El alto costo de los servicios públicos y la reforma institucional

editorialLa Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) solicitan a ARESEP la devolución al consumidor de ¢17 mil millones, que el ICE gastó para generación eléctrica con diésel, cuando pudo hacerlo búnker que es más barato. Por un proceso tardío e ineficiente, el ICE no pudo actuar de acuerdo con la autorización específica otorgada por ARESEP. En realidad la molestia con el ICE y otras instituciones públicas es generalizada, tanto en el mismo Gobierno como entre la población, por el crecimiento excesivo de las tarifas. En electricidad, el usuario viene usando medios más eficientes, pero sus tarifas mantienen un crecimiento muy por encima de la inflación y que se duplica cada 3 o 4 años.

Hay dos problemas que las autoridades no parecen tener la voluntad para corregirlos. Por una parte, se ha desatado una especie de acoso fiscal contra la clase media. Se siente al pagar los impuestos municipales, el impuesto al rodaje que crece mientras el costo de los vehículos baja, las cargas que se incorporan a las tarifas públicas como los hidrantes, el creciente costo de la gasolina, entre muchos otros. Una razón para cargarle la mano a la clase media es simplemente que es más fácil hacerlo, no importa que los tributos sean aún más regresivos de lo que ya son.

Por otra parte, la situación de la CCSS expuso la crisis de los órganos públicos, en los tres poderes del Estado, a la cual nos hemos referido con amplitud en artículos y editoriales. Sin embargo, las instituciones han sido lentas para actuar o se han negado a hacerlo en su totalidad, como en el caso del ICE. La Caja ha vuelto a una situación de equilibrio, a pesar de que ha invertido bastante en infraestructura, no así el ICE que adoptó un programa de movilidad laboral para racionalizar sus excesos, pero los trabajadores no quieren dejar sus privilegios. De hecho, lo que viene ocurriendo, como lo denunciamos en su momento, es que el Gobierno y el Estado en su conjunto han rechazado la reforma esencial, y privatizan la ineficiencia. Antes funcionaban como cualquier otra empresa: invierten en infraestructura y conexiones, cuyo costo recuperan a través de las tarifas. Ya no. Ahora le pasan el costo de las conexiones al usuario y luego lo obligan a regalárselas a la institución (cañerías, cables, etc.). Es posible que esto no sea ético o incluso legal, pero en todo caso emplea un procedimiento cuestionable: exempleados del ICE generalmente tienen el monopolio para tales trabajos, incluso a costos inflados, por el hecho de que conoce mejor los trámites correspondientes y tiene los contactos a lo interno del ICE para agilizarlos. La competencia, si existe, no tiene tales beneficios.

Las tarifas públicas crecen en forma irracional, se vuelven una carga para el consumidor y un factor negativo en la competitividad del país, esencialmente por los costos de ineficiencia y los privilegios laborales. Se habla también de una posible reforma fiscal, que sin duda producirá más ineficiencia y más privilegios. El Ministro de Hacienda nos ha advertido en forma reiterada del riesgo inminente de caer en situación similar a la de Grecia y España, sino adoptamos reformas de fondo. También lo ha hecho La Fragua. Hemos insistido que el costo de la ineficiencia y los privilegios llegan fácilmente a los $4000 millones por año, pero los indicios parecen apuntar a una cifra mayor, tal vez de 5 o 6 mil millones. Un país que derroche sus recursos en esa magnitud no tiene posibilidad de encarar los retos del desarrollo. Y en la medida que se postergan los correctivos, el problema será mayor y las medidas de ajuste más dolorosas.