Chinchilla juega última carta contra el déficit

Estrategia apuesta a discutir el proyecto tras elecciones, con el apoyo del candidato ganado

Promoverá acuerdo con candidatos a la presidencia, partidos y sectores

 

Una vez que pasen las elecciones nacionales y con una ventana de tan solo tres meses —entre febrero y abril—, Laura Chinchilla jugará la última carta para corregir parte del problema fiscal antes de dejar Zapote.

Antes de lanzar su carta, evaluará si existe o no ambiente.
Para eso, su ministro de Hacienda, Édgar Ayales, lidera un maratónico proceso de consulta, dividido en mesas de diálogo, para crear el consenso con sectores, candidatos e incluso los diputados actuales.
No obstante, todo el esfuerzo puede ser consumido por los fuegos electorales, además del lento trámite legislativo.
La ventana de tres meses entre febrero y abril, es el umbral que se quiere aprovechar para la discusión de un plan fiscal.
El que los diputados estén próximos a concluir su gestión puede facilitar la discusión, debido a que su costo político es bajo.
Sería su último proyecto, pueden asumir una postura de responsabilidad por resolver un problema país, y ya la campaña electoral habrá terminado.
Pero, para que esto sea factible, serían necesarias dos condiciones.
La más importante, es que el proyecto sea del agrado del candidato que gane las elecciones.
De esta manera, esa persona podrá negociar el apoyo de los actuales diputados, debido a que a esas alturas puede negociar cuotas o cargos futuros.
Este interés estaría justificado en la virtud que significa iniciar el gobierno con recursos frescos.
Así, es viable financiar los proyectos de Gobierno.
Como beneficio adicional, el costo político recaería sobre el Gobierno actual, y no sobre el propio.
A eso se suma, que será el equipo liderado por Ayales el que hará el desgaste de las consultas.
Estas tendrán lugar a partir de final de mes, con el reto de generar apertura y a la vez, lograr consenso.
Los encuentros empezarán el 24 de octubre y se llevarán a cabo en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños.
Cada mesa verá uno de los cinco temas medulares de las ideas que se exponen en el documento.
Las mesas estarán lideradas por el equipo del Ministerio de Hacienda, Édgar Ayales, José Luis Araya, Álvaro Ramos, Jordi Pratt y María Calvo.
De ahí saldría un documento de consenso, a partir del cual surgirán los puntos que incluirá la reforma fiscal.
Esto, en caso de que tenga el apoyo del candidato electo.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones de fomentar un diálogo nacional por parte de la mandataria, sus planes podrían ser solo una anécdota de su Gobierno.
A menos de cuatro meses de las elecciones nacionales, un apoyo decidido de un candidato presidencial al establecimiento de una reforma fiscal que incluya recorte de plazas y más impuestos, se traduciría en la pérdida de caudal electoral.
De esta forma, difícilmente algún aspirante apoye públicamente la iniciativa de forma decidida.
Además, a estas alturas de la campaña política, la Asamblea entra en una dinámica electoral que imposibilita los acuerdos, pues la denuncia y el control político se intensifican durante los meses previos a las elecciones, mientras que la negociación queda relegada a un segundo plano.
Paralelamente, el diálogo que quiere Chinchilla se ve entorpecido por el extenso receso legislativo que pronto será aprobado por los diputados.
Tradicionalmente, antes de las elecciones nacionales, los congresistas se van desde la primera semana de diciembre con el objeto de hacer campaña a favor del candidato de turno, y no regresan a su trabajo hasta después de los comicios.
Por si esto fuera poco, la Presidenta tratará de avalar en tan solo tres meses un proyecto de ley que dura en promedio más de dos años para ser aprobado.
Otra barrera está relacionada con la dificultad de alcanzar un acuerdo mayoritario de 38 votos para votar un proyecto de este tipo.
Esto, porque al ser una iniciativa que incluye gravámenes, necesariamente se requiere una mayoría calificada para su aprobación.
Esta no es la primera vez que la mandataria trata de arreglar el déficit fiscal.
A mediados de su gobierno logró un acuerdo político con el Partido Acción Ciudadana (PAC) para impulsar un plan fiscal, el cual incluía la eliminación del impuesto de ventas y su sustitución con uno al valor agregado de hasta un 14% para todos los bienes y servicios.
No obstante, esta propuesta fue declarada ilegal por la Sala IV, por encontrar vicios de procedimiento en la tramitación de la ley.
Disminuir el déficit es de vital importancia para las finanzas estatales, pues actualmente el 40% de los gastos gubernamentales se financia con deuda, lo cual aumenta la tasa de interés de los préstamos y las tarjetas y al mismo tiempo, eleva la inflación.
En términos sencillos, es como si usted financiara la mitad de los gastos mensuales de su hogar con préstamos o tarjetas de crédito.
Entre las propuestas iniciales que Ayales presentó ayer, se encuentran la mejora en la calidad del gasto del Gobierno, así como el recorte de erogaciones innecesarias.
Esto lo lograría por medio del congelamiento de plazas y el cambio en los esquemas de salarios.
Asimismo, busca impulsar un sistema tributario con más dientes para perseguir a los evasores y por supuesto, impulsar un mecanismo tributario en el que los contribuyentes paguen de acuerdo con sus ingresos, es decir, que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres.
Uno de los elementos más novedosos es la inclusión del medio ambiente en el cálculo de los impuestos.
Por ejemplo, una de las propuestas es desincentivar la contaminación y estimular el uso de tecnologías limpias a través de gravámenes para quienes no hagan verdes sus procesos de producción. En ese sentido, Chinchilla propondría aplicarlo para el sector transporte.
Sobre este tema, varios candidatos y diputados opinaron con recelo sobre la eventual aprobación de la iniciativa.

 

 

 

TOMADO DE:  https://www.larepublica.net/