¿Necesitamos una reforma fiscal?

editorial 2012La necesidad de un plan fiscal ha sido mencionado en días recientes por un representante de  CEPAL, por el columnista Jorge Guardia y por El Financiero. La cuestión obvia es que hay un déficit sustancial entre ingresos y gastos, pero lo que no es obvio es si el déficit debe ser corregido por la vía de los ingresos o por la contención y reducción del gasto fiscal. Lo cual conlleva un interrogante sobre las condiciones que puedan justificar un incremento tributario.

La carencia de información es vital para decidir el curso de acción. Conocemos con amplitud los presupuestos del Gobierno Central pero no el de las instituciones autónomas, aunque sabemos que, con pocas excepciones, la mayoría han entrado en crisis. Fue obvia la de la CCSS, luego la del ICE y también de la UCR marcada por el contexto de la discusión de su presupuesto. Parte del problema es que, en la organización pública, las crisis son cubiertas por el presupuesto nacional o por las tarifas correspondientes. Y, en situación de monopolio, el costo de la ineficiencia simplemente se le pasa al usuario.

Sin embargo las señales de crisis son claras. Sabemos, porque es de conocimiento público, que los privilegios que han precipitado la crisis fiscal (pluses salariales, incapacidades, cesantías, etc.) son prominentes en la CCSS, al igual que los excesos de personal, aparejados a una disminución de la productividad. A pesar de ello, fue evidente en la reciente crisis de los Ebais administrados por la UCR, que la situación salarial es peor en la UCR. Sabemos también que la situación del ICE es similar en privilegios, salarios y excesos de personal, denunciados originalmente por el anterior Presidente Ejecutivo, y ratificados por el actual, al establecer un plan de movilidad laboral, en su mayor parte fracasado. También es evidente el recurso, empleado por el ICE y AyA de privatizar la ineficiencia, trasladando el costo de instalaciones al usuario y postergando las decisiones para ajustar costos y reducir los abusos laborales.

eduardo la fraguaOtra cuestión importante es conocer el nivel tributario real que hoy  se carga sobre las espaldas del costarricense. El ciudadano se encuentra irritado por los excesos de ciertos tributos, en un creciente entorno de acoso fiscal, tanto a nivel nacional como municipal. El Gobierno sugiere que la carga tributaria ronda entre el 13% y el 14% del PIB, cifras que contradicen la percepción del contribuyente, especialmente de clase media. Pero también contradicen la posición de algunos analistas que sugieren que se encuentra claramente por encima del 20%. Esa posición es coherente con alguna información independiente, como se demuestra en el gráfico inserto, cuya fuente es CEPAL. Costa Rica es la cuarta barra, que aparece más oscura y supera el 20%. Otra gráfica de la misma fuente pone a nuestro país consistentemente por encima de la media latinoamericana durante el período 1990-2010, a la vez que nos dice que “Durante el período 1990 – 2010, este indicador aumenta un total de 4.4 puntos porcentuales, colocándose así levemente por encima del promedio latinoamericano en 2010, y reduciendo también la diferencia con los países de la OCDE”.

Finalmente, hay que considerar alguna medida de los niveles de eficiencia pública. Nuestras estimaciones sugieren una pérdida de recursos por ineficiencia no inferior a $4000 millones por año, algo menos del 20% del gasto público. No obstante, los indicios que la prensa revela a diario, sugieren mayores niveles de ineficiencia, cuyo costo podría llegar a $6000 millones por año. Esto lo siente el ciudadano, cuando recibe servicios de mala calidad y en forma extemporánea. O cuando sabemos que los grandes proyectos toman décadas y sus costos (platina, carretera a San Ramón, etc.) son excesivos. Según estas cifras contundentes, no necesitamos una reforma fiscal, sino estatal, para recuperar vastos volúmenes de recursos e incrementar productividad. Pero, producto de la misma ineficiencia, las decisiones son lentas y sus resultados solo se verían en el mediano y largo plazo, aunque ninguna reforma fiscal podrá incidir en el déficit si el efecto de bola de nieve de la crisis, que determina la velocidad de crecimiento y monto del déficit, no se detiene. Por tanto, la reforma institucional debe preceder a la reforma fiscal.

Reiteramos la pregunta ¿Necesitamos una reforma fiscal? La respuesta obvia es positiva, pero debe ser posterior -o al menos simultánea- con una serie de medidas, entre ellas, cuantificar en forma real, sin ocultamientos, el actual nivel de tributación; introducir reformas institucionales para la reducción y contención del gasto público; que se alivie la carga impuesta sobre las clases medias y se traslade a los niveles de ingresos más altos.