Democratizar la democracia: un antídoto para combatir la crispación social

editorialIgnorar los cambios que se vienen dando en muchos países, bajo presión social, violencia y pérdida de vidas, es suicida. Que Venezuela y otros países hayan decidido una vía equivocada no es sólo culta de los populistas que se han tomado el poder, sino de políticos tradicionales que han venido manejando la democracia para beneficio de una asociación perversa entre el poder político y poder económico. En gran medida, la democracia en América Latina y el Caribe (también en otras partes del mundo) ha constituido un recurso para que los ricos mantengan o mejoren su situación de privilegio y para que los políticos emigren a los estratos económicos superiores. Es suma, el interés popular no se beneficia de la seudo-democracia populista y tampoco de la democracia tradicional. Hoy no basta decir, parafraseando a Winston Churchil, que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Sin bienestar social y sin participación civil, la democracia no sobrevivirá la avalancha de la indignación y la crispación social ¿Qué hacer?

Primero, hay que intentar verificar la autenticidad de los movimientos sociales y los factores que lo impulsan. Costa Rica no debería tener condiciones para la indignación y la violencia de los movimientos que se han producido en otras partes del mundo o, más cerca, en Brasil y Chile. La calidad del transporte público y la educación gratuita debería distinguirnos con respecto a ambos países. Tampoco sufrimos el descalabro de la década perdida de 1980, período durante el cual otros se quedaron atrás pero nosotros seguimos los niveles de avance, previos a la crisis de 1980-1982 (Ver evidencia objetiva AQUÍ). En tiempos más recientes el país ha tenido un acelerado crecimiento económico y se han tomado medidas sociales importantes, como el programa Avancemos, las pensiones no contributivas, las redes de cuido de espacial beneficio a la madre jefa de hogar; a la vez que tuvimos, durante la crisis y hasta el 2010, uno de los mayores niveles de gasto social de América Latina. Como consecuencia, nuestro país debería de tener un nivel de bienestar social superior y haber resuelto los problemas fundamentales de pobreza y equidad ¿Qué nos ha pasado?

Podemos ensayar algunas respuestas rápidas. La corrupción parece ser uno de los principales factores de irritación social, pero la confundimos. En el imaginario colectivo, la corrupción es política, pero la fuente real podría ser la irritación de la ciudadanía en su contacto diario con las organizaciones públicas, en el que nada se resuelve sin la intervención de la mordida o del amiguismo. Miles, tal vez millones de costarricenses están en contacto a diario y en todos los momentos del día, con la dictadura del procedimiento. Dos elementos confabulan en hacer miserable su vida y sus emprendimientos: una normativa disfuncional, que parece hecha para que las cosas no se hagan; y la actitud del burócrata, poco productivo y sin compromiso con el servicio público, porque se han construido una serie de estímulos perversos (inmunidad, estabilidad, privilegios, etc.) que impulsan el comportamiento improductivo. Invertir ambos elementos es esencial para mejorar la calidad del servicio y, por tanto, el bienestar social, que depende en gran medida de los aportes del Estado. Hacerlo puede ser el factor decisivo para reducir al mínimo la irritación y la desconfianza en el “sistema político”.

Somos un país pobre o, al menos eso es lo que piensa la mayoría. Podría tener razón, pero la pobreza se origina en la mala utilización de nuestros recursos. La evidencia es muy clara y la hemos expuesto con amplitud en La Fragua. Pero hay, además, indicios contundentes recientes. Los costarricenses abríamos pagado a OAS miles de millones de dólares de más, por la construcción de la carretera a San Ramón y habríamos invertido más de $1500 millones por una refinería que no sabemos si la necesitamos o, mejor, si hay otras opciones compatibles con la política pública de ser carbono neutrales para el 2021. Otros indicios nos ha llevado a concluir, muy conservadoramente, que el país pierde, por simple ineficiencia, no menos de unos $4000 millones de dólares cada año.

En relación con nuestra deteriorada infraestructura, es importante traer a colación que el país tiene reservas laborales que rondan los $15.000 millones y que las instituciones autónomas generan reservas adicionales, posiblemente muy cercanas a esa cifra. Sin embargo, los beneficios para los accionistas de esas instituciones, que somos el pueblo propietario de ellas, se han ignorado o no han sido dirigidos a proyectos de interés nacional. La pobreza surge porque arrastramos enormes bolsones de despilfarro. De nuevo, es necesario construir un Estado con vocación de servicio público, que nos brinde los servicios esenciales que asume, de la más alta calidad y al menor costo posible. Y que, como política pública, se canalicen los excedentes (después de costos de operación, inversión y seguridad) a la conformación de un fondo para proyectos de infraestructura de interés nacional, que se alimente a sí mismo y que crezca para financiar las crecientes demandas de una sociedad que crece en complejidad. Esos fondos, bien administrados, son suficientes para financiar los más ambiciosos proyectos de desarrollo.

Por supuesto, son esenciales algunas reformas políticas. No nos sirve una Asamblea Legislativa que se auto-impone restricciones para cumplir con su principal objetivo: votar proyectos; o un sistema electoral que no es libre, porque igualmente impone condiciones al ciudadano para contribuir al principal objetivo de la democracia: representatividad popular real. En cambio, nos hacen votar por listas de candidatos, configuradas en los niveles más altos de decisión, donde se juntan el interés político con el económico.

Pero volvamos a nuestro planteamiento inicial. La huelga de esta semana, con un coctel de objetivos difusos, orientada posiblemente a alimentar el descontento general, fracasó, en gran medida porque, con excepción de la carretera a San Ramón, carecía de un objetivo nacional unificador. Lo cual es consistente con la premisa de que no se pueden forzar en nuestra particular realidad, situaciones de descontento civil, como los que se han venido produciendo especialmente en Brasil. Por otra parte, la irritación social se ha exacerbado por errores descomunales que comprometen enormes sumas de recursos de todos los costarricenses. Y hablamos de miles de millones de dólares, sólo en dos proyectos: la refinería y la carretera a San Ramón. Lo que implica que, si bien hoy no existen las condiciones para el descontento a los niveles de Chile o Brasil, este se puede producir, o inducir, en el mediano plazo. El fracaso de la huelga parecería una muerte anunciada.

El tema de democratizar la democracia implica, esencialmente, abrir un espacio para que sea la sociedad civil, sin manipulación política o gremial, la que plantee las necesidades de desarrollo del país, con el sentido integral e integrado que nace en el seno de las distintas comunidades. Y, luego, que los políticos y sus tecnócratas puedan articular un programa de gobierno a partir de esas propuestas comunales. Esto, que parece inviable, si pensamos en los 3 millones de costarricenses adultos, es posible porque las comunidades tienen sus propias organizaciones y líderes capaces de articular una visión de sus necesidades, las cuales se pueden integrar desde los niveles más bajos a los más altos. El movimiento de occidente, que paró la concesión de la carretera a San Ramón, no ha dado una demostración de ello. Igual organización existe en el plano político, que empata con la organización civil. Por supuesto, si el Estado no tiene capacidad ejecutiva para traducir su compromiso político en realidades (bienes y servicios), como ocurre en nuestro caso, el sistema político habrá defraudado a la ciudadanía. De ahí la trascendencia de la reforma institucional que, aunque resuelve el problema de la participación comunitaria organizada,constituye un avance en la dirección correcta.