profundidad necesaria, irá liberando recursos ociosos para invertirlos en el desarrollo con justicia y equidad. En el corto plazo, el país tiene en reservas laborales y excedentes de algunas empresas públicas, algo cercano a los $20 mil millones. Es suficiente para constituir un fondo rotatorio para inversión en infraestructura. Todos los proyectos, igual que lo hacemos ahora, se pagarán a sí mismos (por ejemplo mediante peajes y tarifas) y aportarán a la solidez de esos fondos. Los recursos están ahí y solo requieren de las leyes y mecanismos de administración apropiados.

Cuarto, la población puede entrar en el proceso de reconstrucción de la institucionalidad del país, a través de referendos, mandatos populares que alivian en gran medida el peso del costo político del cambio.

Finalmente, nada de esto será posible sin una concertación política en la que participen por lo menos los 4 partidos más votados de tal manera que se legisle para el cambio y que se acuerden procesos de excepción acordes con la urgencia de retomar el camino del desarrollo. Hasta el momento, como dijimos antes, los partidos han evadido esta realidad y, por el momento, seguiremos de la mano del sindicalismo por la ruta autodestructiva que ellos han escogido.