Crisis institucional: en busca del culpable

editorialLa crisis se nos ha precipitado con dos acontecimientos importantes: la carretera a San Ramón y la Refinería. Todos hemos quedado “atontados” ante la presencia de tanta incompetencia. Antes habíamos sido expuestos a la crisis de la CCSS, caracterizada por los principales medios de comunicación y analistas como un crisis financiera. Nosotros disentimos, argumentando que esta es sólo la manifestación externa de una crisis más profunda de los modelos de gestión y de prestación de servicios. También anticipamos que el ICE tendría una crisis similar, que se hizo pública más tarde, al conocerse que venía arrastrando un déficit importante y nos estaba pasando el costo de la ineficiencia a todos, en las tarifas que ahora son ampliamente reconocidas como un factor que limita la competitividad.

Por otra parte, las incapacidades han expuesto nuevamente el problema de los privilegios propios de todas las instituciones públicas, incluso en el Poder Judicial, que parece más resistente al cambio. Es suya la responsabilidad de evitar que los privilegios abusivos se afinquen en cualquier sector, según el principio de igualdad que establece la Constitución en su artículo 33. No obstante, tratándose de un órgano ausente de algún control, en su interior los privilegios brotan a granel entre su personal: docencia con doble salario, incapacidades, tiempo de servicio para el retiro, monto de la pensión, cesantías, vacaciones, etc. El déficit fiscal está estrechamente ligado a estos privilegios laborales.

El fenómeno que hemos venido experimentando es la aparición de una serie de situaciones de crisis institucional, a nivel de organizaciones individuales. Y, a pesar de la existencia de varias propuestas de reforma, formuladas con amplitud, no hemos entendido, con absoluta claridad, que la problemática emana de ejes transversales que cruzan la totalidad de la administración pública. El enfoque individual, si bien permite correctivos parciales, como los que en efecto viene logrando la CCSS, mantiene el carácter cíclico de las crisis, porque los factores estructurales subyacentes permanecen inalterados. Es notable que algunos patrones asociados con la crisis de la CCSS, ya hubieran sido expuestos por documentos escritos hace dos o tres décadas (ver, a título de ejemplo, el capítulo 15 del libro La Seguridad Social y Desarrollo en Costa Rica, escrito por el Dr. Guido Miranda). Los problemas de la carretera a San Ramón y de la Refinería tienen el mismo origen: las deficiencias de los modelos de organización y gestión pública que hemos ido construyendo través del tiempo.

En el plano político se ha venido utilizando la evasiva del neoliberalismo. Este villano es una figura confusa, usada como recurso retórico para la descalificación del “otro”, sin aportar nada constructivo que ayude a corregir las fallas ideológicas del modelo de desarrollo, si es que existen. Peor si ellas se originan en el neoestatismo, una posición que en muchos sentidos justifica los vicios del sector público y debilita cualquier iniciativa de cambio. Al respecto es importante recordar las reformas que se dieron durante la llamada década perdida de los 80, en un entorno de orientación claramente liberal (Consenso de Wash.), la influencia decisiva del Presidente Ronald Reagan y de la Primer Ministro Margaret Thatcher durante la totalidad de esa década, a lo cual se agrega la caída del Muro de Berlín en 1989. El modelo previo a la crisis de 1980-82, de sustitución de importaciones, se había agotado y la realidad de la globalización requería otro enfoque, que vendría darlo la Liberalizacion Económica (LE). La Administración Monge Alvarez inició el cambio con el PAEI que mantuvieron otros presidentes, incluso a fines de la década de los 90, durante la administración de don Miguel Angel Rodríguez, con la ejecución de un préstamo del BID para intentar transformaciones del Estado que no se había realizado bajo los PAE I, II y III.

Es importante plantear varios hechos que le niegan piso a las acusaciones que se formulan bajo del mote de neoliberal: 1) el modelo LE no se implementó como se planteaba; 2) el nuevo modelo de la década de 1980 y subsiguientes fue, y sigue siendo, un híbrido del modelo LE y del modelo que lo precedió. No es, por tanto, legítimo atribuirle a cualquiera de ellos dos, los problemas o logros que se hayan realizado; y 3) no hay evidencia fáctica de que ese nuevo modelo híbrido haya generado problemas importantes de tipo económico o social. Todo lo contrario, los indicadores objetivos hacen evidente un continuo progreso en ambos campos.

Lo dicho antes tiene varias implicaciones. Primero, el gran factor de crispación social parece ser el agotamiento de nuestro Estado y la pérdida de confianza en la capacidad del sistema político para sacarnos del atolladero en que nos encontramos. Segundo, frente a una clara necesidad de cambio, es importante focalizarse en los factores subyacentes que actúan como disparadores de la crisis. El enfoque institucional individual, si se mantiene, implicará una pérdida de recursos y oportunidades, a la vez que mantiene el carácter cíclico de la crisis. Y, tercero, las bases ideológicas que se le atribuyen a la crisis no tienen sustento fáctico.

Si estas hipótesis son correctas, nuestra posibilidad de cambio está más asociada con una Política Pública valiente, que encare las causas subyacentes de la crisis; y con la voluntad social, política y civil, para enfrentar see reto. El “villano” somos todos y por tanto la solución conlleva una empresa de gran envergadura, caracterizada por las coincidencias, no por las profundas divisiones que hoy nos impiden actuar como país.

PD: en próximo editorial aportaremos las bases objetivas que dejan sin piso a las acusaciones asociadas con el “neoliberalismo”.