¿Nos pasará a nosotros?

editorialLas manifestaciones populares brotan como abejorros de mayo y ahora se encuentra en nuestra región, en Brasil y Chile, el primero con los programas sociales más exitosos del mundo y el segundo con los niveles de pobreza más bajos de América Latina. Costa Rica ha sido un país exitoso con niveles de desarrollo que muchos países, más ricos, no han alcanzado.

Las causas de las manifestaciones populares masivas son complejas y  múltiples. En Costa Rica hemos tenido algunos brotes preocupantes, como el de las motocicletas y el más exitoso Movimiento de Occidente, que detuvo la concesión de la carretera a San Ramón. La huelga más reciente, con más de 20 puntos en distintas partes del país, parece haber sido un intento de grupos interesados en saber si existen las condiciones para movimientos masivos de alcance nacional. La buena noticia es que fue un fracaso. Pero, aún así, deberíamos tomar medidas preventivas para que las soluciones vengan por la vía del diálogo y la paz, como ha sido siempre nuestra tradición.

Costa Rica es una historia de éxito. En las primeras tres décadas de la segunda mitad del siglo pasado evolucionamos de ser una aldea empobrecida, a un país más saludable con buenos niveles de desarrollo. La crisis de fines de 1970 y principios de 1980 nos obligó a cambiar de modelo. Fue un híbrido del modelo anterior y de las corrientes liberales prevalentes en la época de Reagan, de Thatcher y la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, nuestro país, para mal y para bien, no sucumbió frente a la fuerza de neoliberalismo representado por el Consenso de Washington. Adoptó un modelo híbrido, manteniendo mucho del viejo modelo, combinado con mucho del nuevo. En la década siguiente y más allá, tuvimos notables mejoras económicas y sociales. Más reciente, la Administración Arias Sánchez mantuvo un acelerado crecimiento económico con importantes programas sociales. El año 2010 concluyó con el más alto nivel de gasto social en la historia de nuestro país. Y por primera vez desde mediados de 1980, la pobreza llegó a 16,50%, pero también llegó la crisis de 2008-1009 que borró algunas conquistas. Hoy la tasa de desempleo ronda el 10%, el crecimiento posiblemente baje hasta un 3% y la pobreza posiblemente esté llegando a un 22%.

¿Hemos olvidado todo esto? Tal vez nos estemos distanciando un poco de nuestra realidad, con una eficiente ayuda mediática que todo lo infla. Y, en efecto, existe un peligroso nivel de crispación social, alimentada por dos hechos fundamentales: expectativas crecientes en la medida que la población progresa y presunción de que podemos darle a la población un nivel superior de desarrollo al que tenemos. Empleo, ingresos y pobreza posiblemente sean nuestros principales problemas.

¿Qué medidas puede tomar el país para recuperar la confianza perdida de la población? Es evidente para todos que nuestro Estado no funciona, a pesar de que nos cuesta una suma que se acerca un 44% del PIB nacional. Todos los costarricenses, en nuestro diario contacto con alguna organización pública sufrimos la consecuencia de un mal servicio que no resuelve, a menos que aparezca el factor mordida para abrir portillos. Esta es posiblemente la razón por la cual el pueblo rechaza al político y piensa que es corrupto. La mayor prioridad nacional es hoy la reforma sustancial del Estado, una reforma que cubra tanto los sistemas esenciales operativos (planificación y gestión global y de recursos humanos, físicos y financieros), como las funciones de cada uno de los tres poderes y de las intrusivas Contraloría, Defensoría y Procuraduría, que se han extralimitado en sus funciones. Es posible que la reforma del Estado sea el mejor correctivo para recuperar la confianza de la gente en la política y en los políticos.

Tenemos que detenernos un punto de la organización estatal. Primero, digamos que el país tendría que adquirir conciencia de que no puede manejar empresas tan complejas como el MOPT, el MEP, el INS, el ICE y la CCSS, para mencionar unas pocas, con “gerentes generales” que están en sus cargos máximo 4 y generalmente dos o tres. Bajo estas condiciones sólo podemos esperar fracasos y situaciones de crisis.

El problema es que hemos confundido la función política con la tecnocrática. Al Ministro o presidente ejecutivo se le carga la responsabilidad de definir las políticas sectoriales correspondientes, de las que carecemos, y además tiene que administrar esas complejas instituciones, lo cual hace bastante mal. Estas dos funciones deberían estar legalmente separadas: la primera para el político, que actúa en función del proceso electoral previo y del siguiente. Esto es correcto y congruente con nuestra democracia. Pero necesitamos gerentes profesionales que se encarguen de aplicar sus conocimientos y tecnologías apropiadas para formular y ejecutar planes y programas y entregar los servicios correspondientes a la población. El gerente debería ser un funcionario permanente, apolítico y consistente con un valor profesional: generar un producto de calidad al menor costo posible.

Otro elemento de reforma como medida preventiva de las manifestaciones populares masivas, tipo Brasil y Chile, es democratizar la democracia. No somos genuinos cuando hablamos de la participación civil, que hoy es simple manipulación política. Notemos que las manifestaciones que se presentan en nuestro país, con la única excepción del Movimiento de Occidente, son de grupos de interés especial (principalmente gremial). Esto es más de lo mismo, riesgoso y una parte importante del problema por su relación son los privilegios abusivos que se han logrado al amparo de las convenciones colectivas.

Democratizar la democracia implica darle poder real (sin manipulación) a las comunidades para que sean ellas las que decidan cuáles son sus necesidades y los cambios que debe hacerse para solucionarlos. Las comunidades no tienen intereses particulares y no sectoriza como pretendemos los técnicos y políticos. El pensamiento comunitario es global y social. Por otra parte, las estructuras políticas tienen representantes a nivel de cada comunidad, de modo que es posible un diálogo organizado desde la base y que lleve las propuestas a los niveles más altos.