Compromiso con el crecimiento, compromiso con la democracia

editorialLos medios han sido pródigos en cubrir la política macroeconómica del Banco Central, especialmente las restricciones monetarias para reducir la presencia de capital golondrina, que tienen un efecto importante a lo interno de nuestra economía. Sobra decir, el componente monetario es una importante parte de la economía nacional, pero no hará una diferencia sustancial en la solución de los grandes problemas  que enfrenta del país. Incluso, podría hacer más pronunciada la inequidad (de por sí una de las más altas del continente) por una mayor brecha entre ricos y pobres. Eso se produciría si la población de ingresos medios y bajos, hoy golpeada por la crisis, se viera estimulada a usar el crédito que no puede pagar y aumentar el consumo, con un resultado de mayor empobrecimiento. Cierto, si el consumo no crece, tampoco lo hará la economía, fuente principal de ingresos, empleo, y recursos para el Estado que, a su vez,  podría reducir el creciente  acoso fiscal sobre la clase media, presa fácil de recursos públicos.

El país encara dos problemas principales. Uno, que los ciudadanos han perdido la confianza en el Estado, como eje de un desarrollo más inclusivo y con inferiores niveles de pobreza. Es un fenómeno  complejo, que produce irritación social y, tal vez por ello, no se entiende bien. Lo complica el nuevo liderazgo que confunde los problemas de sobrevivencia de los micro-partidos, con los grandes problemas nacionales, así como también los medios de comunicación que privilegian el escándalo sobre la información seria y objetiva. Ambos han planteado nuestra problemática social en un plano ideológico y concurren que el país se nos cae en pedazos. Lo cual es incoherente con el balance de importantes avances sociales y económicos, logrados en el período 1950-1970 del modelo de sustitución de importaciones y, décadas subsiguientes hasta la actualidad. Las circunstancias han variado, consecuencia de la crisis del 2008-2009, la más seria  desde la depresión mundial de 1929 (ver AQUI evidencia objetiva).

Se ha hablado también mucho de acuerdos, alianzas y convergencias, lamentablemente impulsadas por el riesgo de la supervivencia de las pequeñas agrupaciones políticas que conforman el archipiélago en que nos hemos convertido. Esas agrupaciones, que difícilmente pueden llamarse partidos, han evadido exprorar por qué han caído en la irrelevancia y el rechazo popular y, en cambio, buscan sumar por la conjunción de tendencias que son difíciles de armonizar, sino francamente conflictivas entre sí. La experiencia reciente del directorio legislativo y la más lejana de la administración Carazo en 1978-1982 son evidencia de los riesgos que estas alianzas representan para la gobernanza.

Distinto si los intentos de convergencia se focalizan en la solución de problemas nacionales, sin los distingos ideológicos que producen dispersión y conflicto. Pensemos en un escenario, producto de una negociación política, para atender dos problemas esenciales: infraestructura y reforma institucional. El primero, sabemos, es el principal factor competitivo, en el que el país tiene grandes carencias. Hemos progresado, pero las carreteras de dos pistas ya son insuficientes para nuestras necesidades, el estado de nuestros puertos nos ubican solo delante de Haití, tenemos dos buenos aeropuertos pero necesitamos más, una red eléctrica ferroviaria nos ayudaría con el transporte de carga y personas a la vez que contribuiría a la meta de carbono neutral para el 2021, tenemos ya un déficit de energético y de comunicaciones importante, solo para mencionar algunas áreas críticas de nuestro desarrollo. Y tenemos los recursos para financiar los programas de infraestructura más ambiciosos, en las reservas de fondos laborales y excedentes de las grandes empresas estatales, que posiblemente al día de hoy representan más de $20 mil millones. Lo que necesitamos es voluntad política para crear, preferiblemente con las instituciones existentes, un fondo para obras autofinanciables que a su vez aporten crecimiento y estabilidad a las reservas económicas del sector laboral. Esto no debería ser un gran reto y posiblemente ya tengamos en los fideicomisos, el instrumento apropiado para ello.

Nada se puede hacer en la realidad institucional pública actual. El Estado, donde muchas iniciativas empiezan, se pierden o se cumplen, se ha convertido en una carga demasiado onerosa para el país, con costos de ineficiencia que estimamos en no menos de $4000 millones por año y que posiblemente anden más cerca de los $6000 mil millones. Este nivel de despilfarro es un enorme obstáculo a cualquier proceso de desarrollo, más aún si se quiere combatir la pobreza y mejorar la equidad. No es sorpresa, por tanto, que a nivel de discurso parece haber consenso sobre la necesidad de una reforma de fondo. De hecho, es posible que sean necesarias dos reformas, una para superar las trabas más prominentes y otra para aquellas que requieren cambios constitucionales.

Por qué entonces, no juntar las fuerzas políticas para ambas cosas. Una renovada institucionalidad devolvería la confianza en el sistema, valga decir en nuestra democracia, la única de la Región que en las últimas 6 décadas tuvo un progreso sostenido (con Argentina, Chile y Uruguay), en democracia y en paz. Por una parte, un acuerdo de esta naturaleza tendría un gran rédito político, al devolver la confianza perdida en los políticos, en la política y en la democracia. Por otra, ganaríamos grandes ventajas competitivas, lo que nos pondría en posición privilegiada en el entorno global. Más importante, los políticos enviarían el mensaje de que están en contra de la pobreza, más allá de la retórica, con realizaciones (crecimiento, empleo, ingresos, oportunidades).  Finalmente, con buenos sistemas de recuperación de las inversiones, se crearía un fondo permanente para mantenimiento y renovación de infraestructura, a la vez que se fortalecerían los cuantiosos fondos laborales. El país podría así iniciar un nuevo período de expansión, seguridad, confianza en sus posibilidades y bienestar, sin exclusión.