Política ¿Que nos divide?

editorialVivimos en un entorno de agitación política, pero las causas no son completamente claras. El Partido Liberación Nacional (PLN), de lejos la mayor fuerza política del país llega con la bandera de la renovación socialdemócrata, como respuesta a supuestas desviaciones ideológicas de recientes administraciones. El Partido Acción Ciudadana ( PAC), conformado por muchos elementos del ala izquierda del PLN, muestra una división entre la corriente fundacional y la corriente “chavista”, es decir, de izquierda radical. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que parece desplazar al PAC como segunda fuerza política, mantiene una pequeña tendencia socialcristiana “auténtica” y una mayoría que se ha movido a la derecha. El Movimiento Libertario (ML) ha sufrido fugas importantes, mientras su viejo líder se proyecta nuevamente como su candidato a la presidencia. El Frente Amplio (FA), de orientación marxista, que ha crecido gracias a la exposición mediática es acusado por el más radical Partido de los Trabajadores (PT), de alejarse de la doctrina comunista. El ML libertario se encuentra en niveles comparables con el FA. Estos son algunos puntos de interés entre los 14 grupos que entrarán en la contienda electoral del 2014.

¿Qué hay de ideológico en todo esto y como se asocia con las realidad costarricense? La mayoría de las tendencias no calzan en forma clara dentro de una corriente ideológica definida. El PLN se identifica con la socialdemocracia, aunque no en forma ortodoxa. Sus figuras señeras siempre han reclamado un sentido pragmático para responder a las condiciones de cada coyuntura, aunque fiel a los principios esenciales de esa doctrina. El PAC, conformado por muchos ex-liberacionistas, tiene dos ejes ideológicos, el fundacional, que privilegia la ética en la función pública y alguna confusa reforma institucional mezclada con el neoestatismo y, otro, que su fundador ha llamado “chavista”, estatista a ultranza y resistente a las aperturas. En el PUSC, que parece repuntar en una línea socialcristiana conservadora, muestra otras corrientes que buscan sus raíces originales, como el Centro Democrático y Social y la Unión Nacional. Más lejos, en la extrema derecha, se encuentra el movimiento libertario, pro-mercado, pero con una firmeza que no es impedimiento para que sus miembros entren y salgan de las tiendas del PUSC.

Según las encuestas las extremas, derecha e izquierda, siguen sin lograr una base popular importante. Quedan el PLN como la organización política más solida del país, el PUSC que parece recuperar algún terreno, aunque muy alejado del PLN y el PAC, con evidente riesgo de ser relegado a la irrelevancia, especialmente si el ala “chavista” persiste en su alianza con otras agrupaciones de izquierda (alianza patriótica y FA) que no aportan fortaleza electoral.

La cuestión es ¿qué tiene todo esto que ver con el país? Nuestra premisa es que muy poco, si analizamos la evolución histórica y la relación entre ideología y los problemas que hoy enfrenta el país. Al menos en el plano retórico, se arrastra la ficción de algún fantasma neoliberal que nos tiene en problemas. Si lo hubiera, implica el rechazo a las aperturas, al libre comercio y a la renovación del Estado (neoestatismo). Y sus raíces se encontrarían en las corrientes liberales o, más específicamente, en el Consenso de Washington que dominó la década de 1980, bajo el liderazgo de Ronald Reagan en EE UU, Margaret Thatcher en Inglaterra y el impacto de la caída del Muro de Berlín.

Objetivamente, tal adjetivo parece extraño a nuestra realidad. Los gobiernos dominantes durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 hicieron un notable trabajo que cambió para bien la realidad de nuestro país. Hacia fines de esa última década el país enfrentó una crisis y, frente a la realidad de la globalización, abandonó el modelo cerrado de sustitución de importaciones y se integró a la corriente de apertura comercial. Sin embargo, el cambio no implicó una sustitución de modelos, porque el viejo se negó a morir y el nuevo se adoptó sólo en forma parcial ¿Qué produjo el nuevo modelo híbrido? A diferencia de otros países de América Latina, la década de 1980 se caracterizó por notables progresos en crecimiento, empleo, equidad y reducción de los niveles de pobreza que dejó la crisis, entre muchas otras conquistas. Y no podemos ignorar que, en lo que va del presente siglo, hemos tenido niveles de crecimiento importantes, se adoptó el programa Avancemos, se incrementó sustancialmente las pensiones no contributivas, se pagó una buena parte de la deuda pública con la seguridad social y se bajó la pobreza por primera vez a un 16.5%, aunque, una vez más, las crisis recurrentes siguen cobrando factura.

La apertura al comercio (junto con el turismo) han sido los motores de la economía en las últimas 3 décadas y nos han servido bien. Claramente podemos mejorar en ambos pero, si ignoramos los efectos transitorios de la crisis, el país ha sorteado la tormenta con algún nivel de éxito. Sin embargo, esencialmente, el país necesita correctivo prácticos, no necesariamente ideológicos. Nuestras fallas se centran en dos factores principales: la carencia de una política pública que defina con mayor claridad los grandes proyectos que necesitamos en el corto plazo para poder avanzar; y realizar cambios institucionales esenciales, sin los cuales esos proyectos, y otros de largo aliento, serán simple retórica y no serán trasladados a la población en la forma de productos para su bienestar.

La contradicción principal es la reforma estatal y las confusas corrientes neoestatistas afincadas en los sectores de izquierda de las principales fuerzas políticas y de manera particular en el PAC y en sectores del PLN. El objetivo es sustituir un Estado grande, costosísimo e ineficiente, por otro más fuerte pero, que produzca y que lo haga con equidad, eficacia y eficiencia. En principio puede ser un objetivo que nos uniría en nuestra aspiración a niveles superiores de desarrollo y sobre todo a niveles superiores de equidad y solidaridad. No obstante, hoy la ineficiencia del Estado nos cuesta, hemos estimado, unos $4000 millones por año, aunque la evidencia cada vez apunta a sumas muy superiores, que podrían rondar los $6000 millones. Y, además, ese Estado costoso es el principal obstáculo que tenemos para ejecutar los grandes proyectos que el país necesita.

La evidencia es clara, por ejemplo, echando un vistazo a la prensa de cualquier día o cualquier semana. Hoy los medios destacan algunos indicios: la Sra. Presidente decide invertir ¢10 mil millones en cobertura digital, porque FONATEL es incapaz de ejecutar más de $200 millones que tiene para ese propósito; equipos donados por los chinos para escanear cargas con una valor de $6 millones, no se puede utilizar porque ha estado abandonado por 3 años y ahora se tendrá que pagar una suma importante para su recuperación; el mismo equipo revela situación de ingobernabilidad: el poder ejecutivo no tiene la autoridad formal para forzar decisiones que conduzcan a su empleo, porque las instituciones correspondientes o los sindicatos las objetan;  la carretera a San Carlos, después de más de una década de iniciación, hoy no tiene principio ni fin, acceso y salida y, en todo caso, se pide una cifra sustancial (unos $50 millones) para poder terminarla. Así, pareciera que lo que necesitamos es, primero, una reforma de fondo para superar las amarras que el Estado le impone al desarrollo y, segundo, simplemente hacer cosas, focalizarnos en ejecutar algunos proyectos de alta prioridad nacional ¿Cómo lograrlo? Sugerimos dos caminos alternativos o complementarios: un acuerdo político y/o un acuerdo civil por el cual se le dé un mandato a los políticos para que actúen en la dirección correcta.