Definir una estrategia dura con Nicaragua

editorialEn un editorial previo argumentábamos que Ortega es una amenaza permanente para el país y que sus actos tienen el respaldo de los nicaragüenses. Esto lo confirman las encuestas en forma objetiva. La seriedad de la amenaza es aun más clara con las recientes violaciones de nuestra soberanía, en total irrespeto a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Es posible que Ortega crea que el país es incapaz de reaccionar más allá de sus reclamos en el lento plano del derecho internacional y que, además, se sienta respaldado por la CIJ en virtud de su reciente resolución en favor de Nicaragua y en franco perjuicio de Colombia. Tales circunstancias hacen pensar que Ortega cree posible apropiarse de Isla Calero – y tal vez más del territorio costarricense – a través de un hecho consumado, frente al cual Costa Rica, un país sin ejército, tiene limitadas opciones de reacción.

La seriedad de  la situación no puede ser ignorada. Ortega ha situado este año equipos de dragado en Isla Calero y ha ampliado los caños para desviar las aguas del río San Juan de su curso natural al mar Caribe, invadiendo territorio nacional. Y también ha extendido sus amenazas  sobre la Provincia de Guanacaste y los derechos de navegación en el río Colorado. Bien ha hecho la Sra. Presidente en mantener las relaciones económicas al margen de este conflicto, pero no parece tener razón en cuanto a la aparente falta de respaldo nacional a sus políticas con Nicaragua. Diríamos, más bien, que los costarricenses queremos una política dura sobre las relaciones con nuestro vecino del norte, que se podría construir en torno a tres opciones.

La primera y más urgente es promover un acuerdo formal y una política conjunta con Colombia, Panamá y Jamaica, que tienen diferencias en materia de territorios marítimos con Nicaragua. Una posición regional es una fuente de fortaleza, frente a las acciones de carácter diplomático, cuyos resultados son impredecibles y lentos. La segunda es una política migratoria más restrictiva para los nicaragüenses. Que Nicaragua ha venido exportando pobreza a Costa Rica, es un hecho que venimos ignorando por mucho tiempo. El país podría seguir apoyando a los nicaragüenses que están a derecho con su status migratorio y que tienen trabajo. El resto deberían ser forzados a regresar a su país. Podríamos incluso poner restricciones al envío de remesas desde suelo nacional a Nicaragua. La tercera opción es lograr un acuerdo político para construir, como una situación de emergencia, no La Trocha, sino una carretera pavimentada a lo largo del río San Juan. Con ello se logran varios objetivos relacionados: tener una presencia contundente en la frontera norte; fortalecer la economía incorporando esa rica zona a la producción agrícola nacional; y tener la posibilidad de movilizar recursos de seguridad, sin las complicaciones de transporte que ahora tenemos.

Tiene razón la Sra. Presidente cuando dice que “lo peor que podemos hacer los ticos es… pretender que las cosas no van a ir más allá” y que el conflicto “seguirá pasando a menos que organismos del derecho internacional se pronuncien, como se tienen que pronunciar, y ojalá hacerles ver, de primera mano y al más alto nivel, a quienes presiden estos organismos, de que no se trata de una situación cualquiera, que Costa Rica al ser una nación desarmada, necesita una respuesta mucho más contundente y rápida de parte de esos organismos”. Pero también tiene razón el Ministro de Relaciones Exteriores, cuando señala que “En este conflicto estamos solos…” y que “el país no tiene apoyo de organismos internacionales”. Es una dura realidad, que destaca las debilidades de nuestra política frente a los actos violatorios de nuestra soberanía por parte de Nicaragua. Es hora de agregar más músculo a esa política. La Sra. Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores tienen la palabra y el respaldo de la población, que está dispuesta a cualquier sacrificio para confrontar esta situación.