El contexto de la apatía política

editorialLas encuestas siguen revelando la apatía política, que cubre fácilmente a más de la mitad de la población. Coinciden en ello el historiador Iván Molina al señalar que “A Costa Rica ciertamente no le conviene que el PLN gane las elecciones presidenciales del 2014, pero le conviene menos que las pierda, dado que, en estos momentos, ninguno de los partidos de oposición parece tener una capacidad mínima de gobierno” o el Presidente del TSE cuando nos advierte: “Sabemos que estas elecciones se darán en un marco de malestar ciudadano, de mucho enojo con la política y los políticos y que podría incrementarse la abstención” (énfasis agregado).

La apatía es bronca colectiva contra el político, en buena parte sustentada en el desconocimiento de los problemas institucionales, especialmente  aquellos que limitan la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo. Es decir, los que impiden que, aun cuando el Presidente del país quiera actuar, encuentran que la institucionalidad ha minado su autoridad y limita su capacidad para cumplir con el compromiso político adquirido en el corto período calendario de 4 años y político de 3 años o menos. Porque cuando aparece un proyecto complejo, como el TLC o el Plan Fiscal, todo lo demás pierde presencia nacional. Limitar el poder del ejecutivo fue la motivación principal del constituyente de 1949 (respuesta lógica a los abusos precedentes) y también del diseño del Estado durante la segunda mitad del siglo pasado. En efecto, el proceso judicializado nos ha dado una organización atomizada que diluye el poder, procedimientos engorrosos que dominan sobre los resultados y un régimen de impunidad en el que la función pública se sirve a sí misma, opera al margen de una disciplina productiva y parece insensible a las necesidades del usuario.

Un Estado disfuncional, que no entrega los productos del desarrollo o que lo hace en forma extemporánea y costos innecesariamente elevados, tiene al país postrado y a la opinión pública disgustada, pero que descarga su enojo en los políticos e ignora la magnitud de los problemas institucionales, donde yacen la mayor parte de sus factores causales. Sólo a título de ejemplo, la bronca de La Trocha se la cobran a la Sra. Presidente, a pesar de que fue un problema esencialmente tecnocrático y de corrupción focalizado en los mandos intermedios. Hasta la fecha ningún político ha sido involucrado en el caso.

Pero, aunque no tengan la culpa, ¿qué hacen los políticos por encarar, en sus causas fundamentales, el problema de credibilidad que enfrenta el país? Ocurre que la política de negociación bipartidista que dominaba unas décadas atrás, es hoy un conglomerado de islas con poca o ninguna comunicación entre ellas. Peor, es archipiélago ha producido un sentido de inseguridad, porque el partido dominante abarca algo cercano al 30% de los votantes y los demás, preferencias que se miden con un dígito. De lo cual surge una incertidumbre existencial y un discurso de negación, sustentado en ficciones ideológicas, el cortoplacismo o la intención de destruir al más fuerte, en vez de buscar fuentes de fortaleza propia frente al electorado. Consecuencia: la negociación se vuelve compleja, a veces imposible, para actuar en conjunto focalizados en el interés nacional y los grandes retos que encara el país.

¿Es este un escenario derrotista? El imaginario colectivo no entiende con claridad esta dimensión institucional de los problemas y solo acata a reaccionar con enojo. Producto de ello, vemos crecientes manifestaciones callejeras en donde los intereses privados se confunden con quejas legítimas. Algo de indignación parece ser la respuesta popular, con algunos matices positivos del movimiento de occidente, seriamente erosionado por intereses particulares, principalmente de carácter gremial. Sin embargo, podría rescatarse algunos elementos del poder de la participación civil, cuando se enfoca en problemas nacionales y no en intereses gremiales. La concesión de un tracto de la carretera interamericana, un problema nacional, logró captar el interés público, aunque con la presencia de oportunismos políticos y gremiales.

Lo que esta situación sugiere es que la posibilidad de que el país salga adelante depende de la movilización del imaginario colectivo en torno a problemas nacionales. No es una tarea fácil, tal vez porque no hay liderazgos políticos que sigan esta orientación. Nuestro Estado cambió durante la segunda mitad del siglo pasado a partir de grandes temas: electrificación nacional, ampliación de la infraestructura educativa, cobertura universal en salud, nacionalización bancaria, eliminación del ejército, paz centroamericana, etc. Estos eran grandes temas que dominaron la atención del político y de toda la ciudadanía. Hoy los asomos de indignación, con la excepción mencionada, la dominan intereses particulares, en su mayoría de carácter gremial.

En resumen nuestro problema pasa por un Estado que no funciona y un entorno político y social disperso, incapaz de focalizar la  problemática nacional. El discurso político está lleno de evasivas y ficciones ideológicas. Ya lo decía el analista Carlos Sojo, al señalar las falacias del discurso dominante en torno a la pobreza y centrar con pragmatismo su atención en la solución del problema: el crecimiento económico y de las oportunidades de empleo e ingresos. Mientras tanto, los políticos se desgastan en recuperar modelos aplicados a contextos que quedaron en el pasado, o acuden a un lenguaje incendiario que busca poner de su lado el descontento popular, reforzados por el aporte mediático. De nuevo, algo de esto ocurrió con el movimiento de occidente en torno a la carretera San José-San Ramón. La cuestión es si la población tiene la capacidad para repetir este fenómeno en torno a temas incluso mayores, como la reforma institucional, la renovación de nuestra deteriorada infraestructura o el propio fortalecimiento del sistema político, con un mayor espacio de participación civil. Porque, de otra forma, los problemas llegaron para quedarse por mucho tiempo.