Reforma institucional: nuestro mayor problema es capacidad de ejecución

editorialNuestro país es bueno para el diagnóstico, aunque en esto contamos con la profusa ayuda de gran cantidad de organismos internacionales. También somos buenos para ejercitar el sentido crítico, tal vez demasiado buenos, porque desemboca fácilmente en quejas, descalificaciones y ofensas. Además nos eximimos de toda culpa, porque siempre la tiene “el otro”. Nos lucimos formulando planes y programas, que combinan la aguda visión del político y la competencia de sus asesores técnicos. Pero somos un  rotundo fracaso ejecutándolos, nuestro mayor escoyo para alcanzar algún tipo de desarrollo superior – solidario y equitativo decimos con frecuencia – que el imaginario colectivo considera al alcance de nuestras posibilidades y recursos. Nuestra incapacidad ejecutiva hace esa aspiración cada vez más distante.

Hemos llegado a la conclusión colectiva de que la culpa la tiene el Estado, lo cual es correcto, pero luego lo asociamos con la corrupción política, lo cual es parcialmente correcto. Para lo primero, la evidencia es contundente y la refrescamos semana tras semana. Pasamos el shock de la carretera a San Ramón, que tal vez nos ahorre miles de millones de dólares de todos, que la burocracia pública parecía decidida a regalar a OAS, al de la Refinadora, con una inversión superior a los $1500 millones, sin que sepamos si es la mejor decisión y cuáles serán sus efectos. Le sigue el FONAVE (Fondo de Asignaciones Familiares) que otorga con importantes atrasos las becas para estudiantes pobres, incrementando así sus carencias; y, precisamente el día de hoy, los medios nos dicen que muchos miles de millones de colones gastados en  mantenimiento de carreteras, no tendrán mucho efecto en la calidad de las vías.

¿Por qué la crisis brota aquí y allá en toda la administración pública? La respuesta es simple: no es que el MOPT, o la Caja, o el ICE o el Fondo de Asignaciones Familiares anden mal individualmente. Las dolencias están incrustadas en el Estado y desde ahí se proyectan a todas las instituciones, casi sin excepción. Para resolver la recurrencia de las crisis es necesario corregir los factores estructurales, ejes que cruzan la gestión pública y alimentan las situaciones de crisis que nos abruman. Resolver la problemática institucional parte de los sistemas del Estado: organización, gestión global, gestión de recursos humanos, contratación administrativa; régimen de ingreso y retiro del servicios, sistema político con decisiones institucionalizadas, cada vez más lejanas del ciudadano, etc. Sin embargo, la reforma del Estado es víctima de nuestra misma deficiencia: incapacidad ejecutiva. Coincidimos, población civil y políticos, en el diagnóstico, pero somos incapaces de conjuntar voluntades para actuar en concordancia, aún cuando las vías de la reforma están claramente señaladas en más de un estudio y, de manera particular, en las recomendaciones de los “notables”.

Sí, por supuesto, el Estado tiene la principal responsabilidad y es ahí donde esta “la pega”. Pero si el Estado anda mal, cómo podemos esperar que se auto-reforme. La crítica civil es severa, pero el ciudadano de a pie encuentra comodidad en excluirse de la problemática, especialmente si es nacional. La población civil, la que con tanta eficacia actuó y detuvo la concesión de la carretera a San Ramón, parece reaccionar solo si un problema nacional lo percibe como local. Esa carretera es crítica para el país, pero los que se sintieron agredidos fueron los ramonenses. El problema institucional no tiene ese “factor local”, porque nos involucra a todos por igual. El Gobierno y los políticos coinciden en la necesidad de un cambio institucional, pero a la hora de las decisiones, no quieren cargar con el costo político, que en esencia se deriva de la resistencia a ceder privilegios acumulados en el sector público y la capacidad de los gremios para paralizar el país por métodos legales e ilegales bien conocidos. Necesitamos un movimiento de occidente, oriente, sur y norte (un plebiscito) para ordenarle a las instituciones del Estado para procedan a ejecutar la reforma.

¿Es la culpa de los políticos? Sí pero solo en forma parcial. Los políticos siguen una serie de reglas de juego, que nuestro modelo de Estado les impone o que se derivan de la correcta aplicación de principios democráticos. También es cierto que hay “chorizo” político, pero no es importante. La corrupción que irrita a la población se origina en la dictadura del procedimiento. Hemos creado una barrera infranqueable de burocracia que no se la salta nadie, a menos que haga su aparición la “mordida” para abrir portillos y lograr soluciones. Esto se da a diario y lo experimentamos tal vez millones de costarricenses que todos los días hacemos gestiones en las distintas organizaciones públicas. Y es probablemente la causa principal de la actitud de irritación, la sensación de que todo anda mal y la desconfianza en el sistema político, es decir, en nuestra democracia. De nuevo, lo que tenemos que cambiar es el funcionamiento del Estado en la totalidad de sus instituciones.

El problema es que el político no nos ha entregado el principal producto de su función: las Políticas de Estado de las cuales carecemos y que nos darían una certeza de hacia dónde vamos y qué tipo de sociedad estamos construyendo. Nos han creado un vacío de incertidumbre. Es la politiquería dice la gente. Pero eso es lo que tiene que hacer el político en sus contactos con las comunidades (saber cuáles son sus necesidades), función que adquiere mayor relevancia en procesos propios de la democracia: las elecciones que construye el poder político-gubernamental. El proceso electoral es el punto más sensible donde se encuentran las necesidades de las comunidades con quienes aspiran a presentar soluciones a través de la acción de gobierno.

Pero estamos hablando solo de gestión política, posiblemente el pilar más fuerte que sustenta la democracia. El problema es que la política y los políticos se encuentran demasiado ocupados en la maraña administrativa, intentando manejar organizaciones complejas, para lo cual no tienen las competencias, ni la motivación. Son los gerentes profesionales quienes tienen competencias para movilizar recursos y tecnología en tiempo y espacio y para llevar servicios y productos a la población, de los cuales depende en gran medida el bienestar social. La motivación política electoral en este plano, es en muchos sentidos irrelevante y, además, peligrosa. En contraste, por formación, el gerente profesional busca producir el mejor servicio al menor costo posible. Por otra parte, necesitamos gerentes estables, mientras dure su buen desempeño. Instituciones como ICE, CCSS, INS, MEP, MOPT, etc., no pueden manejarse eficazmente con administraciones de 4 años, que la política reduce a 3 años o aún menos.

En consecuencia, lo que el “nuevo” Estado debiera darnos es una organización conformada por dos estratos: uno político, encargado de la gestión de las grandes estrategias de gobierno en los distintos sectores. Y otro tecnocrático, en el cual se formulen planes y programas y se ejecutan para producir los resultados que se esperan de la política pública. Este estrato tecnocrático debería tener un escudo formal que lo proteja de la interferencia política, aunque con delicadas relaciones de interdependencia, para asegurar coherencia entre la política y su traducción en productos específicos que se llevan a la población. Los beneficios son obvios en la formulacion de la política, como en su ejecución y traducción en resultados concretos, que la poblacion puede valorar.

Finalmente, reiteramos lo que hemos dicho: el principal problema es el Estado, la suma total de las instituciones. Y lo reiteramos por la tendencia a ver la crisis en perspectiva institucional individual. El problema de la carretera a San Ramón, de la Platina, de Recope con su Refinadora, de las servicios públicos con las tarifas que se disparan, de la CCSS, etc., se origina en ejes transversales que se proyectan a la totalidad del Estado. Focalizarse en cada crisis institucional, sin corregir factores estructurales, es una pérdida de oportunidad de desarrollo, porque los problemas subyacentes seguirán latentes, alimentando nuevas situaciones de crisis.