Juntas directivas: un importante factor de ingobernabilidad

editorialHemos judicializado todo el aparato público administrativo. De hecho, el modelo de organización y gestión que hemos construido y que ahora reconocemos ha paralizado los procesos de desarrollo, ha sido construido con la rica imaginación y poca competencia de los abogados en teoría y práctica gerencial. Las juntas constituyen un buen ejemplo de ello, por dos razones fundamentales: por una parte, se han incorporado en lo más altos niveles de decisión, grupos de interés particular y elementos que no tienen las competencias técnicas, relacionadas con el quehacer principal de las instituciones respectivas. Por otra, se han vuelto coadministradores, haciendo de la toma de decisiones un proceso colectivo que diluye y debilita la función gerencial y hace casi imposible la rendición de cuentas. Es notable que esto ocurra, tanto en las instituciones autónomas como en ministerios y otros organismos del Poder Ejecutivo.

Hay un aspecto de la macro organización del sector público que es parcialmente responsable por ello. Se trata de la confusión entre la gestión de política pública y la ejecución de esa política, encargadas a un mismo elemento y contradictorias entre sí. El político es una figura que se forma en la escuela de la vida, en el contacto con individuos y comunidades, en la percepción de sus necesidades y en la articulación de esas necesidades a la política pública. Puede tener educación superior, pero en lo esencial esta es irrelevante a la función política. Un exministro y exdiputado señala, en artículo reciente, que don Pepe Figueres no tenía planes de gobierno y no creía en ellos. Esto es coherente, porque el político actúa más por intuición que por formación. Y lo hace, en democracia, bajo el incentivo de un proceso electoral previo y el cálculo político sustentado en su visión del proceso electoral siguiente. Es el mecanismo mediante el cual los políticos perciben una especie de mandato popular, del cual se deriva su compromiso político como gobernante. Si la función política se cumpliera como corresponde, tendríamos Políticas de Estado (PE), es decir, una clara visión del país que somos y que queremos ser, un norte hacia el cual se dirigirían todos los recursos del país para lograr determinadas metas de desarrollo y bienestar. Sin embargo, tales PE no existen ¿Por qué?

No existen porque nuestro ordenamiento administrativo le ha dado también a los políticos la responsabilidad de administrar nuestras instituciones y esa responsabilidad es incompatible con la formación del político y, sobre todo, con los estímulos políticos electorales antes mencionados. La ejecución de las políticas es un proceso tecnocrático que demanda tecnologías, conocimientos y experiencias específicas, propias del gerente profesional. Más importante aún, los estímulos que son legítimos para el político en la gestión de política pública, produce resultados desastrosos en los procesos administrativos a través de los cuales se combinan planes, tecnologías y recursos que traducen la política en productos tangible para el bienestar social. En este estrato se requiere un gerente profesional, cuya motivación y razón de éxito, es generar un producto (bienes y servicios) de la mejor calidad posible al menor costo posible.

Bien por la iniciativa del Poder Ejecutivo para prescindir de las juntas directivas y descargar la responsabilidad en gerentes profesionales. Sin embargo, parece ser una medida de alcance limitado, posiblemente porque la corrección de nuestro modelo requiere ajustes constitucionales. En todo caso, para el proyecto que el Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa, es esencial que el mecanismo de selección de los gerentes sea independiente y que el Presidente reciba una terna de candidatos que reúnen a entera satisfacción todos los requisitos correspondientes. El presidente tendría la facultad de nombrar a cualquiera de los miembros de la terna.

Un cambio de fondo requeriría limitar la función del Ministro a la definición de la política de su rama, a gestionar su aprobación y a llevar un control de su ejecución por resultados. Los ministerios y las instituciones autónomas tendrían un gerente general, seleccionado por un ente independiente, nombrado por tiempo indefinido, mientras dure la excelencia de su desempeño. La figura del Director General desaparecía. Este modelo tienen una variedad de beneficios políticos, entre otros, la posibilidad de que, al fin, los políticos empiezan a elaborar PE que le den continuidad a los procesos de desarrollo global del país; que el Ejecutivo como máxima figura política gane en credibilidad y de esa manera se supere la creciente desconfianza popular en el sistema (es decir, en la democracia) y; que los procesos administrativos se tecnifiquen y se despoliticen, sin perjuicio del control que el nivel político ejerza sobre el tecnocrático.

Hoy la función política y la ejecutiva se encuentran en un mismo nivel de organización, aun cuando son dos funciones distintas, con diferentes requerimientos, tecnología, demandas de continuidad, estímulos y mecanismos de rendición de cuentas. Separarlas tiene muchos beneficios, incluso de tipo político, porque se armonizan esos elementos diferentes. Gana el Presidente, porque su compromiso político tiene mayores posibilidades de ejecutarse, gana el Ministro porque al focalizarse en la función política posiblemente podríamos esperas como resultado agregado contar con Políticas de Estado y gana el país porque la promesa política adquiere realidad en términos de productos del desarrollo (bienes y servicios).