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La inversión pública en justicia, se titula un artículo de la Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En medio de una crisis de credibilidad, es importante reconocer los avances que dicho artículo destaca, porque nuestro país tiene, entre sus fortalezas, una institucionalidad que da estabilidad y seguridad jurídica a propios y extraños.

Sería importante también saber la opinión de la Sra. Presidente de la CSJ sobre la crisis de ingobernabilidad, de la cual no escapa esa importante institución. Al respecto, dos aspectos se destacan: 1) encontrar focos de ineficiencia y privilegios, y formas de superarlos. En la CSJ reside la responsabilidad de velar por el cumplimiento del principio de equidad que contempla el artículo 33 de la Constitución, pero en materia de pluses, incapacidades, salarios, tiempo para retiro, cesantías, permisos para docencia, pensiones, etc., la CSJ anda alineada a los privilegios del Gobierno central; y, 2) las superposiciones entre poderes del Estado, en los que la Sala IV interviene colegislando y cogobernando, a la vez que debilita su autoridad de los otros poderes. Es urgente, en coyuntura de crisis, que los tres poderes de la república se complementen, en vez de obstaculizarse y debilitarse.

El poder de la calle se ha convertido en el recurso ilegal que, combinado con debilidad política, tiene postrado al país. Por su importancia, reproducimos algunos párrafos de la columna En Vela que destaca el recurso de “echar mano del irrespeto, la ofensa o la violencia, en el orden personal o social, para alcanzar un objetivo determinado. La más común de estas conductas arbitrarias es el cierre de vías en cualquier parte o sector del país con el propósito deliberado de entorpecer el tránsito y, así, causar daño físico o moral a las personas… (una conducta) productiva para quien la usa o propone. No existe riesgo alguno y, además, cualquier medio logra su propósito: causar daño. Así, un simple obstáculo en una calle puede causar graves efectos contra las personas o contra la realización de trabajos materiales. Bien lo sabe la gente, por lo que, conforme se extienden estos abusos y conforme la autoridad cede ante las presiones, mayor es el abuso y el desconcierto vial”.

¿Quién paga por la salud pública? Es notable el esfuerzo que han hecho las autoridades de la CCSS para superar la reciente crisis. Ha logrado pasar de una situación de déficit a otra de superávit, al tiempo que ha hecho sustanciales inversiones en infraestructura hospitalaria. La UCR – posiblemente con otra crisis interna que cubre el presupuesto, cuya aprobación fue precedida de una fuerte discusión con el Gobierno Central – se declaró incapaz de continuar con la administración de un conjunto cercano a 60 EBAIS. La razón: sus salarios y privilegios asociados, posiblemente mucho más altos que los de la CCSS, le genera un importante hueco financiero con respecto a lo que la CCSS le paga por su administración. Una empresa privada, con algún margen de ganancia, se hará cargo de esos EBAIS.

Surge ahora la idea de financiar los EBAIS con recursos del Gobierno Central. La propuesta parece atractiva, por una parte, porque la CCSS, una institución para la atención médica, no tiene vocación para la Atención Primaria en Salud, orientación fundamental de los EBAIS. Por otra, al integrarse las instituciones del sector, la premisa era que el Gobierno aportaría su financiamiento, pero nunca lo hizo. Por supuesto, el interrogante ahora es de dónde se sacarían los recursos para cubrir el multimillonario costo de los EBAIS, cuando el país enfrenta un fuerte déficit fiscal. Aunque, conviene destacar que, del éxito de la Atención Primaria en Salud, depende en considerable medida el equilibrio económico de la totalidad del sistema nacional de salud, por su énfasis en el preservación de la salud, que siempre es más económico que restaurarla.

Productividad legislativa por el suelo. Una de cada 10 leyes (10% del total) surge por iniciativa popular, a través la Oficina creada con ese propósito hace 14 años. Esto es muy positivo. Lo que es negativo es que la Asamblea se centre en producir lo menos relevante y abandone, tal vez porque está fuera de su alcance intelectual o de su interés político, los proyectos relativos a los grandes retos que encara el país, entre ellos el económico, la pobreza y la crisis institucional, de la cual forma parte importante el reglamento del congreso. Por otra parte, buena parte de la responsabilidad por ello la tiene la población que acepta los diputados que le impone cada Partido, que a su vez resisten su modernización y democratización, por más que su retórica diga otra cosa.

Aperturas vistas con objetividad: el acceso a las comunicaciones han dado un importante salto cualitativo y cuantitativo. Las conexiones de internet móvil subieron, a partir de las aperturas, en un 282%. En el 2010 se reportaban poco más 239 mil conexiones y para el 2012 casi 913 mil. A diciembre de 2012 había 3,1 millones de celulares, contra 5,3 millones al cerrar el 2012, pero, a su vez, desaparecieron las desagradables colas para conseguir un celular. Esas ganancias implican la democratización y la equidad de accesibilidad a la información y al conocimiento, con lo cual se rechaza la retórica que ignora los derechos esenciales del consumidor y la teoría de la confabulación, según la cual las aperturas son una entrega el patrimonio nacional al capital extranjero, mientras el ICE sigue comandando el mercado.