¿Cuál chorizo?

editorialLa corrupción es uno de los términos más frecuentes y sonoros de la actual campaña electoral. Se usa como expresión de desprecio al proceso político y para descalificar alguna de las tendencias o algún político en particular ¿Cuánto de esto aplica a nuestra realidad política actual? No estamos seguro de la respuesta, pero podría ser que el problema no sea tan agudo y también que exista confusión en torno a los factores causales.

Transparencia Internacional (TI) ofrece algunos indicadores que hacen posible cierto nivel de objetividad, en un tema donde las percepciones dominan sobre los hechos. Por supuesto, la percepción en sí misma implica la existencia de un problema relacionado. Según TI Costa Rica es tercera entre los países de América Latina, solo detrás de Uruguay y Chile. Sin embargo, la distancia entre estos dos países, ambos con 7,2 y Costa Rica con 5,8, es sustancial (escala con un máximo de 10 puntos). En la región de 32 países, 22 tienen una calificación inferior a 5. La conclusión es obvia: la región tiene un problema serio de corrupción y nuestro país, tercero en Latinoamérica, se encuentra ligeramente por encima de esos 22 países.

TI ofrece algunas explicaciones de este fenómeno, pero no profundiza mucho en sus causas. Sí anota que las familias de menores ingresos tienen una mayor tendencia al soborno, lo cual pesa aún más sobre su nivel de bienestar. Por otra parte, el 54% de los encuestados en el 2007 pensaban que el Poder Judicial era corrupto. Es posible que eso nos incluya, en la medida que tenemos una justicia lenta y que los privilegios del sector público son iguales o más pronunciados en el Poder Judicial, que precisamente tiene la responsabilidad de velar por el principio de igualdad que contempla el artículo 33 de la constitución. Otro factor destacado es la mayor injerencia de grupos de presión e interés particular en la toma de decisiones.

Si el problema existe, donde está la respuesta para nuestro país. Antes conviene intentar entender si la percepción es consistente con los hechos. Es posible que se haya acentuado con los casos en que fueron involucrados tres importantes figuras políticas y muchos otros asociados. Los montos no eran significativos para los estándares de la mayoría de los países de la región. Pero el daño en el imaginario colectivo fue profundo. Igualmente, es cierto que la fuerte relación entre el poder político y el poder económico genera oportunidades para un grupo reducido de actores que sugiere corrupción o, al menos, transgresiones éticas.

Pero, por otra parte, la población descarga su enojo por la corrupción política. La Trocha es un buen ejemplo, fresco en la memoria de todos. La percepción generalizada es que la corrupción dio al traste con ese proyecto. La culpabilidad se le atribuye a la Presidente y en general al sistema político. Los hechos apuntan en otra dirección. Puede haber habido incompetencia, pero no corrupción política, ya que hasta la fecha ningún político ha sido imputado por tal razón. Claramente, la presunta corrupción se encuentra en los estratos técnicos y administrativos, no a los políticos.

Por qué entonces culpar al sistema político. Pues, simplemente, porque éste no ha hecho mucho por desarrollar y ejecutar sistemas transparentes y, además, porque la argolla entre el interés económico y el político es obvia para el ciudadano de a pie y la expresa en tiempos electorales, con bastante precisión cuando dice que una candidatura que no tiene el respaldo del empresariado, no es viable. Y claro, el empresario cobra. Pero hay algo más importante. La población está en contacto permanente con las instituciones públicas sin las cuales prácticamente ninguna iniciativa puede realizarse. Y Qué resulta de ese contacto: trato indiferente, procedimientos engorrosos, lentitud en las decisiones y frecuentes entrabamientos difíciles de superar. Es lo que hemos llamado la dictadura del procedimiento, un poder burocrático que parece ensañarse contra toda iniciativa civil y que, con excesiva frecuencia, solo se resuelve con el chorizo ¿Por qué entonces, la población culpa de ello al sistema político o al político? Porque el político ha sido prominente en crear este Estado engorroso, que privilegia el procedimiento sobre los resultados y que parece ser un enemigo del pueblo y de un desarrollo que todos sabemos es posible dentro de las posibilidades y los recursos disponibles, si los utilizáramos en forma adecuada. Y aquí también se presenta la restricción de que ese Estado disfuncional está dominado por una burocracia improductiva, que nos tiene en una profunda crisis de recursos, producto de los privilegios logrados por convenios colectivos de dudosa legalidad y por la huelga, respaldada por manifestaciones callejeras que paralizan la economía nacional. Y ¿Qué hace el político? El déficit fiscal, que según analistas serios nos acerca a una crisis como la española o la griega, ofrece evidencia objetiva de su indiferencia frente a estos abusos y explica que, en el imaginario colectivo, el corrupto sea el político.

Pero la situación no es tan clara. No es tanto un problema de personas, sino de sistemas, especialmente dos sistemas: el político y el sindical. El primero por su debilidad en la toma de decisiones y el segundo porque ha construido una ética según la cual el servicio y los recursos públicos están para su bienestar individual, no para el servicio al usuario, al país o a la sociedad. Los economistas explican ciertos fenómenos a partir de estímulos. Levitt y Dubner (Freakonomics) se preguntan ¿Quién hace trampa? Y se responden: todo mundo si los estímulos son suficientemente fuertes.

Tómense por ejemplo las incapacidades. Si puedo seguir percibiendo mi salario completo sin trabajar, para que trabajar. Y, si además tengo la posibilidad de encontrar un médico corrupto que me dé una incapacidad, sin ningún riesgo laboral para ambos, ésta ofrece beneficios sin ningún costo. Algo de esto explica la relativa impunidad laboral en el sector público. Los privilegios que se han acumulado o incluso la baja productividad, siguen la misma lógica. Si la supervisión es débil, como funcionario puedo abusar de mis aspiraciones sabiendo que al final de cuentas tengo una alta probabilidad de éxito. Incluso cuando hace huelga, la negociación termina siempre en favor del trabajador e incluso si es ilegal, su remuneración sigue intacta. Riesgos y costos bajos y beneficios altos.

El tema fiscal está siendo enfrentado por la vía inútil de ingresos y gastos. La crisis fiscal, pero más importante, la solución a los desequilibrios económicos y funcionales que aquejan a nuestro Estado, sólo se será posible si los estímulos negativos que hemos construido y que impulsan toda forma de comportamiento que raya en violaciones éticas, corrupción abierta o incompetencia, son revertidos. Un Estado impulsado por la búsqueda del bienestar social, debe incluir estímulos que impongan un alto costo a las violaciones éticas y de calidad del servicio público y no que las recompense. Como lo hemos argumentado en forma reiterativa, la solución se encuentra en una reforma integral del Estado en el que dominan los estímulos negativos, de los cuales resultan una serie de comportamientos que nos tienen en quiebra y que detiene toda posibilidad de desarrollo.