La crisis institucional develada

editorialEste medio se ha referido en forma reiterada a la crisis institucional que tiene secuestrado nuestro desarrollo y roba los recursos esenciales para el bienestar de los costarricenses, especialmente de más de un millón que se encuentran en pobreza. Parece haber consenso sobre el problema pero las causas no siempre están claras en las mentes de los políticos y de los analistas. Cuando reventó la crisis de la CCSS insistimos que no era financiera, sino de los modelos de prestación de servicios y de gestión. También insistimos de que algo similar ocurría en el ICE, hasta que su actual director reconoció públicamente la existencia de un déficit multimillonario. Ahora reiteramos una vez más nuestra postura: no es un problema financiero, sino las deficiencias de los modelos de gestión, una cuyas manifestaciones son las de carácter financiero. En estas y en la mayoría de las instituciones coadyuvan como factores de desequilibrio institucional y financiero, los privilegios laborales que se han venido acumulando a través de los años.

Por otra parte hay, entre gremios y ciertas corrientes políticas, una tendencia a la negación. Un candidato presidencial ha caído en un lugar común y repite la cantaleta de que transnacionales extranjeras se quieren robar el patrimonio nacional. Ciertamente hay intereses particulares al acecho de los vastos recursos que se invierten en áreas como salud, educación o energía. Lo que no es admisible es que estos argumentos se usen para ocultar los riesgos que se ciernen sobre esas instituciones desde su propio interior y que intenten mantener un status quo a todas luces inconveniente para el país. Es lo que vienen haciendo los gremios y algunos grupos neoestatistas. Los riesgos han sido claramente expuestos por el Ministro de Hacienda: nos estamos acercando peligrosamente a la situación que ahora enfrentan países como España y Grecia ¿Qué hacer? Un buen inicio es reconocer la naturaleza del problema y sus causas subyacentes. El ICE, que había negado su difícil situación interna, ahora lo ha hecho público  y por boca de sus Presidente Ejecutivo (PE). Los costos de la energía eléctrica afectan en forma sustancial la competitividad del país en relación sus socios comerciales y la causa principal no es otra que ineficiencia (ver AQUÍ) ¿Cómo lidiar con estos problemas?

Uno de nuestros argumentos principales es que, hacerlo como un esfuerzo particular en instituciones como la CCSS, el ICE y el MOPT, para nombrar casos prominentes de la crisis, es atacar problemas individuales que tienen raíces comunes. Es incurrir en un desgaste, político, social y económico, dejando la semilla de la crisis para que brote a la vuelta de la esquina. Todas las instituciones públicas enfrentan problemas originados en el modelo de Estado que hemos desarrollado. Por tano es importante atacar las deficiencias de ciertos ejes estructurales de la administración pública en su conjunto. Sobre estas bases, cada organización podrá hacer ajustes específicos de su propia realidad. Mencionamos a continuación algunos de estos ejes estructurales.

Ausencia de Políticas de Estado (PE). El país no conoce con claridad su situación en cada uno de los distintos sectores y menos aún el curso que debemos seguir como aporte integrado al desarrollo o, en otras palabras, la ruta para lograr una visión integrada del país que queremos ser y los medios para concretarla. Esta es una responsabilidad del Presidente conjuntamente con los Ministros de cada rama, con exclusión de cualquier otra responsabilidad.

Ineficiente ejecución de la política pública. Hemos fracasado también en ejecutar las políticas, en buena parte porque los ministros (también los PE) están muy ocupados atendiendo la situación de crisis administrativa que ellos o sus antecesores alimentaron por ineficiencia, indiferencia o incompetencia. Se agrega a ello que la formación política y los procesos electorales, como estímulo en la toma de decisiones, correcta en la formación de política pública, es generalmente catastrófica en los estratos que administrativos.

La solución es simple: nombrar en los estratos tecnocráticos a gerentes profesionales, estables mientras dure su buen desempeño y seleccionados mediante mecanismos independientes del poder político. Son estos gerentes los que, impulsados por su ética profesional, lucharán por lograr los productos que le den sentido a la política pública, en condiciones de calidad, oportunidad y costos razonables. Sugerimos que los candidatos a la presidencia deberían la idea de constituir dos niveles de organización, por una razón simple: una mayor posibilidad de que el político pueda contribuir a establecer políticas públicas sólidas y con ello un sendero claro por donde transitar, por una parte. Y, por otra, una mayor certeza de que esas políticas se van a ejecutar, entregando a la población y al país los productos esperados.

Acabar con el modelo de gerencia colectiva. Hemos sido víctima de la creatividad jurídica que nos ha dado un modelo de gestión colectiva, a través de las juntas directivas. Si la responsabilidad y la autoridad están dispersas, la ejecución de los proyectos del desarrollo se diluye, se atrasan, y tampoco se podrá instituir un sistema de rendición de cuentas. La debilidad gerencial implica fragilidad de la supervisión y un entorno donde el trabajador actúa con total impunidad. Es una de las principales fuentes de improductividad y de decisiones que han resultado en concesiones laborales onerosas que alimentan la crisis fiscal. Las juntas directivas deben ser suprimidas y las esenciales que actúen en capacidad asesora y que sus miembros sean seleccionados por competencias y no por representar intereses particulares que fácilmente entran en conflicto con el interés nacional. La unidad de la gerencia no puede ser fragmentada porque imposibilita la rendición de cuentas.

Improductividad laboral. Es necesario cambiar sustancialmente el régimen laboral, de tal manera que se eliminen los estímulos perversos (me pagan lo mismo o más para no trabajar, entonces acudo al recurso de la incapacidad) que alimentan el comportamiento improductivo. Sustituir al político por un gerente profesional estable en los estratos administrativos, es un paso en la eliminación del entorno de impunidad que prevalece. Los excesos de personal (1800 de 15000, según el PE del ICE solo en electricidad) impiden el control de la productividad, porque la única forma de llenar el horario de trabajo es mediante el ocio. O peor, como ocurre en el ICE, los técnicos usan sus horarios formales para hacer trabajos privados. De nuevo, un gerente cuya ética profesional lo impulsa a buscar el mejor producto al menor costo posible, ayuda a que la organización solo contrate al personal que necesita, mientras no haya injerencia política. Por otra parte, en consonancia con el artículo 33 de la CP (principio de igualdad) es necesario crear un marco (rangos) de condiciones laborales comunes para todas las instituciones públicas, las cuales tendrán un razonable margen de flexibilidad para ajustarlas a necesidades y posibilidades individuales (salarios, incapacidades, permisos docentes, cesantías, edad de retiro, tiempo de servicio para pensión, vacaciones, etc.).

Tramitología como aporte a resultados. La imaginación jurídica también nos ha dado una complicada vorágine de procedimientos sustentado en el control. Hemos hecho un reiterado llamado a superar la dictadura del procedimiento, una barrera impuesta para negar, detener o matar cualquier iniciativa pública o privada. Es ella la responsable de la imagen social de una administración pública corrupta. Es necesario eliminar mucho de lo que, con orientación de control se ha construido, con nuevos procedimientos orientados a resultados, con calidad, oportunidad y eficiencia.

Un estado con entidades que se complementan, no que compiten. La Constitución del 49 se orientó en gran medida a controlar y disminuir la autoridad del Poder Ejecutivo, en razón de los abusos de años precedentes. La tendencia se ha mantenido en la organización del Estado y en las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se ha logrado limitar la capacidad del Presidente de la República para conducir al país por el sendero de la prosperidad. Privilegiamos los controles y con ello obstaculizamos los resultados en perjuicio de la población. Pero además estamos haciéndole gran daño a la democracia. Al dificultar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, limitamos la capacidad del Estado en su conjunto de responder a un compromiso político emanado de la voluntad popular, expresada en el proceso electoral. No debe sorprender entonces que la población se sienta engañada y que, según una encuesta de Cid-Gallup para Latinobarómetro, el apoyo a la democracia haya bajado de un 73% en el 2009, a un 53% en el 2013. Lo cual es también consistente con el hecho de que hoy, de cara al 2014,  más de la mitad de los electores registrados se autoexcluyen del proceso electoral. Por todo ello, es esencial y urgente restituir la autoridad del Poder Ejecutivo y fortalecer la sinergia entre poderes del Estado, sin perjuicio de su independencia y de controles esenciales entre sí.

El país necesita transformaciones importantes en su institucionalidad, preservando sus fortalezas, que nos distinguen en el contexto latinoamericano. Debemos entender que las instituciones del Estado, actuando en forma complementaria, son parte central del motor del desarrollo y del bienestar de toda la población, sin exclusiones. También que los modelos de organización, gestión y sistemas operativos, deben privilegiar los resultados sobre los controles. Sólo partir de los correctivos macro-institucionales, podremos hacer correctivos sustentables en organizaciones fundamentales del estado solidario y competitivo, como el ICE, la CCSS y ministerios clave como el MOPT y el MEP.