Estado sin obligación de firmar contrato minero

La Sala IV ratificó ayer que el Estado costarricense no está obligado a firmar un contrato de explotación de petróleo y gas natural en las llanuras de la zona norte, durante un periodo de 20 años.

La Sala rechazó de plano, “por mayoría y con redacción del presidente interino, magistrado Gilbert Armijo Sancho, una acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Mallon Oil Company contra jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo que, en criterio de los accionantes, cuestionaba la obligatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional”.

La empresa accionante consideraba que el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Primera habían desconocido los alcances de una sentencia de la Sala Constitucional (2010-205), en la cual se resolvió un recurso de amparo presentado por la firma minera.

El amparo, resuelto en el 2010, establece “que no se había comprobado que existiera lesión al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por la fase en que se encontraba el proyecto de ‘Prospección petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántica de Costa Rica’”.

En ese momento, la Sala no analizó “el procedimiento de contratación en su totalidad, el marco normativo completo de la actividad, ni tampoco dijo que el estudio de impacto ambiental fuera suficiente para tener por válida y eficaz la concesión, sino que se limitó a establecer que, en la fase en que está el proyecto, no se constataba la lesión del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Los magistrados reiteraron que la sentencia del 2010 “no contiene ningún pronunciamiento sobre la validez del estudio de impacto ambiental relacionado con la petición de concesión, ni tampoco declara obligación del Estado de firmar un contrato de concesión petrolera”.

En la vía contencioso administrativa, se resolvió que el Estado no estaba obligado a firmar un contrato con Mallon Oil.

La demanda de Mallon Oil fue interpuesta luego de que el Gobierno de Laura Chinchilla declarara una moratoria a la exploración petrolera y se negara a suscribir un contrato con la empresa.

Tomado de:  http://www.nacion.com/

1 thought on “Estado sin obligación de firmar contrato minero”

  1. Se plantean dos cosas relacionados con la puesta en práctica del decreto pro petroleras que en 1998, redactara Allan Astorga y suscribieran René Castro como ministro de Ambiente y José María Figueres como presidente de la República, anulado por sentencia del Tribunal Contencioso recientemente ante proceso legal incoado por este servidor y el abogado Pablo Zúñiga Morales. – – – –

    Decreto en el que al eliminar los requisitos ambientales que existían en el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos que, entre otros, contenía la obligación hacia las empresas petroleras de tener aprobado un estudio de impacto ambiental DE PREVIO a la firma de exploración y explotación petrolera con el Estado, los sustituyeron por pseudo estudios de impacto ambiental de proyectos “sin impacto”, de una fase inventada en el decreto llamada de “prospección”, referente a la indagación bibliográfica, documental o con métodos manuales, que al ser aprobado por la Setena, pasaba a tener carácter de requisito fundamental y suficiente para proceder a firmar los respectivos contratos con el Estado. – – – –

    Así lo hizo Harken con el presidente Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, a partir de un proyecto de estudiar la reflexión sísmica con pistolas de aire comprimido en una pequeña área de los 5000 km2 concesionados. – – – –

    Y así reclama hacerlo Mallon Oil Company con un estudio de documental de gabinete que le aprobara la Setena en el 2000 cual si fuere un proyecto que requiriera un estudio de impacto ambiental. – – – –

    Por lo visto, como la Sala IV había rechazado un recurso de amparo presentado en contra del pseudo estudio de impacto ambiental (repetimos, tramitado según el espíritu y letra del decreto pro petrolera recién anulado) porque supuestamente no conllevaba amenazas para el ambiente. Resolución que los representantes de Mallon Oil pretendieron interpretar que con ello la Sala estaba avalando el estudio de impacto ambiental “de mentirillas”. Con el rechazo de plano a la Acción de Inconstitucionalidad, la Sala aclara que eso no es así, que ellos se limitaron a señalar que el proyecto de “prospección” y su correspondiente estudio de impacto ambiental no conllevan ninguna amenaza ambiental, cosa más que obvia, pero sin entrar a analizar el carácter y alcances de ese tal estudio, y lo referente a la aplicación del decreto pro petroleras publicado medio a escondidas semanas antes de terminar el gobierno de Figueres Olsen. – – – –

    Por otro lado, el Estado, actuando conjuntamente con la Setena, por un lado le solicita a Mallon Oil iniciar un proceso de estudio de impacto ambiental propiamente dicho, procediendo a elaborar el obligatorio Formulario de Evaluación Ambiental D1 que sirva de sustento para que los técnicos de la Setena emitan los términos de referencia para los apartados que forman parte de un Estudio de Impacto Ambiental propiamente dicho (¡lo que no se hizo, valga la pena recordar, con el proyecto de la nueva refinería china!) mientras por otro lado se ha negado a suscribir el contrato de exploración y explotación petrolera que Mallon Oil reclama en base a haberse ajustado a lo dispuesto en el nefasto decreto pro petroleras. – – – –

    Queda en evidencia, aún más, que de no haberse redactado y publicado ese decreto ejecutivo Nº 46750-Minae en 1998, Costa Rica no se hubiera expuesto a que sus gobernantes adquirieran compromisos por miles de millones de dólares (Harken reclamaba el pago de US$57.000 millones por el valor del petróleo que no se le permitió extraer, ¡después de tener en sus manos el contrato de explotación!). – – – –

    La buena noticia es que, en caso de que el ministro de Ambiente René Castro y la Procuraduría no tomen la decisión de apelar la contundente sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo el mes pasado, quedará en firme la derogatoria del decreto que le permitió a Harken (antes MKJ Xploration) la firma del compromiso contractual y a Mallon Oil el tratar de que se firme un contrato similar. Al tiempo que quedaría también en firme el reparo al daño que se le había hecho al Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, restableciéndose los 17 artículos que forman parte del Título Ambiental que por 15 años estuvieron derogados, para beneficio de cualquier ente interesado en explotar petróleo en Costa Rica. – – – –

    Ahora Setena reafirma su posición en el sentido de no otorgarle validez al estudio de impacto ambiental (que le aprobara la Setena a Mallon en el 2000) que determinaba el decreto pro petroleras de 1998, por lo que, como había resuelto antes, la petrolera tendría que presentar un EsIA propiamente dicho, como el que se determina por las normas de Setena y el reglamento a la Ley de Hidrocaburos ahora vigente después de que por espacio de 15 años estuvo derogado. – – –

    Freddy Pacheco León – – –

    Especialista en estudios de impacto ambiental.

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