¿Es necesario un plan fiscal?

editorialUn reciente estudio de la Universidad Nacional concluye que el país requiere, con urgencia, un plan Fiscal, mientras el Ministro de Hacienda informa que el documento base del nuevo plan fiscal se tardará dos meses más, por el interés de diversos grupos de participar en su discusión. El Ministro también anuncia que un “estudio elaborado por el Instituto (de Ciencias Económicas de la UCR, IICE) acerca de la sostenibilidad fiscal concluyó que la situación actual es insostenible”. Los dos meses de atraso del documento base nos llevarán hasta octubre, cuando sabremos quienes son los candidatos presidenciales de cada partido, reconocidos por el Tribunal Electoral, y entraremos en plena campaña política. El entorno para discutir un Plan Fiscal, no augura su éxito y posiblemente hará la discusión más compleja e inviable.

Pero ¿en realidad necesitamos un plan fiscal? Posiblemente sea necesario, pero sólo si los disparadores del gasto público son controlados. La crisis de gobernabilidad, presente en todo discurso político, tiene un costo. Nuestros propios indicios nos dicen que ronda los $4000 millones por año, algo cercano al 9% del PIB, según cifras del programa macroeconómico del Banco Central para el 2013, aproximadamente al doble del déficit fiscal. El Estado disfuncional que tenemos no sólo genera un despilfarro descomunal, sino que obstaculiza la ejecución de los grandes proyectos, de los cuales depende la competitividad del país y el bienestar de los costarricenses. Esa es la magnitud de la crisis y no la podemos soslayar. Pero, además, la crisis se ha convertido en una bola de nieve, que gira a alta velocidad y aumenta su volumen a cada paso. Echarle más recursos, aumentará su tamaño y con ello el drenaje de recursos esenciales. En el mediano plazo, el Plan Fiscal podría agudizar la crisis y profundizar nuestra problemática económica y social.

Por tanto, es de interés nacional llamar las cosas por su nombre. Parafraseando al IICE, digamos que, en efecto, la situación creada por la crisis institucional es insostenible, primero porque impide que el país avance en la ejecución de los proyectos de desarrollo; y, segundo, porque drena los recursos sin los cuales el país no podrá avanzar en superar las serias brechas sociales existentes. Por supuesto, las soluciones no son fáciles y no se pueden ejecutar en el corto plazo. Pero es esencial que el país reduzca gradualmente el volumen de la bola de nieve y que le quite aceleración. Eso es lo que conseguiría una reforma institucional de fondo que, por cierto, ha sido planteada por distintos grupos políticos y en especial por el propio Gobierno a través de los “notables”.

Este es el problema central. El déficit fiscal es sólo una consecuencia de un problema mayor. Si las causas fundamentales no son atendidas, pronto nos encontraremos con un déficit fiscal mayor y soluciones política y socialmente más costosas. En otros aspectos, es importante que la discusión se produzca en un entorno de objetividad y honestidad. Algunos aspectos que merecen más claridad son:

¿Cuál es el nivel real de tributación del costarricense? Según el Gobierno el aporte de impuestos ronda el 13% del PIB. Muchos otros analistas y expertos consideran que supera el 20%. Es importante que una parte independiente nos diga cuál es la cifra que más se acerca a la realidad. Es posible que el Banco Mundial ya tenga esa información y la facilite si se la piden.

¿Quién paga los impuestos en Costa Rica? Se reconoce entre los círculos técnicos que tanto el impuesto sobre la renta como el IVA son regresivos, pero eso es sólo parte de la historia. La clase media-media y media-alta ha sido objeto de acoso fiscal, tanto a nivel central como municipal, sólo porque sus ingresos son más visibles y susceptibles de imposición.

¿Qué pagan los costarricenses con sus impuestos? Por supuesto esos $4000 millones a que hicimos referencia como costo de la ineficiencia. Igualmente el alto costo de los servicios públicos, regulados por entidades estatales. Pagamos la platina, los excesos de personal que se dan en la mayoría de las organizaciones públicas, los $1500 millones de la Refinería, las colas de la CCSS, los atrasos de FONABE, las incapacidades, las cesantías, las largas vacaciones, las jugosas pensiones, la Trocha, el mantenimiento de carreteras que deteriora nuestros vehículos, por los cuales pagamos cada vez más, el regalito que le querían hacer a OAS, entre muchos otros desaciertos y privilegios. El Estado no le puede pasar a la población el costo de los privilegios, de la ineficiencia y de la improductividad. Si no hay evidencia fáctica de que todo eso no se corrige, el Estado no tiene un buen caso para el Plan Fiscal.

¿Qué hace el Estado para impulsar el crecimiento, fuente principal de ingresos fiscales? La reforma del Estado debe generar un traslado de recursos ociosos al sector privado, para que sean empleados en grandes proyectos de infraestructura que alimenten la competitividad, el empleo y los ingresos. Si se llegara a recuperar la capacidad productiva (equidad, eficacia y eficiencia) del Estado, si se encontraran los mecanismos para emplear fondos laborales y reservas de las instituciones autónomas, especialmente bancos, el país no necesitaría incurrir en costosos préstamos externos, o trasladar jugosas ganancias a compañías extranjeras.

Toda entidad que gaste más de los que sus ingresos permiten está en crisis. Debe moverse a una situación de equilibrio, pero no necesariamente focalizada en recursos sino en las causas subyacentes que producen la crisis. En nuestro caso, el déficit lo origina un estado costoso que es, además, disfuncional. Es decir, no cumple con su función o lo hace en forma extemporánea y a costos excesivos. Nuestro problema focal no es el fisco, sino un modelo de Estado que requiere grandes reformas, por supuesto, manteniendo sus valiosas fortalezas. Por otra parte, las soluciones deben darse en un contexto de honestidad y transparencia. No se le debe seguir cargando la mano a las clases medias, simplemente porque cuesta más cobrarle al que más tiene, o porque pesa más en la estructura de toma de decisiones.