Carretera a San Ramón: el problema es el Estado

editorialLos indicios apuntan en la misma dirección: nuestro desarrollo está atascado principalmente porque el Estado no funciona. Y, en materia de disfuncionalidad, el MOPT se las gana todas. Según se perfila a la fecha, es razonable pensar que, lo que ahora se hace llamar Propuesta Corredor Vial San José – San Ramón (PCV SJ-SR) puede realizarse en un plazo más corto, a 8 carriles hasta el aeropuerto y a 4 hasta San Ramón. El costo podría ser algo cercano a la mitad de lo que cobrada OAS y el peaje para los que recorren la totalidad del trayecto apenas ¢1200, el cual podrá bajar en el futuro si se cumple la predicción de un incremento del tráfico anual en un 2%.

Las diferencias y los costos son notables entre el proyecto público y la propuesta civil. Sin embargo, hay un aspecto mental que conviene destacar. La evidencia apunta con claridad a un colapso del sistema vial, tanto a nivel urbano como entre las distintas ciudades del país. Aunque no es posible imaginarse hoy nuestro acceso al pacífico sin la Ruta 27, es claro que esta vía (que no llega a autopista) ya colapsó. Prueba de ello que con frecuencia sólo funciona en una dirección, privando del servicio a quienes transitan en dirección opuesta. San José y el resto del GAM se han vuelto imposibles y no es extraño que la población tenga que invertir 2 o 3 horas para llegar al trabajo y regresar a sus casas. Aparte de la irritación que ello produce, está destruyendo la cohesión familiar, pues si sus cabezas invierten 40 horas de jornada laboral y cuando menos 20 horas conmutando (12 horas diarias de lunes a viernes), no queda mucho tiempo para compartir con el resto de la familia. Y, lamentablemente, ese es el patrón que se viene repitiendo en todas las principales ciudades del país.

Por ello, es difícil entender como el MOPT decidió que el trecho Manolos-San Ramón sería de dos carriles (con carril de ascenso). Y cómo ahora piensa hacer la conexión de la nueva carretera a San Carlos con C. Quesada a un solo carril. Esto es incomprensible para cualquiera que circule por nuestras carreteras o que haya visto el flujo del tráfico que pasa por C. Quesada en dirección norte, sur y este. Similares consecuencias tienen la posibilidad de hacer que esa nueva carretera desemboque en San Ramón, porque los muchos años de atraso que tiene de estar en construcción han sido insuficientes para que el MOPT haga las expropiaciones para la conexión originalmente prevista por Sifón. Y si el desvío a San Ramón se llegara a producir, una buena parte de las ventajas de la nueva carretera, se habrán perdido. Por supuesto, si ello fuera una seria posibilidad, veremos a las comunidades del norte en pie de lucha, paralizando el tráfico del Caribe, de la meseta central y del mismo San Ramón.

El país todo parece reconocer que nuestro Estado es el que nos tiene en problemas. Y lo reiteramos, porque en estos días se sigue ventilando el problema de las incapacidades, proyección de una burocracia que nos cuesta en exceso y que cada vez se vuelve menos productiva. Y eso que a nadie se le ha ocurrido verificar los horarios de trabajo, que posiblemente anden cerca de las 36 horas semanales, que de 40. Por otra parte, es posible que la administración pública tampoco tenga la capacidad para reformarse a sí misma, por más que hoy tengamos unas 4 o 5 propuestas de reforma institucional. Cálculos partidarios mediante, harán de la reforma un proceso lento en el que todos evitarán pagar el costo político. Y, de nuevo, podría ser que la población civil se tenga que organizar para forzar las reformas esenciales para nuestro desarrollo.

Nuestra democracia está siendo puesta a prueba y pareciera que sólo hay un camino para evitar situaciones en las que todos seríamos perdedores. O el Estado cambia, se vuelve más equitativo, eficaz, eficiente, con las fortalezas que sus crecientes funciones demandan; o la población encontrará una razón para imponer la solución de la calle. Este recurso se viene popularizando en la medida que el ciudadano siente que el Estado no responde a sus necesidades. Está presente en las amenazas que se repiten con frecuencia, ahora latentes en las comunidades de San Carlos con respecto a su carretera, la comunidad de Monteverde por la misma razón y los importadores de vehículos usados por las cargas fiscales, entre otras.