¿Cuán tan profunda es nuestra crisis institucional?

editorialSi nos atenemos al sentimiento popular ya perdimos nuestro país. Si exploramos la opinión más objetiva de los países vecinos, tenemos la posición inversa, optimista porque lo ven a la luz de sus propias carencias, más agudas que las nuestras. Igual criterio emana de órganos internacionales independientes que valoran nuestro desarrollo humano. Este alcanza niveles que muchos países, con más recursos, no han logrado. Entonces ¿Cuál es nuestra realidad?

Sí tenemos importantes problemas, pero nuestra situación no es catastrófica. Pasamos con relativo éxito la crisis más seria en más de 80 años, desde 1929. El crecimiento se nos “cayó”, a un 3% que no es crítico, pero agrava el problema de pobreza con un desempleo cercano al 10%. Además, tenemos el raro mérito de tener uno de los índices más bajos de equidad en la región. Sin embargo, hay razón de optimismo: la causa principal de nuestros males, la crisis en nuestros dos principales socios comerciales, parece superada. La economía de EE UU entrará en un saludable crecimiento en el 2014, mientras la Unión Europea saldrá de la recesión.

En suma, tenemos fortalezas y debilidades. No da para que un sector mayoritario, estimulado por una prensa amarillista, piense que hemos perdido al país y esa democracia que ha sido ampliamente generosa con el costarricense ¿Qué hacer para corregir nuestras debilidades?

Necesitamos hacer ajustes, algunos muy urgentes. Primero, el país necesita crecer, porque no podremos aliviar la situación de pobreza sin empleos e ingresos. Hemos sido competitivos y hemos crecido bien al amparo del libre comercio y del turismo. Sin embargo, estamos atrasados en infraestructura, lo cual es una grave incoherencia porque tenemos las competencias propias para desarrollarla solos o mediante asociaciones estratégicas. Nuestros empresarios hacen grandes obras en Nicaragua, Panamá y en otros países. Y tenemos los recursos para proyectos de cualquier magnitud y complejidad. Estos recursos se encuentran en distintos fondos de reserva, principalmente laboral, que hoy superan los $20 mil millones de dólares y podrían crecer más. Solo necesitamos crear el mecanismo para su utilización en infraestructura, pagando los intereses de mercado y fortaleciendo el crecimiento y estabilidad de esas reservas. Crear los mecanismos para poner estos recursos al servicio de  la infraestructura, con voluntad política, se puede hacer en el corto plazo, con grandes beneficios en empleo y competitividad.

Segundo, no será posible superar nuestros problemas, si no resolvemos el de ingobernabilidad. Este es un fardo demasiado pesado, en dos sentidos. Económicamente, porque el costo de la ineficiencia lo hemos estimado en unos $4000 millones, pero los indicios parecen sugerir una cifra mayor que podría llegar a los $6000 millones, montos que hacen imposible cualquier aspiración razonable de desarrollo. Las reformas son complejas y sus resultados sólo se verán en el mediano y largo plazos. Sin embargo, si no se atacan pronto, el efecto de bola de nieve se acentuará incrementando costos y haciendo más difícil la solución.

La gobernabilidad no es otra cosa que una especie de agotamiento de la organización estatal y de los sistemas de gestión pública. Implica ajustes a nivel macro, para armonizar las funciones de los tres poderes, que ahora chocan y se neutralizan entre sí. Los problemas internos del congreso -por ejemplo, que un diputado pueda paralizar proyectos o que éstos no sean procesados y votados en forma oportuna- impiden que el Poder Ejecutivo los ejecute para lograr los beneficios esperados. Pero, por otra parte, las frecuentes incursiones del poder judicial en la actividad legislativa, agregan trabas de gobernabilidad. Ello, sin contar con las propias ineficiencias del Poder Ejecutivo, que ejecuta muy poco por deficiencias de su propia organización interna, dispersa y limitada en su capacidad gerencial por juntas directivas, en las que todo se detiene.

En adición, la vieja regla que alimentó el desarrollo sindical, según la cual éste requería una especie de escudo protector frente a la fortaleza patronal, se ha invertido en el sector público. La evidencia apunta a que el Estado como patrono es la parte más frágil de la ecuación, en la medida que enfrenta recursos que producen la paralización de la economía nacional, mediante el bloqueo de las vías de comunicación, legal o ilegalmente. Ello ha servido para forzar privilegios excesivos, muchos de los cuales (como el debido proceso traducido en inmovilidad funcionaria) constituyen estímulos para la improductividad y disparadores de crisis fiscales. En general, nuestros procesos burocráticos públicos requieren cirugía mayor.

El crecimiento es esencial como primer recurso frente a la pobreza. Pero también deberíamos analizar mejor las circunstancias que redundan en inequidad y pobreza. Por ejemplo, los analistas no han querido tocar el tema del factor inmigración en la pobreza, solo para entender cuál puede ser el peso de medio millón de inmigrantes, en su mayoría pobres, en nuestros indicadores. Tampoco encontramos análisis que nos ayuden a entender el fenómeno de la ausencia de equidad, a pesar del volumen de recursos que el país asigna para beneficio de los sectores más vulnerables.

Un aspecto es claro: el crecimiento del empleo ocurre, por las propias características de nuestro desarrollo, entre quienes, por escolaridad, han adquirido el manejo de ciertas tecnologías o tienen el potencial para adquirirlas. Una consecuencia de ello es que los sectores más favorecidos son quienes de por sí se encontraban por encima de la línea de pobreza, incrementando así la brecha con los más pobres, con poca escolaridad. Sólo para mencionar un ejemplo, en Nicaragua las principales fuentes de crecimiento y empleo son el café, la carne vacuna y la minería. Aunque no son buena fuente de trabajo e ingreso, sí benefician al más pobre y por tanto tienen un mayor impacto en equidad. Seguro que este no es el tipo de equidad que queremos para los costarricenses.

Es posible que, sin perjuicio de algunas protestas retóricas por nuestro modelo de desarrollo, éste no sufra cambios de fondo. El libre comercio seguirá siendo, junto con el turismo, el principal motor de nuestra economía. No hay razones ideológicas, más allá del discurso político, para cambiarlo. La evidencia histórica demuestra que en ello yace la superación de la pobreza para millones de habitantes de distintas regiones del mundo.

Entonces ¿Qué tan profunda es la crisis que nos aflige? Es grave, en la medida que más de un millón de nuestros residentes sufren de pobreza. Y que la economía ha reducido su crecimiento y su capacidad para generar empleo e ingresos para todos o para una gran mayoría. Sin embargo, dos factores correctivos dependen de nosotros mismos: nuestra capacidad para utilizar los vastos recursos (reservas) que tiene el país en proyectos de infraestructura que, por una parte, alivien la situación de empleo y, por otra, nos ponga en una mejor posición competitiva en años futuros. Y la reforma institucional, siguiendo pautas de sobra conocidas, para superar el problema de ingobernabilidad, que neutraliza todo esfuerzo de desarrollo.