¿Peligra la democracia en Costa Rica?

editorialEn 1996 el 88% de los costarricenses apoyaban la democracia. 73% lo hacían en el 2007 y este año 2013, ese respaldo corresponde solo al 53% de la población. Según varias encuestas de este año, más del 50% de los votantes registrados no se identifican con ningún partido político y el tribunal electoral predice un crecimiento de la abstención, que a partir de 1998 ha superado el 30%. La corrupción se señala como la principal causa del debilitamiento de la democracia. Además, una pequeña minoría (22%) cree que el Gobierno puede resolver los problemas que nos aquejan y un 17% prefiere un régimen autoritario, comparado con solo un 7% en 1996. La tendencia hacia el autoritarismo en la región parece ser más decisiva, como lo demuestra el hecho de que 8 países, con una población conjunta superior a 72,5 millones, han aceptado la iniciativa del gobierno venezolano para conformar el ALBA.

¿Peligra la democracia en Costa Rica? ¿Qué tan profunda es la irritación que nos perturba? No deberíamos menospreciar el riesgo que representan algunos grupos que hacen lo posible por reforzar la imagen de un país que se cae a pedazos y nos ofrecen sustitutivos como el cubano o el venezolano. Tampoco deberíamos ser indiferentes a los medios de prensa, siempre prestos a exaltar lo que genere “rating”, sin importar las consecuencias en el largo plazo y los perjuicios de los que ellos mismos serían víctima. Pongamos todo en perspectiva: 1) Costa Rica se destaca por su nivel de desarrollo humano, admirado países con más más recursos y posibilidades, y su sólida institucionalidad; 2) culturalmente, el país no aceptaría un modelo autocrático, tipo socialismos siglo XXI. Mientras Cuba reconoce su fracaso 50 años después y Venezuela nos dice que es lo no debemos hacer, Costa Rica tiene para demostrar adelantos sostenidos por más de 7 décadas; 3) es cierto que tenemos problemas y que más de un millón de compatriotas se encuentran en pobreza. Peor, la población no cree que el Estado tenga capacidad para resolver este problema; y, 4) cambiar esta situación no es tan complejo, siempre que medie un amplio compromiso político y/o que la población civil se organice para producir un mandato popular de cambio. Puntualicemos a continuación la esencia de nuestra problemática.

Nuestra tesis es que todo el fenómeno de la crisis ocurre por dos razones fundamentales. La primera es que hemos hecho del proceso electoral una burla social y un irrespeto del propio sistema político, a la democracia. Nos llaman a todos a votar un compromiso político (plan de gobierno) que luego no se cumple. La segunda es lo que hemos llamado la dictadura del procedimiento. Cada instante de cada día miles de costarricense se encuentran realizando alguna gestión de gobierno y ¿Qué recibe? Indiferencia, mala calidad del servicio, largas colas, lentitud de las decisiones y con mucha frecuencia simple incapacidad para resolver problemas simples. El ciudadano generaliza la corrupción porque la única manera de superar la dictadura del procedimiento es con el chorizo. De alguna manera podríamos concluir que estamos metidos en un engranaje organizacional, un sistema confabula contra nuestro desarrollo y bienestar.

El Presidente electo no quiere ignorar su compromiso político. El más popular de los últimos 30 años se ganó la confianza de la ciudadanía porque puso al país a caminar. Pero aun así tuvo obstáculos que enfrentar y muchas obras se quedaron en el camino. Hay dos razones para ello. La primera es que tenemos una organización pública cuyo eslabón más frágil es, precisamente, el Poder Ejecutivo, principal conductor de los procesos de desarrollo. Es frágil porque la Constituyente del 49 lo dispuso así de cara a los abusos cometidos en años previos, que concluyeron con una guerra civil. Pero esa fragilidad se fue acentuando bajo el mal interpretado principio de los controles cruzados entre instituciones y poderes del Estado, en vez de privilegiar la colaboración para el logro de sus objetivos. La consecuencia es que el Presidente se encuentra con las manos atadas para cumplir el mandato popular representado por su plan de gobierno. Y mientras el Ejecutivo se debilita, otros órganos invaden sus responsabilidades, como la Sala IV, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría de los habitantes y el propio congreso. Todo lo cual hace del proceso electoral una burla y la función del Estado ineficaz e ineficiente.

Segundo, el sistema operativo que regula el funcionamiento público ha seguido la misma tendencia. Los procesos y los subsistemas de administración de recursos económicos, humanos y físicos están hechos con una mentalidad de control, que obstaculiza, enlentece y hace onerosa toda obra pública. 30 años para construir unos 80 kms de carretera a Caldera y 40 años para construir 38 kms a San Carlos, ilustran la ineficiencia extrema de la administración pública y dejan poco margen de confianza para atender problemas más complejos como la pobreza, aunque la retórica política abunda en soluciones. La gente se autoexcluye, se irrita y pierde fe en el político y en la política.

El buen gobierno es la solución, pero, ¿Cómo hacer buen gobierno? Para empezar es necesario un cambio de mentalidad. Lo que hemos hecho, lo hicimos bajo dos impulsos principales: proteger la independencia entre poderes y aún de algunas instituciones bajo el régimen de autonomía que, esencialmente, quedan al margen de la política pública. Hay que darle vuelta a la tortilla. Debemos partir de los propósitos últimos del Estado, el bienestar de todos, y privilegiar los productos y la complementación entre poderes e instituciones, porque es la forma más eficaz de articular los recursos y maximizar beneficios. Con esta visión, debe reformarse la organización macro-institucional, para restituir la autoridad del Poder Ejecutivo y promover una colaboración más cercana entre poderes. Las organizaciones en condición de autonomía deben integrarse a la política nacional.

Por otra parte, toda la tramitología y los subsistemas de gestión del recurso humano, físico y financiero debe ser totalmente reformado, de nuevo dejando en un segundo plano de importancia los controles y pensando en cómo agilizar resultados. El marco  operativo está invadido por ineficiencia, privilegios y abusos que, esencialmente, hacen más lentos y onerosos los proyectos del desarrollo. El Estado se ha vuelto pesado, ineficaz, pero sobre todo costoso. Según cifras oficiales del Banco Central y de la Contraloría, el costo del aparato estatal equivale al 78% del PIB nacional, una cifra inaceptable desde todo punto de vista.

El pueblo no cree porque el político no cumple; y éste no cumple porque carece de la autoridad y de los instrumentos (procedimientos y recursos) para generar productos de calidad, entregados a los ciudadanos y al país en forma oportuna y al menor costo posible. Restituir la autoridad del Presidente y crear procesos y herramientas que le permita cumplir con su compromiso político-electoral, nos llevará por un camino más expedito al desarrollo y, cuando ello ocurra, la población recuperará la confianza en los políticos y en la política, es decir, en la democracia.