Nuestra crisis de desarrollo: perspectivas económicas, institucionales y sociales

editorialEl problema: rondamos un elevado 10% de desempleo, la pobreza supera el 20% y el crecimiento se contrae, lo que implica menos empleo/ingresos y más familias que caerán por debajo de la línea de pobreza ¿Es esto inevitable? La desaceleración de la economía es un hecho objetivo, como lo demuestra una baja en las importaciones y exportaciones, producto, según los expertos en la materia, de la crisis que golpea a nuestros socios comerciales, especialmente EE UU y la UE, unido al alto costo de algunos insumos, entre ellos los servicios públicos, la valorización del colón, las altas tasas de interés e intermediación y la pobre infraestructura como factor de competitividad ¿Hay soluciones? El mercado para las exportaciones, eje central de nuestra economía y fuente primaria de empleo/ingresos, depende de la demanda y ésta parece mejorar en el corto plazo, empezando por el 2014 cuando se estima que la economía de EE UU se fortalecerá y la europea supere la recesión. Sin embargo, para que las soluciones a nuestros problemas lleguen, se requiere de una combinación de imaginación y capacidad de toma de decisiones.

No podemos ejecutar nada en forma oportuna y a costos razonables. Primero, necesitamos resolver el problema de la falta de capacidad operativa en los órganos del Estado en sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos ellos responsables no solo por la lentitud de la toma de decisiones, sino por los altos costos de su funcionamiento. La lentitud es un costo de oportunidad, porque se posterga el impacto esperado, mientras el entorno global sigue a un ritmo endiablado de cambio. A su vez, la lentitud e ineficiencia se reflejan en altos costos de ejecución de proyectos, muchos de los cuales ni siquiera llegan a cumplir con sus objetivos, como la platina que nos costó varios millones de dólares con cero resultados. Es en realidad un tema de organización y procedimientos o tramitología. La organización confabula contra la toma de decisiones oportunas, porque las instituciones se neutralizan mutuamente. La Asamblea Legislativa porque detiene los proyectos que el ejecutivo debe ejecutar. El Ejecutivo porque su autoridad ha sido bloqueada por decenas de organizaciones, amparadas en sus juntas directivas y en ciertos atributos de autonomía. El Judicial, porque la Sala IV cogobierna y colegisla en perjuicio de los otros dos poderes. En adición, otros órganos como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría y la Procuraduría han cambiado sus funciones  y se han extralimitado en sus intervenciones del Poder Ejecutivo. Todos estos órganos, en vez de complementarse, parecen estar en un juego de poder y competencias.

Estamos encariñados con los procedimientos y perdimos visión de los objetivos. La tramitología es otro enemigo del desarrollo, sustentado en la inamovilidad virtual del recurso humano, que no tiene un estímulo hacia la productividad y tampoco siente el peso de la autoridad jerárquica.  No sólo puede ser ocioso, sino que puede bloquear la función orgánica, incluso incursionando en la actividad política a efectos de debilitar la cadena de mando o satisfacer sus propia percepción política-ideológica. La inamovilidad es responsable de que tengamos una planta de personal a cargo de una refinadora que no refina; de que JAPDEVA tenga un 35% más del personal que necesita y no lo pueda cesar; y de que un programa de movilidad laboral en el ICE no funcione, que prolongue su crisis interna y  que los servicios sigan siendo una carga para la competitividad empresarial. Otros procedimientos se ilustran en la expresión del Ministro de Obras Públicas en entrevista a un medio, en el que afirma: “Asumí el ministerio restando 18 meses, eso es lo que dura una licitación pública”, o con un estudio del Banco Mundial, según el cual los inadecuados procedimientos de adquisiciones públicas le cuestan al país (al bolsillo de todos los costarricenses) $500 millones por año.

Recursos. Se ha argumentado en favor de la concesión de obra pública con la falsa premisa de que no tenemos recursos. En realidad, tal vez sea cierto, pero esencialmente porque los utilizamos mal y porque nos falta imaginación. Si la eficiencia tiene un costo que puede rondar bastante más de $4000 millones por año, una administración pública productiva podría darnos recursos para mantener niveles de inversión superiores a unos $2000 millones por año. Sin embargo, aceptemos que los ajustes tienen un costo político y que los correctivos, si llegaran a producirse, liberarían recursos solo en el mediano y largo plazos. Sin embargo, es importante hacer los ajustes pertinentes, porque de otra forma el efecto de bola de nieve fiscal seguirá aumentando, con el alto riesgo de quebrar al Estado. Por otra parte, se ha estimado que si construyéramos una red ferroviaria eléctrica, para carga de mar a mar y de frontera a frontera, y de Paraíso a San Ramón para pasajeros, podríamos costearla con ahorros de la factura petrolera que llegarían fácilmente a los $600 millones por año. Resolveríamos así, un serio problema de comunicaciones, se producirían otros ahorros en mantenimiento de carreteras y nos acercaríamos a la meta de ser un país carbono neutral para el 2021. Pero, de nuevo, esto podría ocurrir cuando activemos nuestra imaginación y eso puede tardar aún más.

Sin embargo hay otro reto a la imaginación que podría ser más accesible al espíritu financista y bancario que ha invadido el país. Según cálculo de alguna prestigiosa institución, los fondos de reserva laboral en el país alcanzaban los $15 mil millones en el año 2007 y hoy debería ser sustancialmente mayor. Por otra parte, sabemos que hay excedentes producidos por instituciones autónomas (bancos incluidos) que, sumados a la cifra anterior, es posible que la eleven sustancialmente por encima de los $20 mil millones. Estos son fondos de todos los costarricenses, accionistas virtuales de nuestras empresas estatales, que deberíamos invertirlos en infraestructura para elevar nuestra calidad de vida y competitividad. Por qué entonces no pensar en crear fondos de inversión, que pueden abarcar los proyectos más ambiciosos, a intereses de mercado, de tal manera que su seguridad no solo esté protegida, sino que se aumente al aumentar su rentabilidad.

Conclusión. Nuestra pobreza es un problema mental y de usos inadecuados de nuestros vastos recursos. Superar ambos, demanda una cambio de actitud, precedido de un cambio en la inadecuada organización y gestión pública. Sin ellos, no podremos destrabar los procesos de desarrollo y liberar la capacidad que el país reveló en otros momentos históricos para asumir grandes decisiones y grandes empresas.