Cor-ticos

noticortos¿Cuál plan fiscal? Llamémoslo por su nombre: lo que entrará a la corriente legislativa y al entorno mediático es un incremento de los impuestos que paga el costarricense. En un plano formal, la justificación es clara y contundente, un déficit cercano al 6% del PIB para el 2014. Sin embargo, un tema debería ser objeto de discusión cristalina ¿Cuál es la carga impositiva que pagamos los costarricenses actualmente? Según el gobierno ronda el 14% del PIB, cifra que muchos analistas ponen en duda. CEPAL nos ubica en el cuarto lugar de América Latina, con una cifra superior al 20%, según gráfica que hemos compartido con los lectores. El nuevo Plan Fiscal se anunciaría el 3 de octubre, fecha en que también se inicia la campaña electoral…

¿Cuáles son los disparadores del gasto? Nuestro problema principal es un Estado grande en exceso y costoso. En La Fragua hemos estimado el costo de la ineficiencia pública en unos $4000 millones o algo menos del 20% del costo del aparato público, pero los indicios que surgen a diario apuntan a una cifra bastante superior. Ello ocurre por excesos de personal, por instituciones que han perdido su razón de ser o requieren adaptación a nuevas circunstancias y tecnología, y por los privilegios del régimen laboral. Mientras tanto, la reformas planteadas por distintos grupos duermen el sueño de los justos.

¿Y el crecimiento? El crecimiento posiblemente llegue al 4% en el 2013, insuficiente para aliviar la crisis fiscal. Por otra parte, las condiciones de la economía mundial mejorarán en el 2014, pero no lo suficiente como para que pueda impulsar el crecimiento nacional a niveles de pre-crisis 2008-2009. No obstante, el país tiene grandes problemas de infraestructura y una mina de recursos para financiarla: más de $20 mil millones en reservas laborales y excedentes de algunas instituciones autónomas, que nos permitirán crear un fondo para las más ambiciosas obras públicas que podamos imaginar. Pero tenemos un gran enemigo: un Estado construido para el control, que privilegia largos procesos, muchos costos innecesarios y pocos resultados. De nuevo, sin una reforma institucional de fondo, poco avanzaremos. O tendremos que esperar décadas para cumplir con las obras de infraestructura que urgen para el crecimiento. Con el agravante de que, en el entorno global, el que no corre se queda rezagado, agravando sus problemas sociales y económicos.

Falta voluntad política para encarar la solución de nuestros problemas, el mayor de los cuales, como hemos insistido, es el tamaño, la disfuncionalidad y el costo del Estado. En el plano retórico parece haber consenso, ya que está en los programas de la mayoría de partidos que participan en la contienda electoral. También parecía haberlo sobre la necesidad de algún acuerdo político que le diera impulso a la reforma antes de que asuma el partido ganador, en mayo de 2014. Pero en la medida que se aproxima el arranque de la campaña electoral en octubre próximo, tales consensos parecen ceder ante la búsqueda de liderazgos que aporten con rapidez caudal electoral. Tampoco se percibe que en el sistema político se encuentren la voluntad y el temple necesarios para una reforma institucional de largo aliento, pues su costo es importante, especialmente por los intereses gremiales. Es posible que todo quede en manos de un posible mandato civil, vía referendo ¿Estaremos los costarricenses preparados para asumir ese reto?