¿Necesitamos más recursos para educación?

editorialEl presupuesto 2014, recién entregado al congreso, dispone de un 7,2% de gasto en educación como proporción del PIB. Algunos diputados ya han levantado su vos y su crítica, pidiendo que sea el 8% que ordena la Constitución, con lo cual el déficit, de por sí ya muy alto (6,2%), subiría un 1% del PIB ¿Por qué quieren los diputados un 8%? No creemos que tengan alguna respuesta coherente, pero nosotros sí queremos buscarla.

Veamos algunas cifras. La media para los países del OCDE es de 6,3% del PIB, casi un punto porcentual inferior que Costa Rica. Tres países que se destacan entre los que asignan mayor gasto en educación, tienen los siguientes indicadores: Corea 7,0%; EE UU 7,6%; y Chile 6,4%. Lo que habla bien de Costa Rica, porque tenemos un indicador más alto que Corea, ligeramente inferior al de EE UU y superior al chileno. Sin embargo, el gasto público de Costa Rica es mucho más alto, ya que esos países sólo asignan 4,2%, 5,0% y 3,7% de sus respectivos gastos públicos y la diferencia proviene de aportes del sector privado. De modo que tenemos un gasto público relativo al PIB, muy superior a tres países líderes en educación y más ricos que nosotros. Aunque hay un pequeño detalle: nosotros no tenemos el gasto militar.

Sería mucho pedir al congreso que nos brinden un poco de luz sobre las aspiraciones detrás del 8% del PIB que pretenden. Sin embargo, el Gobierno nos debería dar alguna luz sobre las metas que se quieren alcanzar. En nuestra perspectiva, el país enfrenta tres grandes problemas:

Primero, el país se encuentra en una coyuntura que no hemos entendido completamente, especialmente cuando miramos al pasado como fuente de inspiración. Durante los importantes acontecimientos de la década de 1940, éramos una aldea de poco menos de 1 millón de habitantes, la mayoría jornaleros pobres, pegados a la siembra del café y algún otro producto, sin coberturas básicas y una expectativa de vida inferior a los 50 años. Seis décadas después somos 5 millones, vivimos en congestionados centros urbanos, tenemos una amplia infraestructura y buenas comunicaciones y, la expectativa de vida al nacer ronda los 80 años.

Mucho de esto se lo debemos a la inversión que hemos hecho en educación. Sin embargo, en las tres primeras décadas posteriores a la de 1940, la educación era compartida por la familia, el padre y la madre. Hoy ambos trabajan unas 40 horas por semana y pueden gastar en conmutación otras 20. Si a ello se agregan compromisos esenciales, los padres simplemente no tienen tiempo que compartir con sus hijos. Así, mientras antes, los hijos eran en gran medida lo que eran sus padres, hoy son lo que son sus maestros y profesores, con quienes comparten una buena proporción de las horas del día. Todo esto para destacar, de manera particular, que hemos dejado un vacío en materia de valores y que hay que preparar mejor a los maestros y profesores para que lo cubran.

Segundo, estamos insertos en un mundo global que tampoco hemos entendido y asimilado bien. Su característica más perturbante es la gran velocidad del cambio, lo que implica que la población no sólo debe educarse para competir agresivamente, sino también para adaptarse a los rápidos cambios del mercado laboral. En esto andamos por buen camino, como lo rebelan las participaciones exitosas de nuestros muchachos en competencias científicas en las que ganan los primeros lugares.

Tercero, resulta evidente que la economía que queremos y que estamos desarrollando con éxito es la del empleo de alto nivel tecnológico y buenos ingresos. Sin embargo hay una víctima de este éxito: el pobre, cuya baja escolaridad limita su acceso a empleos e ingresos de calidad. Aunque hemos avanzado con Avancemos, las circunstancias nos obligan a programas más intensivos y agresivos dirigido a este sector social.

Queremos decir con ello que el país necesita una Política de Estado en educación que cubra estos tres aspectos, entre otros: 1) la calidad docente requerida en tiempos de alta competitividad y velocidad del cambio y de un entorno en cual las cabezas de familia participan cada vez menos. El tema de valores es crítico, aunque también lo es ligar los beneficios laborales y salariales con los esfuerzos para elevar sustancialmente la competencia de maestros y profesores; 2) la calidad moral y científica del nuevo trabajador en una sociedad que parece privilegiar el individualismo y el materialismo y en mercados que exigen más productividad y creatividad; y 3) programas de carácter prioritario para elevar en el menor plazo posible la empleabilidad del pobre. En suma, metas específicas de calidad de la docencia para cada estrato y metas sobre la cantidad de estudiantes que deberán completar cada ciclo educativo. Si pensamos en recursos, vale la pena mencionar que Corea con un indicador inferior al nuestro (Corea 7%, CR 7,2%), algo cercano al 100% de la población estudiantil terminan con un título universitario.

Parece irrelevante si el país asigna un 7,2% o un 8%. Más importante es saber en qué vamos a invertir esos recursos y qué medida objetiva vamos a emplear para definir las metas para educadores y educandos. Sin embargo, hay una realidad que tenemos que enfrentar: los recursos dependen en gran medida del crecimiento económico, el tamaño del PIB. Lo demás es retórica. Y, lamentablemente, como hemos argumentado hasta el cansancio, el crecimiento va de la mano con la reforma institucional que los políticos parecen evadir. Es la clave para la fluidez de los procesos públicos, de los cuales dependen grandes iniciativas y, además, es la fuente principal de recursos, mediante el combate a la ineficiencia que nos cuesta, por año, varios miles de millones de dólares, que alimentan el déficit fiscal y limita la inversión en el desarrollo equitativo y solidario que todos queremos.