Ingobernabilidad, inadministrabilidad y periodismo

Eduardo carrilloEl gran obstáculo que el país encara, es la incapacidad para ejecutar proyectos de desarrollo. Hemos creado una maraña de procedimientos jurídicos y administrativos, de los cuales resultan procesos intermedios extensos y onerosos, en los que se pierden los objetivos y los resultados esperados. Es decir, donde se congela nuestras aspiraciones de desarrollo. El país reconoce que nos encontramos en un estado de ingobernabilidad, pero no tiene conciencia de que nuestro  sistema administrativo limita la capacidad del gerente público para tomar decisiones y traducir procesos en resultados. El tema surge esta mañana en el programa radial Nuestra vos, conducido por la periodista Amelia Rueda.

No sé si es parte de la ética periodística ser un medio de transmisión de opiniones diversas para que la audiencia asuma sus propias posiciones. Lo que hoy hizo la periodista fue asumir con vehemencia una posición, ante un Ministro de Gobierno, la cual involucraba una crítica genérica sobre la libertad de expresión. Se refería a la destitución de dos funcionarios, un Sr. Carlos Valverde de RECOPE y una Sra. Mónica Araya del Minae, presumiblemente por tener posiciones contrarias relacionadas con el proyecto de la Refinería chino/costarricense. En el mencionado programa, la periodista asumió una posición contundente, propia, reforzada con expresiones como “la gente no puede hablar porque pierden su trabajo”, ¿Cómo hacemos los periodistas para cumplir con nuestra función”, “no podemos pedir información porque me dicen: doña Amelia, pierdo mi trabajo“ y “ estamos haciendo un país de mudos”.

En nuestro país estamos impidiendo que la administración se lleve a cabo en forma eficaz y eficiente (ejecutar tecnología y recursos en tiempo y espacio para lograr ciertos resultados). Estamos agregando a la ingobernabilidad, la inadministrabilidad, si se me permite el término, como un obstáculo más al entrabado desarrollo, tal vez sin darnos cuenta de que al hacerlo somos parte de los problemas objeto de crítica mediática y no de las soluciones. Uno de los mayores problemas que encaran nuestros gerentes al intentar ejecutar procesos – cuyos resultados no se cumplen, o se hace en forma extemporánea y a costos muy elevados- es la dificultad de lograr del recurso humano un esfuerzo disciplinado y productivo para que los proyectos públicos concluyan con los bienes y servicios previstos, a costos razonables y en los tiempos requeridos según necesidades individuales y colectivas de la ciudadanía. La tarea del personal en los estratos tecnocráticos es focalizarse en las actividades que se le asignan para alcanzar determinadas metas. Su labor es apolítica y se centra en contribuir con equipos laborales a ejecutar una decisión tomada en el contexto de nuestra democracia, que ha pasado los filtros correspondientes. Su derecho al disenso es parte de los estilos de gestión, pero no puede ejercerlo de tal manera que impacte negativamente en equidad, eficacia y eficiencia. Es decir, que los procesos administrativos no se traduzcan en bienes y servicios públicos.

Hoy en nuestro país la gestión pública del recurso humano está minada por una serie de vicios que agregan improductividad y costo al sector público. Las incapacidades, cuya denuncia ha sido ampliamente publicitada (400 incapacitados por varios años con goce del 100% de su salario) son un ejemplo de ello. También las vacaciones excesivas que han inducido a un buen gerente (son escasos) a crear subsidiarias bajo el régimen privado para poder subsistir. Pero el principal problema surge de la inmovilidad relativa del funcionario público, condición que estimula confrontaciones con sus jerarcas y actos de indisciplina, protegidos por la impunidad. Si además se les estimula y se abre la posibilidad para actúen en el campo de la política, la impunidad será mayor, pero también las limitaciones para que nuestros gerentes puedan lograr – de nuevo, en forma oportuna y al menor costo posible – los productos de los cuales depende el desarrollo nacional. Digámoslo en forma contundente: el ámbito político debe estar vedado a los burócratas públicos en el ejercicio de sus funciones. Su obligación es ejecutar las tares que se le han asignado, sin perjuicio de procesos internos de comunicación. No es su función hacer denuncias fuera del contexto laboral y emitir opiniones contrarias a la política formalmente aprobada.

Es necesario hacer una aclaración. Hay un campo que no está vedado a ningún ciudadano. En los altos estratos de gobierno se define la política pública, de la cual dependen los destinos del país. Es legítimo para todo ciudadano, sin excepción, asumir posiciones frente a ella. El funcionario público no está excluido de este derecho. Pero una vez que la política es aprobada y conforma una decisión final, el funcionario público tiene la obligación de cumplirla. Reiteramos, en el contexto de su trabajo, su función es seguir los lineamientos que los gerentes establecen, precisamente para el cumplimiento de la política. En ese contexto, le está vedada la crítica política. Para investigación y denuncia, hay otros organismos, como la Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría. Aquí no se debe permitir la crítica política, como lo pretende la periodista, porque constituye una transgresión de su responsabilidad funcionaria. Si incurre en ella, con o sin la participación del periodista, se está violando un principio esencial de la buena administración y deberían sentarse las medidas correctivas que correspondan.

Parte del problema es que nuestra organización política nos discrimina entre la función política y la función tecnocrática. Y esto contamina todo ese estrato administrativo, donde la tarea esencial es ejecutar planes y programas, consistentes con la decisión política. El imaginario colectivo entiende  que todo se politiza, pero no hay conciencia de que ello es una falla del diseño democrático que hemos adoptado. Si en cambio tuviéramos a los políticos ocupándose de la política, posiblemente tendríamos “políticas de Estado” que tanto necesitamos y que nos daría una idea más clara del país que queremos ser. Pero esta trascendente función política no se cumple, porque, como se dice en jerga política, los ministros se han dedicado a administrar; y así lo demanda nuestro ordenamiento orgánico.

Lo que necesitamos es entender, primero, que el político tiene competencias, adquiridas en el sistema político-social, para la gestión de política pública. Y las deriva, en gran medida, de su relación con procesos y compromisos electorales, por la propia naturaleza de nuestra democracia. Sin embargo, esas competencias y la motivación política, son irrelevantes (o dañinas) para operar complejos aparatos administrativos, dígase la CCSS, el MOPT, el MEPT, el INS, el ICE, etc., donde intervienen conocimientos y tecnologías propia de la gerencia profesional. Este debería ser un estrato separado de la política (aunque interdependiente), movido por valores propios de la formación gerencial: lograr productos de calidad al menor costo posible, coherentes con principios de equidad y solidaridad que integran la Política Pública. El principio ético administrativo demanda que, una vez aprobada la política, el equipo de trabajo tiene que marchar en la misma dirección. Cada funcionario  que departa de ese camino será un obstáculo al desarrollo, actuando en contraposición a los derechos de la ciudadanía que paga su salario.

Todos parecemos concordar en el principio de que el derecho ajeno es la libertad.  Algo de esto es aplicable aquí. Las libertades políticas del funcionario público tienen un límite: el derecho de la sociedad a recibir, con características de equidad, calidad y oportunidad, los bienes y servicios derivados de la función pública, que todos pagamos.  Cada funcionario es parte de un equipo de trabajo, del cual depende en gran medida que ello ocurra. En el entorno laboral, su principal función es brindar su aporte al esfuerzo colectivo para alcanzar esas metas de desarrollo y bienestar social. Las ruedas sueltas generan caos y costos económicos y de oportunidad. En esa medida están violando su responsabilidad social. El interés colectivo no las debe permitir. Y no se trata de crear una sociedad de mudos, sino de exigir que cumplan con las responsabilidades que se le han asignado. Vivimos en una sociedad abierta, que proporciona los mecanismos para movilizarse cuando el interés colectivo así lo demanda, sin que detengamos el vehículo del desarrollo y posterguemos las necesidades de los más vulnerables.