Las secuelas de la crisis persisten ¿Cuál será el impacto en nuestra economía?

editorialPersisten las secuelas de la crisis del 2008-2009, considerada la peor desde la depresión de 1929. La economía de EE UU seguirá creciendo lentamente, con altibajos, producto de una débil demanda (la manufactura se contrajo en mayo a su más bajo nivel desde el 2009). Los países de la UE siguen en recesión y América Latina (AL) sufre los efectos de una reducción sustantiva de sus exportaciones. La caída de los “commodities” está golpeando la economía regional, principalmente como consecuencia del menor crecimiento chino. Chile apenas se expandió en un 0,5% durante este primer trimestre; Perú, una de las economías más dinámicas, apenas creció un 2,1% en el mismo período; México ha rebajado su predicción de crecimiento a un 3,1%; Brasil sólo creció en 1,9%. Consecuencia de lo que está ocurriendo en la mayoría de los países, la predicción de crecimiento para AL en el 2013 es de sólo 2,8%.

El crecimiento de nuestro país ronda el 5%, poco menos del doble del que se espera para AL. En el pasado, un crecimiento más cercano al 7% favoreció el crecimiento del empleo y tuvo un impacto social favorable, aunque los políticos y algunos analistas no terminan de definir sus prioridades. Las tasas de empleo en AL han mejorado en 1% respecto a los niveles previos a la crisis del 2008-2009, una ganancia importante. Sin embargo, millones de latinoamericanos siguen en pobreza. Esta debería ser nuestra primera prioridad, sin perjuicio de otras medidas complementarias que mejoren la equidad. Y la vía más directa para reducir la pobreza se encuentran en el crecimiento y el empleo. En Costa Rica, la pobreza afecta a poco más de un millón de costarricenses. Por las características de una economía en la que el sector primario ha venido perdiendo su peso relativo, los grupos más vulnerables son los más difíciles de rescatar, por su baja escolaridad y el tiempo requerido para superarla. Es decir, el crecimiento de la economía ha favorecido a quienes “ya estaban bien”, y, desde su posición de confort económico, han podido lograr mejoras adicionales, en gran medida por su media y alta escolaridad consistente con la demanda de técnicos y profesionales bilingües. Es posible que, en el corto plazo, esta situación no cambie. O que empeore, si la tendencia de AL no envuelve.

¿Cómo separarnos de ella? Por fortuna, o por buena política pública, Costa Rica no es un exportador de materia prima. Los servicios y productos de alta tecnología ocupan un mayor espacio en nuestras exportaciones, lo cual nos brinda alguna protección. Altos niveles de escolaridad es la mejor ruta para reducir la pobreza y lo hacemos a través del programa avancemos. Debemos ser más agresivos en ese programa para lograr un mayor impacto, que en todo caso será de mediano y largo plazo.

Por otra parte, es evidente que el país tiene un importante rezago en su infraestructura, lo cual constituye un factor limitante de nuestra competitividad en el mundo global. Nuestras iniciativas en el plano internacional se orientan en la dirección correcta, con el acceso a la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, a la cual ha sido aceptada Costa Rica, previo el cumplimiento de algunos requisitos. Este bloque comprende un tercio de la población de AL y el 50% de su comercio. Saludable es también nuestra iniciativa para ingresar los a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fundamentalmente porque nos obliga a elevar nuestras expectativas como sociedad y como país. Y hemos sido aceptados en principio.

Sin embargo, las carencias de infraestructura demandan cantidades sustanciales de recursos y sus resultados se verán en el mediano plazo, cuando tal vez la economía mundial transite por la franca vía de la recuperación. Puede ser nuestra tabla de salvación, en lo social y en lo económico. En lo social porque generará demanda de mano de obra no calificada (reducción de la pobreza), tanto como de profesionales en diversos campos tecnológicos, especialmente si los esfuerzos se orientan al desarrollo de tecnologías innovadoras y de valor ecológico agregado.

¿Es esto posible? ¿Cuánto nos costará? Mantener el crecimiento por la vía del desarrollo de una infraestructura moderna que alimente la competitividad, depende en gran medida de la reforma institucional. Hay planteamientos serios, entre las que se destaca la propuesta de los notables. Nuestro problema será buscar una ejecución rápido de los proyectos de gran envergadura, limitantes de nuestra competitividad. Necesitamos medidas correctivas de corto plazo y alto impacto en gobernabilidad; y, tal vez, prepararnos para una reforma más de fondo que nos permita superar las deficiencias constitucionales que venimos arrastrando desde 1871.

Lo segundo es el acceso a los recursos. Es necesario en esto, que el país reconozca que somos pobres por disposición y no por carencias.  Por una parte, la reforma institucional debería producir economías que hemos estimado conservadoramente en unos $4000 millones por año, el costo de la ineficiencia. Pero, por otra, parece existir una perniciosa e intencional ceguera de otros recursos que tiene el país. Se trata de unos $15 mil millones que se encuentran en reservas laborales, tales como los fondos de pensiones, cooperativos, solidaristas, entre otros. Seguro que hay reservas también generadas por otras instituciones estatales, como INS y los bancos. Todos estos fondos necesitan fuentes de inversión segura y pueden ser canalizados para el desarrollo de infraestructura, tal vez al punto de constituirse en un motor de innovación y liderazgo internacional en la aplicación de nuevas tecnologías limpias.

Por tanto, tenemos sustanciales necesidades (infraestructura), pero también los recursos, en especial, humanos y económicos, para mantener la competitividad y proteger el empleo como fuente principal de lucha contra la pobreza. Nos falta una política pública ambiciosa e imaginativa, que nos proporcione la ruta de navegación hacia esos niveles de desarrollo posible y que inyecte a la economía inversiones sostenidas por montos que pueden rondar los $1500 a $2000 millones por año en forma sostenida.