Gobierno quiere perseguir capital criminal

Proyecto de ley contra bienes sin justificación

NAC4-1-DROGA

“Ley de extinción de dominio”

Según Gamboa, en este momento las cárceles están llenas de personas fácilmente reemplazables en la organización criminal, y no los líderes. es el nombre del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo con el propósito de perseguir y gravar aquellos bienes y recursos, cuyo origen no tiene justificación, por lo cual se les podría relacionar con el crimen organizado.

Este proyecto de ley, impulsado por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Carlos Alvarado, y el comisionado Antidrogas, Celso Gamboa, se basa en la premisa de que la única forma efectiva de dañar la criminalidad organizada, consiste en afectar los recursos financieros que respaldan su operación.

La Ley de Extinción de Dominio, una vez aprobada, crearía los instrumentos jurídicos y técnicos, que permitan investigar, regular y perseguir aquellos capitales sin causa lícita aparente, es decir, los que sus “dueños” no puedan justificar de dónde provienen.

Chinchilla hizo énfasis en el hecho de que sin herramientas como esta, no se podrá seguir trabajando y luchando en contra del avance del crimen organizado y el narcotráfico, pues según la Presidenta, el país por ser víctima de una “geopolítica perversa” le es imposible “mudarse de casa”.

“Faltan reformas legales y constitucionales, sin las cuales Costa Rica no podrá garantizar en el mediano plazo la lucha efectiva contra el crimen organizado. Tarde o temprano nuestros policías serán objeto con esfuerzos de corromperlos, de intimidarlos y cuando no respondan los estarán matando”, señaló la Mandataria.

La Presidenta también se refirió a las dos reformas constitucionales con respecto a la figura de la extradición de nacionales y el manejo de las intervenciones en las comunicaciones, que forman parte de las acciones necesarias en la globalización de los instrumentos de justicia para atacar un fenómeno criminal que opera sin fronteras y que tiene a Costa Rica, como un escenario geopolítico muy atractivo para funcionar.

DERECHO ANULADO

Por su parte, Alvarado, director del ICD, afirmó que la ley se sustenta en el hecho de que los bienes y capitales obtenidos de forma ilegal en realidad no son propiedad de quien los maneja, pues la acción ilícita anula ese derecho.

“El asunto es quitarles los bienes sin necesidad de condenarlos penalmente. Todo lo decomisado no se reparte, sino que se reinvierte para que el sistema sea autosuficiente y se concibe como una herramienta de persecución criminal”, afirmó el jerarca.

El comisionado Gamboa afirmó que además de permitir privar a las organizaciones criminales de sus recursos, esta ley incluso conseguiría que las personas tuvieran que declarar y registrar mejor sus bienes, mejorando la recaudación de impuestos.

“Cabe destacar que además se aborda con inteligencia un problema que anteriormente se combatía con violencia. Adicionalmente, se obligará a declarar y tributar a muchas personas, lo que significará un beneficio adicional al Estado”, dijo Gamboa.

Según datos de Presidencia, Colombia, Guatemala y Honduras cuentan ya con normativa sobre la materia en plena ejecución.

TOMADO DE: http://www.prensalibre.cr/