Las barreras que creamos para mantener la ingobernabilidad

editorialPareciera existir un consenso sobre la crisis de ingobernabilidad entre políticos, analistas y la población en general. También parece existir el entendimiento generalizado de que el Estado es el principal componente de la crisis, porque ahí se pegan las principales iniciativas de desarrollo; porque los resultados, cuando llegan, son extemporáneos; y, porque el costo excesivo de toda obra pública drena los escasos recursos del desarrollo. Las tres causas se combinan como un gran obstáculo para reducir los niveles de pobreza que arrastramos.

Uno pensaría que ese consenso es un buen punto de partida, especialmente porque contamos con buenos diagnósticos, tal vez en exceso, y propuestas serias sobre las que también hay sustancial coincidencia. Una de ellas, la de los notables, es muy completa y ha pasado por delicado filtro de la variada composición de sus miembros, que incluye liberales, socialdemócratas, experiencia en servicio público, un político, un historiador, un filósofo, dos constitucionalistas, entre otros. Pero el trabajo y el consenso son insuficientes para que el país se ponga a trabajar en la ejecución del cambio.

La Sra. Presidente ha enviado al congreso una tímida propuesta de reforma que, si bien incluye componentes relevantes de reforma institucional, resulta insuficiente relativo a la rica propuesta de la comisión de notables, que ella misma designó. Además han faltado algunos aspectos que le darían mayor viabilidad a sus propuestas: llamar a un proceso de difusión/discusión al menos con las tres principales agrupaciones políticas para asegurar un acuerdo mayoritario; armonizar las 4 o 5 propuestas serias de cambio, sobre las bases de la de los notables; y, hacer en el plano civil un amplio esfuerzo de difusión, esencial como presión para superar la resistencia de las agrupaciones políticas a enfrentar el costo de la implementación de las reformas.

Un amplio proceso de difusión/discusión también serviría para superar algunas diferencias que persisten en distintos sectores. A título de ejemplo, un artículo de prensa reciente (ver AQUÍ), cuestiona la supresión de las juntas directivas, que se encuentra entre las propuestas del Poder Ejecutivo, y sugiere que “la procesión” anda por una “politiquería rampante”. Además, cuestiona que las propuestas dejarían el presupuesto en manos del Poder Ejecutivo, función que la propia constitución asigna a los directivos (miembros de juntas directivas).

No sabemos si esto es parte de la judicialización que se ha impuesto en la construcción de un modelo de organización y gestión pública, focalizado en procesos y en control, ambos parte del entrabamiento de los proyectos de desarrollo y de la capacidad de toma de decisiones del Poder Ejecutivo.  Y ambos responsables de que los recursos sean absorbidos por interminables procesos, que retardan la generación de los productos para el bienestar de la población. El drenaje de recursos es enorme, posiblemente en el entorno de unos $5000 millones de dólares por año, con los cuales podríamos cubrir el déficit fiscal y destinar una inversión de varios miles de millones de dólares para generar empleos e ingresos.

A ese enfoque hay que contraponer un esfuerzo para crear una institucionalidad que esté orientada y diseñada en función de resultados, que posiblemente requiera un mayor aporte de disciplinas acordes con la tarea de crear un aparato capaz de generar productos de la mejor calidad posible, el menor plazo posible y al menor costo posible. Nos referimos a administradores, economistas, distintas ingenierías, politicólogos, etc. Por supuesto, la participación legal debería cuidar los aspectos de forma y los ajustes legales que ese nuevo Estado requerirá, pero, dada la experiencia de décadas de judicialización de la administración pública, no deberíamos permitir que los juristas asuman una responsabilidad que excede sus competencias.

El tema central de nuestra argumentación, es que necesitamos un Poder Ejecutivo fuerte, con una capacidad de toma de decisiones, coherente con la naturaleza de los retos que encara. Si la Asamblea Legislativa entraba los proyectos, no habrá resultados posibles que llevar a la población y los sectores vulnerables seguirán esperando por soluciones que no llegan. La situación se agrava, si la Sala IV colegisla, deteniendo o enlenteciendo proyectos de desarrollo.

Es posible que la posición del artículo en referencia sea consistente con nuestra Constitución que, producto de los abusos cometidos en la década de 1940, se creó como un esfuerzo para limitar las potestades de la Presidencia. Además, en esa década éramos menos de un millón de habitantes, la mayoría jornaleros, sin infraestructura básica y con una expectativa de vida que no llegaba a los 50 años. Hoy nos acercamos a 5 millones de ciudadanos, con una mayoría urbana, una compleja infraestructura pública y organizaciones como el MEP, el MOPT, el ICE o la CCSS, que sobresalen entre las más grandes de Centro América. Además, estamos insertos en la globalización, lo que implica muy acelerados procesos de cambio en el entorno externo, que demandan gran agilidad de ajuste interno. Por tanto, no deberíamos eludir a cambios constitucionales que respondan a los requerimientos de nuestros tiempos.

De nuevo, necesitamos un Poder Ejecutivo con las capacidades formales para que pueda ejecutar con agilidad y de esa manera llevar a la población los productos de un mejor desarrollo. Por supuesto, necesitamos controles y rendición de cuentas, pero no al punto de postrar la administración pública y hacerla inútil. Y a eso hemos llegado.

Visto en esta perspectiva, las juntas directivas son un agregado innecesario, que suma ineficiencia y no aporta al proceso de toma de decisiones públicas. Sobran, porque la política pública debería ser, como la misma Constitución lo contempla, responsabilidad del gobierno, es decir, del Presidente y el Ministro del ramo. Si las juntas directivas incursionan en el campo de la política pública, lo están haciendo en demérito de las funciones del propio gobierno. Posiblemente por ello, se vienen creando juntas directivas que realizan funciones de tipo operativo, esta vez incursionando y debilitando a la gerencia de cada institución. Ellas intervienen en procesos diversos, compran equipos e insumos, deciden sobre inversiones y nombran personal. Es de hecho, una forma de gerencia colectiva, que la dispersa y en esa medida imposibilita la rendición de cuentas. Como ocurre con frecuencia, al crear instancias de control, lo que se ha hecho es perderlo y además hacer más lenta y onerosa la administración pública, con el agravante de que los directivos no son seleccionados por sus competencias, sino por sus intereses particulares, especialmente corporativistas y gremiales, que en la mayoría de los casos chocan con el interés institucional y nacional. Tampoco pareciera conveniente que el presupuesto sea sometido al juego de esos intereses particulares y de ausencia de las competencias específicas.

En todo esto subyace una perspectiva que desconoce las demandas relativas a la conducción de grandes empresas. Si quisiéramos quebrar multimillonarias empresas, como las que hemos mencionado (MOPT, MEP, CCSS, ICE, etc.) basta con ponerlas bajo la responsabilidad de gerencias colectivas, sin las competencias esenciales y designadas por 4 años o menos. Esas empresas requieren de gerentes competentes y estables, mientras dure su buen desempeño.

Reiteramos nuestra preocupación por una gerencia pública que privilegie resultados, elaborando planes y programas, combinando tecnología y recursos para producir con calidad, oportunidad y costos razonables, los productos destinados al bienestar del país y de su población, en el marco de la politica pública. Es lo que podríamos llamar el estrato tecnocrático de la gestión pública, una función especializada que tiene sus propios requerimientos. Sin embargo, a diferencia del sistema parlamentario, nuestro ordenamiento institucional entrega este componente al político, con consecuencias catastróficas.

Las anteriores reflexiones llevan un propósito claro: construir un Estado que pueda actuar con equidad, eficacia y eficiencia, requiere de mecanismos diseñados a partir de los fines mismos de la administración pública: producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades sociales y redunden en el bienestar de la población. Pero hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Hemos privilegiado los elementos de procedimiento y con ello hemos sacrificado a los resultados. Ello se refleja en la Platina, la Trocha, las carreteras a Caldera, San Ramón y San Carlos, la refinación por la que pagamos pero que no hacemos, los altos costos de los servicios públicos, entre muchas otras deficiencias públicas. Además, el enjambre de procedimientos ha ido en perjuicio particular del Poder Ejecutivo, debilitado por la misma constitución del 49. Y por todo ello, le pasamos la factura a los sectores más vulnerables. Es un tema complejo y potencialmente conflictivo, cuyo costo no querrá asumir ningún gobierno, sin acuerdos entre las principales fuerzas políticas. En ausencias de dichos acuerdos, ¿qué podremos esperar de cara al 2014?