Cor-ticos

De la presentación al congreso del presupuesto público 2014, surgen una serie de cuestiones, muchas de las cuales escapan a la conciencia colectiva del país:

Actuación política: una oposición que ha rehusado enfrentar los grandes retos que enfrenta el país, incluyendo el reglamento legislativo, será profusa en la crítica política, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en unos 6 meses.

El menos peor apunta fino. En efecto, el diputado Fishman destaca un hecho que pasa desapercibido por parte de analistas, pero de profundas raíces institucionales. Dice que “Los costarricense deben tener claro que en la Asamblea revisamos sólo el 35% de gastos. El 65% es de instituciones descentralizadas que tienen un festín sin controles adecuados”.

Reforma institucional, reforma constitucional. Si el 65% del gasto público nacional no es sujeto de control legislativa o ejecutivo, por qué la población le cobra a la Sra. Presidente el no poner al país por la ruta correcta. O, planteado de otra manera, no esperemos que el Presidente tenga la posibilidad de conducir al país con equidad, eficacia y eficiencia, administrando sólo poco más de un tercio del presupuesto público nacional. Nuestro presidente es institucionalmente débil y esto es culpa de todos. De hecho lo empezamos a debilitar con la constituyente del 49, entonces motivados por los abusos de la década de 1940, por los que seguimos pagando todos. Esa constitución además mantiene la base liberal del siglo antepasado (1871).

¿En manos de quienes está el país e instituciones tan grandes y complejas como el ICE y la CCSS? Hay muchas más, pero es posible que los presupuestos conjuntos de la Caja y del ICE doblen fácilmente el  presupuesto del Gobierno Central. La mayor parte de los recursos del país están administrados por juntas directivas, cuyos miembros se escogen con criterio político; representan intereses corporativos particulares o gremiales, que no siempre coinciden con el interés institucional o nacional; se seleccionan sin tomar en cuenta las competencias y requerimientos de la función; y, se nombran por un período que no excede los 4 años, aunque generalmente es inferior. Pagamos por ello con tarifas que se multiplican en períodos de tres o cuatro años. ¿No deberíamos eliminar las juntas directivas y nombrar gerentes profesionales, por tiempo indefinido mientras dure su buen desempeño, dejando la política pública al Gobierno?

¿Es necesaria una reforma tributaria? Antes debemos preguntarnos cuáles son las causas del déficit fiscal. El Ministro de Hacienda lo viene denunciando: los privilegios y la ineficiencia son los principales factores de desequilibrio fiscal. Además, ya estamos en situación de “bola de nieve”: el déficit aumenta progresivamente en volumen y velocidad. En el corto período de 3 a 5 años, podríamos estar donde hoy se encuentran España y Grecia, con graves consecuencias para todos, incluidos los trabajadores y sindicatos que hoy nos empujan a una crisis más profunda. Es muy probable que el costo de los privilegios y la ineficiencia nos cuesten unos $5000 mil millones de dólares por año. Suficiente para cubrir el déficit fiscal e inyectarle a la economía unos miles de millones de dólares de inversión sostenida. Podríamos acelerar el crecimiento y todo volvería a la normalidad. Con el déficit actual la reforma tributaria es necesaria, solo porque los correctivos, de llegar a adoptarse, tomarán algún tiempo en producir equilibrio fiscal ¿Alguien se acuerda de la crisis de fines de 1970 y principios de 1980? Posiblemente haya desaparecido de nuestra memoria colectiva, pero el empobrecimiento general que causó no está lejos, si no adoptan correctivos de fondo en el corto plazo. Además, por transparencia, deberíamos establecer cuál es el nivel real de aporte tributario del costarricense, en vez de compararnos con países como Guatemala (14%). Según la CEPAL es más del 20%.

¿Y el 8% del PIB para educación? La retórica política va aprovechar el tema para generar ganancias en río revuelto, pero no producirá ningún efecto, simplemente porque no existen los recursos. Como ciudadano, Tato se pregunta cuáles son los parámetros de los legisladores para determinar que el 7,2%, actualmente asignado, es insuficiente? Y, si lo fuera ¿para qué? No queremos argumentar en un sentido u otro, pero ese 7,2% es superior a la media para los países del OCDE (6,3%) y se encuentra junto a países con niveles altos: EE UU 7,6%; Corea 7,0%; Chile 6,4%. Sin embargo en algunos de esos países una buena parte viene de aporte privado, en Corea el 2,8%, en EE UU el 2,6% y en Chile 3,7% (datos 2011). Sería bueno si los diputados antes determinaran cómo estamos gastando los recursos actuales y pensaran más en metas de educación para los distintos sectores sociales y etarios.

¿Quién nos pagará la campaña política? No sé qué piensa el 30% de los electores que se declaran alejados del proceso político, pero Tato, que sí irá a votar, piensa que, en las actuales condiciones de crisis y con más de un millón de personas en pobreza, tiene sentido que el presupuesto del gobierno central sólo incluya un 11% para la campaña electoral. En todo caso Tato piensa que la viabilidad de cualquier candidato la determina el apoyo empresarial, que no es gratuito. Ellos cobran. Pero asignar casi $40 millones (19%) suena grotescamente inmoral. Sin embargo a Tato también le preocupa que la Sala IV pueda salirse con alguna de sus ocurrencias y ordenar el pago de esa voluminosa cifra, sólo porque haya una Ley absurda que así lo dispone.